El jueves 30 de agosto de 2018 se interpusieron demandas civiles en tribunales de Israel y Chipre en contra de NSO Group y empresas afiliadas, debido a su negligencia y complicidad en el espionaje perpetrado con el malware Pegasus –comercializado por dichas compañías– en contra de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos en México.
Más de 20 personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas –entre ellos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa– fueron objeto de ataques con el malware Pegasus, el cual es comercializado exclusivamente a gobiernos. En México, se tiene como único cliente documentado a la Procuraduría General de la República, dependencia que reconocido públicamente dicha compra.
“A más de un año de las revelaciones del caso #GobiernoEspía, no existen indicios de que NSO Group y sus afiliadas hayan dejado de prestar sus servicios a gobiernos con un historial comprobado de violaciones a derechos humanos y corrupción, como el mexicano. Por el contrario, en fechas recientes han sido descubiertos nuevos casos de espionaje a trabajadores de Amnistía Internacional y a periodistas y defensores de derechos humanos en Medio Oriente, lo cual demuestra un patrón de negligencia de NSO Group frente a los abusos cometidos por sus clientes utilizando la infraestructura y servicios provistos por la empresa”, denunciaron organizaciones mexicanas, quienes agregaron que NSO Group no ha mostrado interés en colaborar de forma alguna con las investigaciones oficiales en curso.
Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas mexicanos se sumaron a las demandas interpuestas con el objetivo de: 1) que cese la prestación de los servicios de NSO Group; 2) asegurarse que la empresa rinda cuentas por su complicidad en los abusos del gobierno mexicano; y 3) que la información derivada de dicho proceso pueda contribuir para evitar que los funcionarios mexicanos responsables eludan la acción de la justicia, como hasta la fecha ha sucedido debido a la falta de capacidad y voluntad de la PGR de investigarse a sí misma.
“Recordamos que el Gobierno Federal saliente ha mantenido impune el caso, encubriendo la Procuraduría General de la República a los funcionarios responsables. Siendo claro que en los meses restantes esta impunidad difícilmente será revertida, hacemos un llamado a que el próximo gobierno retome la investigación del caso, incluso mediante la incorporación de un panel de expertas y expertos independientes que dé garantías de imparcialidad y solidez técnica a la investigación, como lo han recomendado reiteradamente organismos internacionales de derechos humanos”, finalizaron las organizaciones.