La líder indígena y activista triqui, Emelia Ortiz García, denunció un nuevo acto de intimidación tras el allanamiento de su vivienda, donde le sustrajeron documentos personales y pruebas de casos de violencia. La defensora, con medidas cautelares, responsabiliza al grupo MULTI y exige protección ante la creciente persecución.
Comunidades Me’phaa en Tilapa, Guerrero, denunció el incumplimiento de la Secretaría General de Gobierno en la compra de 600 hectáreas para reubicar a 150 familias afectadas por huracanes. Exigen acción inmediata ante el riesgo de deslaves y años de abandono.
La Comunidad Indígena de Santa María Tacuro, en Chilchota, Michoacán, denunció actos violentos durante una asamblea para administrar recursos federales del FAISPIAM.
