En el marco del Día Mundial del Agua, organizaciones de la campaña #OaxacaSinChatarra realizaron una acción pública frente a Palacio de Gobierno para denunciar los daños a la salud y al medio ambiente causados por las grandes corporaciones de bebidas azucaradas.
El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz anunció que la presa, con una inversión de 4,600 millones de pesos, garantizará mil litros de agua por segundo para 641 mil oaxaqueños. Sin embargo, organizaciones civiles exigen transparencia y participación ciudadana ante posibles impactos ambientales y sociales.
Cristino Castro Perea, defensor comunitario y ambientalista de 63 años, fue asesinado el 28 de febrero de 2025 en Santiago Astata, Oaxaca. Su lucha por la defensa del territorio chontal contra intereses hoteleros lo convirtió en un símbolo de resistencia.
La saxofonista, sobreviviente de intento de feminicidio con ácido, sorprendió en la inauguración de la carretera Mitla-Tehuantepec con una declaración que impactó a la opinión pública y a las comunidades de la región.
Con el proyecto impulsado por Yerid López Barrera y el CIESAS Pacífico Sur, mujeres mixtecas reflexionan sobre sus experiencias como autoridades comunitarias en los municipios más pobres de Oaxaca, promoviendo igualdad y cambios estructurales desde la comunicación y prácticas socio-artísticas.
Líderes y comunidades del Sur Global se reúnen en Oaxaca para denunciar la militarización, los megaproyectos y la inacción gubernamental ante la crisis climática, proponiendo una red global de resistencia y un calendario de lucha colectiva hacia la COP30 en Brasil.
Amnistía Internacional exige al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, emprender acciones inmediatas y asignar recursos para localizar con vida a Sandra Domínguez, abogada indígena y defensora de derechos humanos, desaparecida junto a su esposo el 4 de octubre en San Juan Cotzocón.
Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcharon en la Ciudad de México para exigir la presentación con vida de sus hijos y denunciar la falta de avances en la investigación. Señalaron la negativa de la Sedena a entregar documentos clave y reiteraron que el caso es un crimen de Estado.
