Indígenas Tepehuanos y wixárikas de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán en Villa Guerrero, Jalisco, han cuidado y defendido su territorio por casi tres siglos; sin embargo, en las últimas décadas, terratenientes y ganaderos apoyados por autoridades municipales y estatales de Jalisco, les están arrebatando lo que por derecho les corresponde.
Texto y fotografías: Mario Marlo / @Mariomarlo
Eran cerca de las 13 horas del jueves 19 de abril del 2018, Catarino Aguilar Márquez, concejal de la comunidad tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, llegaba a la delegación de Temastián, municipio de Totatiche, luego de dejar a sus hijos en la escuela de Villa Guerrero. Minutos más tarde un comando armado, abordo de una camioneta Toyota Hilux doble cabina, lo amagó y subió al vehículo, junto con Noé Aguilar Rojas, comunero de la misma localidad y hermano del concejal Gabriel Aguilar Rojas.
“Nosotros estábamos sentados en Temastián, estábamos en el mercado cuando de pronto llegaron nos señalaron y apuntando nos dijeron -camínenle pa´ca- nosotros no nos resistimos y caminamos.”
En el recuerdo de Noé y Catarino, está presente la escena donde permanecían tirados en la camioneta, con el rostro cubierto y sintiendo un pie que presionaba sus cabezas: “No veíamos nada, solo recuerdo estar en esa posición como media hora, hasta que nos bajaron para subirnos a otro vehículo y llevarnos a otra parte.”; relata Noé.
Sin saber dónde estaban y con las manos esposadas, los dos comuneros estuvieron retenidos 24 horas:
“A mí me dieron algunos golpes, pero no me preguntaban nada. Fue a Catarino a quien golpeaban y decían: -¿Tú eres el famoso tepehuano?-, eso fue todo lo que alcance a escuchar porque después nos separaron. Lo que más recuerdo es el dolor que me causaban las esposas.”
Fue hasta las 12 de la tarde del siguiente día, cuando los comuneros fueron liberados en la carretera a Bolaños. Luego de caminar hasta un crucero de Patáhuac, lograron comunicarse con Ramiro Reyes, comisario de Azqueltán y sus compañeros, quienes desde su desaparición mantenían brigadas de búsqueda para localizarlos.
No obstante, su odisea no terminaría ahí. Al pasar por Temastián, agentes de la Fiscalía General de Jalisco retuvieron a Catarino y Noé para llevarlos, sin su consentimiento, ante el Ministerio Público en Villa Guerrero. En lugar de ofrecerles apoyo médico y psicológico; ambos fueron interrogados sin la presencia de un abogado.
La libertad de Noé y Catarino, no sería un hecho hasta la noche del viernes 20 de abril cuando llegaron a San Lorenzo Azqueltán en donde familiares, y la comunidad, ya los esperaban.
SAN LORENZO AZQUELTÁN, UNIÓN DE DOS CULTURAS
La comunidad de San Lorenzo Azqueltán, ubicada en el municipio de Villa Guerrero, se caracteriza por estar constituida por dos pueblos indígenas: los tepehuanos y wixáritari, quienes conviven y luchan por la restitución de 45 mil de las 94 mil 400 hectáreas que les pertenecen, según un título virreinal otorgado por la corona española, desde de 1733. Este territorio es básicamente todo el municipio de Villa Guerrero.
Años más tarde, en 1940, cronistas de la comunidad detallaron que indígenas wixáritari originarios de San Sebastián Teponahuaxtlán y Santa Catarina Cuexcomatitlán, se asentaron en un rancho, propiedad de un tepehuano. Sin embargo, no fue hasta 1974, al firmar un acuerdo con la asamblea de Azqueltán, que se acordó que los wixáritari vivirían en las localidades de la comunidad tepehuanas, lo cual propició que San Lorenzo Azqueltán fuese constituido como una comunidad integrada por dos pueblos indígenas.
A partir de ello y durante más de dos siglos, la comunidad de San Lorenzo Azqueltán se enfrentaría a situaciones de despojo. El asentamiento de personas mestizas y ganaderos generarían conflictos tras apropiarse de predios pertenecientes a las tierras comunales, pero no sólo su presencia también generaría, entre ellos, amenazas de muerte y desapariciones.
En 1955, San Lorenzo Azqueltán buscó realizar su trámite para que, la entonces Comisión Agraria Mixta, les restituyera su territorio. La Comisión no se los otorgó debido a que no contaban con la titulación y deslinde de bienes comunales, ni habían acreditado la fecha y la forma en que fueron despojados. Hecho que ocasionó que, hasta la fecha, los comuneros de San Lorenzo Azqueltan no se les reconozca de ser dueños de las 94 mil 400 hectáreas que comprende su territorio.
