A 18 años de la masacre en Viejo Velasco, las víctimas y sus familias continúan exigiendo justicia. A pesar de la impunidad que persiste, organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la responsabilidad del Estado mexicano en este crimen de lesa humanidad, que forma parte de un patrón de violencia sistemática contra los pueblos originarios de Chiapas.
El ejido de Carrizalillo, en Guerrero, mantiene un campamento en defensa de sus tierras tras el retiro unilateral de Equinox Gold. Denuncian simulación en la negociación, amenazas y violaciones a sus derechos colectivos, laborales y ambientales.
Durante la IX Cumbre de la CELAC en Honduras, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso una Cumbre por el Bienestar Económico de América Latina y el Caribe, enfocada en la integración económica regional basada en la prosperidad compartida, la soberanía y el desarrollo sostenible.
La LXIV Legislatura alinea el Código Penal con la SCJN y tratados internacionales, garantizando autonomía reproductiva y protegiendo a víctimas de violencia.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) denunció la persistencia de desapariciones forzadas en México, con más de 127 mil casos a nivel nacional. Exigen justicia para la familia Guzmán Cruz y 25 víctimas de pueblos originarios, en un contexto de impunidad sistemática.