A más de 14 años de lucha contra la presa El Zapotillo, las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que se encuentran amenazadas de quedar bajo el agua por este megaproyecto, pudieron ingresar a la presa El Zapotillo para inspeccionar la situación en la que se encuentra y conocer por parte de autoridades federales, cómo se han gastado más de 500 millones de pesos que el Gobierno Federal destinó para este megaproyecto en los años 2019 y 2020.
Texto y fotografías: Mario Marlo/@Mariomarlo
Durante su visita, pobladores, especialistas y periodistas observaron las siete acciones de mantenimiento que se le realizan a la presa El Zapotillo, que contrario a lo que ha declarado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno Federal, se realizan para proteger al megaproyecto y no para proteger a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Según lo detallado por el Director de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico y representante de la Conagua, José Luis Acosta, durante la visita de inspección realizada esta mañana por las comunidades afectadas por el megaproyecto, las siete obras de protección emprendidas por la dependencia federal están enfocadas a proteger a la cortina en caso de una “venida”, que antes de llegar a la presa, inundaría las comunidades.
Tan sólo el año pasado, explicó José Luis Acosta, se le inyectaron 150 millones de pesos para construir dos presas tipo SABO, esto para evitar que sólidos arrastrados por la corriente, tapen la obturación de desvío.
Otras de las obras realizadas son: la reparación y refinamiento de las paredes de la presa para evitar que haya derrumbes; protección a los escalones de la cortina para evitar erosión y la construcción de un tanque amortiguador para que en caso de que haya una “venida”, el agua que pase sea amortiguada y se proteja la obra, así como a las comunidades río abajo.
Por ello, de los más de 500 millones de pesos que el Gobierno federal destinó en 2019 y 2020 sólo se están invirtiendo para perfilar una presa de 80 metros.
Durante la visita de inspección, el Director de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico, José Luis Acosta, explicó que la probabilidad de que suceda este caso extraordinario es de 1/10000, lo que significa que la posibilidad de que el embalse se llene por accidente y sobre pase la cortina es una vez en 10 mil años.
Para eliminar esa posibilidad, la Conagua, decidió tomar medidas para proteger a las comunidades río abajo y para que el megaproyecto no salga afectado, pero dejando a Temacapulín, Acasico y Palmarejo expuestas a la inundación.
Para Javier Clausen, maestro del ITESO y especialista en agua subterránea, lo que está haciendo la Conagua es encaminar los trabajos para que la presa pueda operar a 80 metros.
“Es un atraso de 15 años, se tendría que haber planeado la cuenca y hacer una evaluación de impacto, de consecuencias, costos y alternativas… el embalse es lo más grave, no la presa, no se considera como el embalse va a afectar y a quienes va afectar”.
El investigador que también realizó el recorrido junto con los habitantes de las comunidades afectadas, destacó que lo que está haciendo la Conagua y el Gobierno Federal es invertir mucho para que no se fracture, no se erosione; es decir, están realizando obras para detener materia orgánica para que no se tapen los túneles dejando a las comunidades desprotegidas.
“Hay una inversión muy grande para cuidar la obra y el caso hipotético de que se llene en una sucesión de venidas muy grandes, pero no se ha hecho nada para comunicar y proteger a las comunidades que se quedarían abajo del agua.”
Al respecto, María González Valencia del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), explicó en entrevista que la visita de inspección comunitaria representó para las comunidades una oportunidad de auditar el estatus de la obra, cómo se está ejerciendo el presupuesto, así como la revision del plan de seguimiento y las condiciones de seguridad.
“Lo que pudimos constatar fue un grave impacto y deterioro ambiental de la cuenca del río Verde, una gran inversión en obras de mantenimiento para el cuidado de la presa, pero no para salvaguardar la seguridad de las personas y las comunidades.”
María González resaltó que lo que más preocupó a las comunidades y especialistas fue verificar que con el pretexto del mantenimiento y seguridad, se ha adaptado la presa para su funcionamiento a 80 metros.
“Es muy preocupante, ya que lo pueden tomar de pretexto para seguir insistiendo en que la obra opere, pues aunque faltan otros elementos, el vertedor podría estar casi listo.”
La visita de inspección a la presa, tuvo como objetivos conocer en qué se está utilizando el dinero que el Gobierno Federal otorgó en el 2019 y 2020, así como también permitir que las autoridades explicaran cuáles son los riesgos que representa la presa para las comunidades y la región; al respecto, la Conagua explicó los trabajos realizados y en qué se ha gastado los más de 500 millones de pesos que recientemente se han invertido en el megaproyecto que pretende traer agua a las zonas metropolitanas de León y Guadalajara.
