19 de de septiembre 2018.- Sobre los sismo del 19 de septiembre del 2017, reconociendo la especificidad de cada caso, puede equipararse la emergencia de los damnificados con la de muchas otras personas que han padecido la intervención de gobiernos de todos los niveles en los temas urbanos en casi tres décadas.
En materia de vivienda para sectores de menores ingresos, se implementó una política (2001-2006) que construyó la mayor cantidad de conjuntos urbanos en un esquema de producción industrial como nunca había sucedido en el país. Esta acción de vivienda inédita por su escala, respondió a las recomendaciones de organismos internacionales como el BM, a los que se alinearon los gobiernos panistas al incorporar un modelo en el que los Organismos Nacionales de Vivienda del Estado se volvieron facilitadores entre el capital financiero y las empresas desarrolladoras. El resultado, casi 10 millones de créditos ejercidos para una vivienda alejada, de mala calidad, y cara, porque al preció de las viviendas se le cargó el costo de una infraestructura que se instaló en un suelo que en la historia de México nunca había sido urbanizado. A los cinco años de ese proyecto de gran escala, el 40% de esas casas habían sido abandonadas.
La cuestión urbana atendida con enfoque neoliberal, la han padecido habitantes de muchas delegaciones de la Ciudad de México. En Benito Juárez se ubica lo que antes era el pueblo de Xoco. Ahí, con la autorización de los gobiernos del PAN se han construido unas torres de departamentos descomunales, paradigma de la corrupción inmobiliaria porque han violado todos los reglamentos en materia de usos de suelo y normatividad urbana. En el lugar, no solo están dejando sin agua a los vecinos de la colonia Xoco, se están presentando hundimientos, y hay por su puesto una afectación a la vida cotidiana, a la tradición de esos habitantes.
Sobre la expresión del urbanismo neoliberal en la Ciudad de México, apuntan autores como Adriana Aguayo que “en el nuevo contexto económico mundial de finales de los años ochenta y principios de los noventa, las ciudades adoptaron modelos de planificación estratégica centrados en algo que se denominó renovación urbana para posicionarse en el nuevo mapa global”. A diferencia de otras ciudades en el mundo en las que hubo una regulación sobre procesos de gentrificación, de márquetin de ciudades, de renovación urbana, en México se implementaron todas estas medidas de manera intensiva. Nuevo Polanco es un caso ejemplar de renovación urbana en el que se desplazó a los habitantes de colonias de mucha tradición (Granada y nueva Granda), no quedó rastro de la imagen urbana industrial de la zona, y se desbordó la dinámica del lugar con la especulación inmobiliaria.
Este “urbanismo salvaje” ha propiciado un conjunto de procesos en los que se despliegan fenómenos de privatización o despojo del suelo, expropiación de espacios de uso social (parques, jardines, áreas naturales), instalación de infraestructuras de movilidad que fragmentan el tejido social, generación de asentamientos en zonas de alto riesgo, dinámicas de producción de espacios habitacionales sin integración urbana y, especulación inmobiliaria -en suelo de alta sismicidad en demarcaciones centrales- que se ha caracterizado por la irregularidad y, ha puesto en una situación de vulnerabilidad a cantidad de habitantes de dichas localidad como es el caso de la delegación Benito Juárez.
Ahí en Benito Juárez, antes de los sismos del 19 de septiembre del año pasado, cantidad de vecinos habían denunciado por años a las constructoras. Las personas habían reclamado por afectaciones en sus predios como cuarteaduras en las paredes, la colocación de muros que invaden su terreno, y por hundimientos y cortes en el servicio del agua. En la mayoría de los casos habían seguido una ruta para la denuncia, habían integrado carpetas con una serie de documentos para sustentar la queja, se habían presentado en distintas oficinas y, sin embargo, en la mayoría de los casos no obtuvieron una respuesta que les fuera favorable, los edificios de departamentos fueron concluidos y puestos a la venta con toda la afectación que eso implicó para la gente.
En Benito Juárez la actuación de desarrolladores y autoridades desde hace más de 15 años, ha colocado a los habitantes en una situación de riesgo en varios sentidos: la especulación disparó el costo de la vivienda y las rentas, lo que se tradujo en una situación de segregación social por la cantidad de gente que han tenido que salir, adelantó por varios años el problema de escasez de agua por la demanda de los edificios nuevos , y colocó a varias colonias en una situación de riesgo por las cargas al suelo y su incidencia en cimientos y estructuras que en los sismos del 19 de septiembre se vieron dañados y se colapsaron en varios casos.
Con una trayectoria de atención a los temas urbanos como la que se ha descrito, la respuesta de las autoridades frente al desastre no podía ser otra que una propuesta mercantil para la reconstrucción. Miguel Ángel Mancera (Jefe de Gobierno en diciembre del 2017), publicó una ley en la que propuso que los damnificados pagaran su reconstrucción mediante créditos, les propuso reconstrucción con redensifición; no los consultó para la elaboración de la ley, y la propuesta no era transparente respecto a la aplicación de los recursos.
A las pocas semanas de la solidaridad que se volvió apreciar en las calles como en los sismos de 1985, los damnificados se quedaron sin apoyo. Ahí empezaría un calvario para la mayoría de los afectados que en muchos casos resolvieron su problema de vivienda apoyándose en familiares que los hospedaron de manera temporal; algunos buscaron un lugar para rentar completando de sus recursos a la poca ayuda que dio el gobierno para ese fin, y otros menos favorecidos se ubicaron en albergues aguantando el maltrato del personal que estuvo a cargo. Por desconocimiento y por desesperación, algunos empezaron a tomar la opción de los créditos, otros han aceptado a ceder una parte de su predio a la empresa constructora en la modalidad de reconstrucción con re-densificación, y otros que dicen confiar en los canales institucionales formales, continúan en espera de apoyo por parte de las autoridades.
Frente a la respuesta de unas autoridades que buscaron la rentabilidad incluso en la situación de desastre, se conformó el grupo Damnificados Unidos de la CDMX que ha tenido un desempeño con todas las características de un movimiento social urbano. En primer lugar, el grupo el grupo ha dado contención a sus integrantes por el acompañamiento y solidaridad que han intercambiado miembros de distintas colonias afectadas de la CDMX, e incluso de otras localidades dañadas como Juchitán en Oaxaca.
El grupo se organizó de manera sumamente eficiente para realizar un censo sobre los inmuebles afectados, conformó un equipo multidisciplinario para asesorar a los damnificados sobre la compleja ruta de los trámites para llegar a obtener un proyecto para la reconstrucción de su inmueble, y fue logrando con mucho esfuerzo lo que tendría que haber sido desde el principio, participar en las mesas de trabajo con autoridades con distinta atribución en el tema de la reconstrucción. Sin duda que el grupo ha tenido que recurrir a diversas formas de presión como cerrar avenidas principales, pero por mucho no es lo único por lo que ha avanzado en sus demandas. En el predio del contingente más nutrido del grupo que es el Multifamiliar Talpan, han iniciado ya los trabajos de reconstrucción.
De esta manera, la acción de DUCDMX logró superar la inercia de los gobiernos respecto a la atención de los temas urbanos con un enfoque mercantil o neoliberal en los que el ciudadano se ve despojado de toda participación efectiva.
