El Comité de Víctimas del 9N se manifestó la mañana del día 23 de noviembre de 2023 a las afueras del los juzgados penales y orales de Quintana Roo, y mostraron su rechazo ante la posible liberación condicional de sus agresores, además, exigieron a las autoridades mayor acceso a la verdad y justicia.
Por Abraham Reyes García/ @Abraham_ReyesG
Mediante una rueda de prensa llevada a cabo este 23 de noviembre de 2023 a las afueras de los Juzgados Penales y Orales del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, representantes del Comité de Víctimas del 9N expresaron su rechazo y preocupación ante el intento de liberación condicional de los policías y el comandante de Policía Eduardo Santamaría, responsables de la represión sucedida el pasado 9 de noviembre de 2020 en ese mismo estado.
Durante aquella manifestación que tuvo lugar a las afueras del Ayuntamiento de la Ciudad en la que cientos de personas, en su mayoría mujeres que se manifestaban para exigir justicia por el feminicidio de Blanca Alejandra Lorenzana Alvarado “Alexis”, y que posteriormente fueron brutalmente reprimidas por cerca de 80 policías de la Secretaría de Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, así como miembros de la Guardia Nacional. Esa tarde noche las víctimas declararon haber sufrido violaciones a sus derechos humanos, como tortura, abusos sexuales y disparos con armas de fuego, las cuales hirieron a Wendy Galarza miembro del Comité 9N y a los periodistas Cecilia Solís y Roberto Becerril.
De acuerdo al seguimiento del caso que ha hecho la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) las víctimas han sufrido hostigamientos por parte de las autoridades municipales como amenazas, vigilancia y allanamientos, por lo tuvieron que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fue así que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió una Recomendación el 30 de noviembre de 2020 en donde se reconoció que la Policía Municipal hizo un uso desmedido de fuerza, lo cual perpetró en detenciones arbitrarias y tratos crueles a los manifestantes, además de intentar acusarlos de delitos que no cometieron. Asimismo, instó a la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, quien actualmente es gobernadora del Estado, a cumplir los 10 puntos de la Recomendación, y de las cuales solo se cumplió uno.
Es por ello que las víctimas han hecho una serie de manifestaciones, pues consideran que las autoridades las han abandonado. Además, acusan a las instituciones de colusión y simulación, pues tanto el Congreso del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Gobernación en ese entonces a cargo de Olga Sánchez Cordero, no han cumplido con sus promesas de atenderlos íntegramente.
“Hubo una total colusión, entre el municipio, el Gobierno del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía, los ministerios públicos, de todas estas instituciones que deberían proteger y garantizar acceso a la verdad y justicia. Hubo un proceso de tortura institucional, de persecución, criminalización, hostigamiento y simulación por parte de todas estas autoridades. Nosotros estamos hartos de estas simulaciones. Llevamos 11 meses desde que Ana Patricia Peralta tomó el cargo de la Presidencia Municipal y no se ha realizado ninguna reunión, solicitamos y exigimos una reunión para poder dar resultado una solución, sí tuvieron la culpa de lo que pasó el 9N exigimos el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y por lo mismo a las garantías de no repetición”. Expresó Adrián Ramírez miembro del comité.
De acuerdo con los manifestantes, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo una investigación insuficiente, dejando de lado cargos mayores a los policías implicados, lo que ha permitido que se plantee la suspensión condicional del caso. En caso de llevarse a cabo esta suspensión, los acusados tendrían que solo hacer una reparación del daño de 50 mil pesos. Esta situación genera preocupación, ya que, de concederse la suspensión, se dificultaría conocer la verdad y la identificación de quienes dieron las órdenes y cometieron los actos de violencia.
“Nosotros estamos en contra de esta suspensión pues conlleva a que no haya, verdad. Porque si ellos quedan libres de los cargos que se les imputan en esta carpeta, no podríamos realmente saber ni quién dio la orden, ni quién de ellos fue quien disparó ni nada, no podríamos saber más del caso, porque ya estarían liberando los de muchos cargos que se les imputan” Recalcó Wendy Galarza víctima por impacto de fuego y miembro del comité.
Asimismo, denunciaron que el proceso judicial ha estado marcado por irregularidades y falta de sensibilidad por parte de la jueza encargada del caso la cual ha sido señalada por antecedentes cuestionables, y se ha observado una posible colusión entre los abogados defensores y las autoridades judiciales. Esta situación ha generado desconfianza y temor entre las víctimas y sus representantes legales.
Las víctimas también señalaron la responsabilidad de las autoridades municipales, estatales y legislativas en el proceso de búsqueda de justicia. Demandaron la atención y respuesta por parte de la presidenta municipal de Benito Juárez, el gobierno del estado de Quintana Roo y la decimoséptima legislatura. Hasta el momento, han recibido respuestas insatisfactorias. Además, de negarles el acceso a la verdad, la justicia y la reparación.
Ante la falta de respuesta y la persistencia de la impunidad, las víctimas anunciaron su intención de retomar las movilizaciones en las calles, así como intervenir en el Palacio Municipal y bloquear vías de comunicación si es necesario. Consideran que es fundamental que la sociedad se una en la exigencia de justicia y en la defensa de los derechos humanos. “Si no escuchan de nueva cuenta, vamos a tener que salir a las calles para que en las calles nos escuchen” recalcó Wendy Galarza.