Lo anterior se complicó aún más tanto con el reparto agrario iniciado en 1915 tras la Revolución Mexicana como con la aparición de la figura del ejido, misma ofrecía la oportunidad de entregar la titulación parcelaria de las tierras a los propietarios sin título, lo cual fue aprovechado por algunos comuneros tepehuanos que decidieron convertirse en ejidatarios y terratenientes, en su mayoría ganaderos. Éstos fueron apoyados por las autoridades municipales, así que aprovecharon la oportunidad e invadieron territorio comunal para convertirlo en ejidos.
Quetzal Prado Meza, abogada de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), explicó en entrevista que el conflicto escaló, ya que los ejidatarios, comenzaron a vender u ocupar territorio comunal, con la idea de que por contar con un título de propiedad, ellos podían hacerlo:
“Los ejidatarios no entendieron que ellos solo tienen derecho sobre su ejido, si quieren vender lo pueden hacer, pero solo lo que les corresponde”.
Este acontecimiento generó que en la comunidad existieran nuevas figuras jurídicas:
Los comuneros, indígenas tepehuanos y wixáritari que luchan por la restitución de su territorio.
Ejidatarios, figuras no consideradas indígenas. Son ganaderos y terratenientes, la mayoría no vive en la comunidad.
Avecindados, habitantes que cuentan con el título de una casa o terreno, descendientes de tepehuanos.
En el año de 2015, la comunidad indígena de San Lorenzo de Azqueltán inició un juicio de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC), para buscar el reconocimiento legal de su territorio. A casi cuatro años aún no hay resolución para los procesos agrarios ni se ha deslindado la tierra ejidal y, mucho menos, se ha dado solución al juicio promovido por la comunidad indígena, lo que ha provocado confusión en la población, al no existir certeza legal sobre la repartición de las tierras comunales y ejidatarias.
LA LUCHA POR SU TERRITORIO
Para la abogada, Quetzal Prado Meza, la incapacidad del Estado Mexicano para otorgar certeza jurídica a los pueblos es la raíz del conflicto que se vive en San Lorenzo de Azqueltán y en muchos lugares en México. La abogada no se explica cómo es posible que la entonces Comisión Agraria Mixta no haya podido resolver, durante 20 años, la titulación y deslinde de bienes comunales a un pueblo indígena que cuenta con un título virreinal de 1733. Situación que ha desatado en los últimos años un conflicto social en la comunidad.
“Lo que inició como un problema agrario ha escalado a enfrentamientos entre los habitantes: racismo, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, desapariciones y un sin número de violaciones a los derechos indígenas por parte de autoridades municipales y estatales”, precisó.
Por estos motivos, en el mes de septiembre de 2018, organizaciones nacionales e internacionales realizaron una segunda Misión de Observación a la comunidad a San Lorenzo Azqueltán con el objetivo de documentar las violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas tepehuanas y wixárikas, por parte de ejidatarios y autoridades municipales.
En su visita, la Misión destacó que ante la falta de definición agraria y la carente información, que permita aclarar los derechos y obligaciones de ejidatarios y comuneros indígenas, se ha generado un clima de incertidumbre jurídica. Una causa de la conflictividad social que se vive en Azqueltán.
A lo anterior se suma la negligencia por parte de las distintas instancias de gobierno, al ser omisas en el reconocimiento de los derechos como pueblo indígena de la comunidad de hecho y de derecho. El resultado: la implementación de proyectos de desarrollo en territorio comunitario sin la consulta previa, libre e informada a la que tiene derecho la población indígena.
Hasta el momento, existen 15 denuncias penales por el delito de despojo, las cuales ya conforman carpetas de investigación en la agencia del Ministerio Público del municipio de Villa Guerrero.
En los archivos existe dilación de la justicia al no investigarse las agresiones y lesiones graves que han sufrido los comuneros (46/2018), ni los intentos de homicidio señalados en la investigación 329/2017 y 484/2018; pese a que, incluso, la policía municipal ha sido testigo de los hechos denunciados. Esto ha generado en las dos partes un clima de impunidad.
Como resultado de la Misión, el entonces gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, recibió a la Misión de Observación, a los representantes de la Asamblea Comunal de San Lorenzo Azqueltán y al presidente municipal de Villa Guerrero, Aldo Gamboa, quien es acusado de apoyar a los ganaderos en la invasión de tierras comunales; esa reunión el ex titular del ejecutivo se comprometió a intervenir para darle solución al conflicto. El priísta dejó el puesto y el conflicto sigue latente.
RUMBO A LA AUTONOMÍA
En el año de 2013, en asamblea, la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, acompañados de los consejos de las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y Santa Catarina Cuexcomatitlán, firmaron el acta donde se declararon como una comunidad indígena autónoma; no obstante, la Comisión Estatal Indígena de Jalisco no la reconoció como tal hasta noviembre de 2015.
Desde entonces, los tepehuanos y wixáritari han reforzado su proceso interno para recuperar sus tradiciones, cultura y las 94 mil 400 hectáreas que les fueron despojadas.
