Montaña: manantial de la resistencia, torbellino de esperanza
En nuestro país, a lo largo de este sexenio que agoniza, el clamor por la justicia y la verdad cobró una gran fuerza con el movimiento de familiares de personas desaparecidas, que se transformó en el motor del cambio y en el torbellino de la esperanza. La búsqueda por los seres queridos se erigió en el gran tema de una sociedad agraviada. Porque es una herida que atraviesa al país entero, que nos lastima a todas y a todos, porque trunca de tajo la posibilidad de alcanzar la paz con justicia y dignidad.
Fueron padres de familia que trabajan en el campo y en las periferias de las ciudades, y madres, varias de ellas solteras, quienes además de atender sus actividades domésticas, se las ingenian para obtener algún ingreso en su comunidad o colonia. Ellos y ellas, sin tener un rol político o liderazgo social relevante han sido el referente nacional marcado por el dolor y la indignación. Nunca hubiéramos imaginado que nuestro país se transformaría en una gran fosa donde yacen cuerpos de personas no identificadas. Tampoco creeríamos que este sexenio sería más violento que el de Felipe Calderón, quien declaró la “Guerra contra el narcotráfico” y puso en las calles al Ejército y la Marina. En las postrimerías de estas administraciones estamos padeciendo los saldos sangrientos de poder presidencial sumido en la corrupción y atrapado en las redes de la macrocriminalidad.
El empecinamiento del ejecutivo federal de mantener a cualquier costo político, la versión de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, ha desencadenado una gran irritación social por el discurso simulador y la palabra hueca de un poder decrépito. Esta postura autoritaria e insensible ha generado un ambiente sórdido, pendenciero y violento. Ya no hay confianza en las autoridades ni en las instituciones. Se ha dejado crecer la enredadera del crimen organizado abandonando a su suerte a la población que lucha diariamente por su sobrevivencia.
La valentía de los familiares y su lucha heroica, en la que va de por medio su vida, han sido el antídoto para abrir el caparazón de un aparato de justicia hermético capturado por los intereses de la economía criminal. Las y los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) en lugar de colocarse del lado de las víctimas se han vuelto contra ellas. Han ignorado sus planteamientos y se han empeñado en hacer más cruento su sufrimiento. Los mismos titulares de la PGR filtran información para denigrar la imagen de los desaparecidos. La finalidad es desviar la atención y encubrir a los actores estatales que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Hay normas no escritas que se cumplen a pie juntillas dentro de este sistema opaco, que brinda protección a los miembros del Ejército, la Marina y Policías Federales que se encuentran involucrados en estos crímenes atroces.
En nuestro país se ha resquebrajado el estado de derecho, y como sociedad se nos ha colocado en el umbral de la barbarie, ante el desbordamiento de la violencia protagonizada por organizaciones criminales, que actúan bajo el amparo del aparato de seguridad del Estado. Estamos en una encrucijada política, que si atiende el clamor de la sociedad, puede desmontar un régimen que ha sucumbido ante el poder multinacional del crimen y que ha desencadenado esta espiral de la violencia.
Fue en este periodo en que Valentina Rosendo Cantú, logró con muchas lágrimas y esfuerzos que una juez sentenciara a dos militares por su responsabilidad de la violación y tortura sexual infringida. Pudo más su persistencia y su valentía para demostrar a nivel internacional y nacional que la verdad estaba de su lado. Es la primera vez que se logra en nuestro país, que dos militares sean sentenciados en el fuero civil.
La criminalización de los defensores comunitarios es un problema que se ha extendido en nuestro país. En Guerrero, se persigue y encarcela a indígenas y campesinos que se organizan para defender sus territorios. El caso del CECOP es un ejemplo de este patrón de criminalización que desde hace 15 años el Gobierno Federal sigue empeñado en construir la presa hidroeléctrica la Parota. Ante la férrea oposición de los miembros del CECOP las autoridades estatales se han encargado de dividir a los campesinos, de alentar la confrontación comunitaria y de llegar al extremo de provocar enfrentamientos entre los grupos atizados por empresarios gravilleros y operadores políticos del gobierno del estado. Hoy 25 miembros del CECOP enfrentan procesos penales y su líder Marco Antonio Suastegui, está siendo señalado como el principal instigador de los hechos de violencia del 7 de enero en la comunidad de la Concepción, municipio de Acapulco. La defensa jurídica de los 25 campesinos nos ha llevado a enfrentar a todo el aparato de justicia y seguridad del estado que han recibido línea del ejecutivo estatal para que se mantenga en la cárcel a su líder histórico por consigna política.
