En 2018 recibió 13 denuncias de casos de tortura a integrantes de pueblos originarios: 6 tseltales, 6 tsoltiles y un chol, quienes se encuentran en prisión.
El Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG), a través de la organización “No estamos todxs”, informó de la liberación de Diego López Méndez este lunes, quien fuera torturado por policías municipales para autoinculparse del delito de homicidio, que lo llevara a pasar 6 años y 8 meses en prisión.
López Méndez, indígena tseltal, fue detenido el 18 de Julio de 2012 saliendo de su trabajo en San Cristóbal de las Casas. La familia, organizaciones como “No estamos todxs”, el Comité de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el grupo “Solidarios de la Voz del Amate” argumentaron que Diego fue torturado y extorsionado por fuerzas judicial del Estado antes de ser encarcelado en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados 14 “El Amate”.
A través del CNI, Diego agradeció a todos y todas las personas quienes lo acompañaron en su lucha. Además, en el Facebook del Comité Frayba, subió un vídeo dirigido a sus compañeros.
#DiegoLibre Diego López Méndez agradece la solidaridad para obtener su libertad y llama a continuar la exigencia de justicia.#ContraLaTorturaOMCT Red TDT @ACAT France
Posted by Frayba Derechos Humanos on Tuesday, March 12, 2019
Tras casi 7 años de permanecer encerrado, Diego salió libre este lunes a las 16:30 horas debido a que le otorgaron la absolución del delito. Sin embargo, las organizaciones y el propio agraviado seguirán con un procedimiento para pedir sean detenidos los causantes de su tortura y se implementen las medidas resarcitivas.
“Diego es libre, donde Diego puede regresar con su familia y construir la vida que se merece” informó el CNI y el CIG por medio de un comunicado.
Cabe señalar, que existen más casos de indígenas detenidos ilegalmente y torturados llenan las cárceles por decenas. Muchos, sin sentencias. Un patrón documentado por organizaciones humanitarias. En la próxima sesión del Comité Contra la Tortura de la ONU, el gobierno mexicano deberá responder por estas prácticas, plantear políticas públicas para erradicarlas, y acciones para reparar el daño cometido.