Sujetos encapuchados irrumpieron las oficinas del Consejo Electoral de Huajolotitlán-Oaxaca y prender fuego a 10 cajas con actas electorales de las pasadas votaciones del 2 de junio del 2024 que se encontraban resguardados para su conteo voto por voto.
Frente a los incendios forestales en Oaxaca, “la respuesta de las autoridades estatales y federales ha sido tardía", denunció la Plataforma de Derechos Humanos mediante un comunicado.
Este lunes, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), realizaron un bloqueo en el Eje Central y Juárez de la CDMX, a tres años del desplazamiento de 144 familias de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca.
Tres miembros de la comunidad Mazateca en Eloxochitlán de Flores Magón son detenidos ilegalmente por individuos armados vestidos de civiles, generando alarma y movilizaciones en la comunidad y llamados urgentes al gobierno para su liberación inmediata.
La SCJN invalidó las disposiciones de los estados Jalisco, Oaxaca y México que impedían a menores de edad el acceder a los procedimientos para la rectificación de sus actas de nacimiento.
Soledad Jarquín Édgar, defensora de derechos humanos, acudió a la sede de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) para presentar formal denuncia contra el Estado Mexicano por la impunidad en el feminicidio de su hija María del Sol.
La líder indígena y activista triqui, Emelia Ortiz García, denunció un nuevo acto de intimidación tras el allanamiento de su vivienda, donde le sustrajeron documentos personales y pruebas de casos de violencia. La defensora, con medidas cautelares, responsabiliza al grupo MULTI y exige protección ante la creciente persecución.
Comunidades Me’phaa en Tilapa, Guerrero, denunció el incumplimiento de la Secretaría General de Gobierno en la compra de 600 hectáreas para reubicar a 150 familias afectadas por huracanes. Exigen acción inmediata ante el riesgo de deslaves y años de abandono.
La Comunidad Indígena de Santa María Tacuro, en Chilchota, Michoacán, denunció actos violentos durante una asamblea para administrar recursos federales del FAISPIAM.
