Hace más de 8 años la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/65/29 en la cual expresaba su preocupación sobre esta problemática que afecta a varias regiones del mundo y por lo cual decidió señalar el 30 de agosto a las víctimas de desaparición forzada. Esta resolución, retoma el derecho a la verdad y resalta su importancia, principalmente, en los casos de desaparición forzada al señalar los elementos esenciales que enmarcan a este derecho que van desde conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, así como también conocer la evolución de la investigación, los responsables de los hechos y la suerte de la persona desaparecida.
Es este mismo derecho el que desde hace casi 4 años reclaman y exigen las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero y al cual no sólo no han respondido las autoridades mexicanas, si no que continúan vulnerando. El pasado miércoles en la red social Twitter, el presidente de la república Enrique Peña Nieto subió un spot relacionado con su sexto informe de gobierno en el cual una vez más insiste en la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República y llama a las madres y padres a “aceptar” que sus hijos fueron incinerados por el crimen organizado.
Enrique Peña Nieto desacredita con esta declaración lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Tribunal Primer Colegiado de Circuito en Tamaulipas.
Como recordarán el GIEI y el EAAF después de los estudios científicos realizados a la evidencia encontrada en el basurero de Cocula concluyeron que no se produjo un fuego capaz de quemar 43 cuerpos, los días 26 y 27 de septiembre, por su parte la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y el Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas establecieron que las personas que confesaron haber incinerado a los estudiantes fueron torturados, por lo que ellos dijeron lo que la PGR quiso. La conclusión de todos refiere que es necesario continuar con la investigación hasta agotar todas las líneas, para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.
Con esta declaración el presidente de la república expresa públicamente la negativa del Estado mexicano de cumplir lo señalado en las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Además, busca minimizar una vez más la desaparición forzada de los 43 normalistas y quitar la responsabilidad que las autoridades mexicanas, de los distintos órdenes de gobierno, tienen y que ha sido señalada por múltiples instancias. Se busca limpiar la mancha de sangre que ha marcado su sexenio y presentar el caso sólo como una problemática de seguridad y no como una práctica sistemática que se da en todo el país, y que en el estado de Guerrero se vive desde la época de los años setentas.
Esta declaración, toma mayor preocupación al realizarse un día antes del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas pues de forma indolente y agresiva se dirige a la población en general y a las madres y padres, para culpabilizarlos por no aceptar una teoría sin sustento científico y una investigación plagada de violaciones a derechos humanos e irregularidades. Esto demuestra que se encubre a autoridades de alto nivel que pudieran estar implicadas en los hechos del 26 de septiembre y por ello se niegan a ser investigados como lo ordenó el Colegiado de Reynosa Tamaulipas.
Es lamentable que un Jefe de Estado invierta la responsabilidad a los familiares de los desaparecidos y los obligue aceptar una teoría sin sustento científico ni fáctico. Es por ello, que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas:
- Condenamos esta práctica abominable perpetrada por autoridades y por particulares con la aquiescencia de aquellas y exigimos se investigue el paradero de los desaparecidos y se sancione a los responsables.
- Exigimos a las autoridades cambiar la narrativa del caso Ayotzinapa, tomando en cuenta las recomendaciones del GIEI y profundizar y agilizar todas las líneas de investigación.
- Reprobamos las declaraciones del presidente de la república entorno al caso Ayotzinapa, por ir en contra de lo señalado por diversos órganos internacionales y nacionales.