La firme convicción de defender los derechos del pueblo ha llevado a que varios compañeros de la Policía comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso enfrentaran procesos penales dentro de la cárcel. Fueron acusados de secuestradores solo por cumplir el mandato del pueblo de brindar seguridad y desmantelar los grupos de la delincuencia. Cuando las autoridades del Estado encargadas de la seguridad y de la investigación de los delitos constatan que existe un movimiento de pueblos decidido a arrancar de raíz a la delincuencia común y organizada, focalizan su trabajo en neutralizar a los grupos de la Policía Comunitaria y a fabricar pruebas contra los líderes más visibles. El caso de Arturo Campos Herrera es muy ilustrativo porque supuestamente fue autor de más de cuarenta secuestros y ninguna de las personas agraviadas lo señaló como el autor de estos hechos denunciados. En todos los careos que tuvo pudo demostrar su inocencia, sin embargo, la Fiscalía se empeñó en confinarlo en cárceles de máxima seguridad. En este informe damos cuenta de esta lucha legal ganada a pulso, demostrando que Arturo Campos es un defensor de los derechos del pueblo.
La defensa del territorio en la Montaña se da en la organización de los núcleos agrarios y con la fuerza de sus asambleas. Lo inédito de su lucha es que también han acudido a los tribunales federales para salvaguardar sus derechos. San Miguel del Progreso, es el emblema de una defensa impecable que nació desde el corazón del pueblo, donde decidieron declararles la guerra a las mineras y al mismo gobierno federal por apropiarse de territorios que no son de su propiedad sin consultarlos y sin reconocerlos como pueblo indígena que poseen la titularidad de sus tierras. Con ese ímpetu que les caracteriza ganaron el segundo amparo contra la declaratoria de libertad de terrenos emitida por la secretaria de economía y está en alerta para no permitir una decisión judicial que violente sus derechos, Júba Wajiín, es como el rayo de la montaña que relampaguea y se incrusta en el clúster minero.
Presentamos con mucho pesar el caso de Ranferi Hernández, un luchador social de larga trayectoria que se enfrentó a los caciques del Estado, que denunció los crímenes como la matanza de 17 campesinos de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez y 11 indígenas tu’un savi de El Charco municipio de Ayutla de los Libres. En este ambiente de descomposición social y política Ranferi Hernández fue torturado, asesinado, su cuerpo incinerado junto con el de su esposa Lucía Hernández Dircio, su suegra Juana Dircio, una señora de 94 años y su amigo Antonio Pineda quien manejaba el vehículo. Es un crimen que forma parte de las historias atroces que las autoridades han dejado en la impunidad. Hasta la fecha no existen indicios sobre el móvil del crimen y los responsables materiales e intelectuales.
La lucha que han dado las mujeres de la Montaña ha sido heroica y muy dolorosa porque la cultura patriarcal que se reproduce en la comunidad y en las mismas instituciones de Gobierno se ha empeñado en acallarlas y subyugarlas. A pesar de correr los riesgos de enfrentar situaciones extremas de perder la vida, muchas de ellas apelan a los recursos jurídicos para librarse del flagelo de la violencia de sus parejas. Han encontrado indiferencia e insensibilidad tanto de la agente del Ministerio público como de algunas juezas que siguen reproduciendo visiones misóginas y discriminatorias que revictimizan y colocan en estado de mayor indefensión a las mujeres que se han rebelado. Son preocupantes los casos de feminicidios que se han consumados en varias comunidades indígenas y que son producto de esta inacción de las autoridades que no dimensionan el problema de la violencia institucionalizada y del total abandono en que se encuentran las mujeres. A pesar de la Alerta de Violencia de Género contra la mujer (AVGM) en nuestro estado las mujeres no han encontrado ningún recurso eficaz para poner un alto a los feminicidios.
La lucha de los pueblos contra la militarización se libra en los lugares más apartados como en Juquila Yucucani, donde el Ejército arremetió contra las mujeres indígenas criminalizando su pobreza ¿que pueden esperar estos pueblos con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior? La reforma educativa para los pueblos de la Montaña se ha traducido en menos escuelas y en menos maestros. No hay presupuesto para abatir el analfabetismo y más bien, los burócratas de la educación siguen con el cuento de que la reforma es para garantizar una educación de calidad, es decir, reprobar a los niños y maestros de la Montaña para excluirlos del sistema educativo porque son los sectores sociales que desecha este sistema.
Un tema que nunca hemos dejado de documentar es de los jornaleros y jornaleras agrícolas, que conforman la población más vulnerable de la Montaña son los pobres entre los pobres, los “sin tierra”, que se han visto obligados a vivir por más de seis meses fuera de su comunidad, ante la imposibilidad de lograr el sustento dentro de su núcleo agrario. Estas familias tienen que salir con sus hijos a trabajar para reproducir un sistema semi esclavista que condena a estos trabajadores a la sobreexplotación de su fuerza de trabajo. En el surco nacen, crecen y mueren niños, jóvenes, mujeres y ancianos porque para el gobierno no representan una población que les genere costos políticos. Los pocos programas que existían se cancelaron y el raquítico presupuesto que se autorizaba para la población jornalera lo desaparecieron de un plumazo. Cada año mueren más jornaleros agrícolas en los campos, se registran más accidentes de niños y de muertes maternas. Ninguna autoridad se encarga de atender estos casos que estadísticamente no existen.
