Por Max González Reyes
El sistema político mexicano está basado en dos columnas que lo hacen funcionar o por lo menos mantenerse pese al cambio de partido y/o gobernante. Esos dos pilares son las reglas formales, conformado por un cuerpo jurídico en las que se encuentran la constitución, las leyes, los reglamentos, los ordenamientos, códigos, etc, que integran el Orden Jurídico Nacional, el cual todo funcionario al inicio de su función promete cumplir y hacer cumplir. La otra columna la conforman las reglas informales, las leyes no escritas, los acuerdos a los que llegan los actores políticos, que tienen un peso específico. Ambas se fusionan y cuando es menester se aplica una u otra.
Estas dos reglas, formales e informales; escritas y no escritas, dieron forma para que durante mucho tiempo se mantuviera un sistema en apariencia democrático pero que en realidad se comportaba de manera autoritaria; era democrático pero por momentos tenía tintes de una dictadura; había libertad de prensa pero estaba controlada; había competencia en las elecciones pero ya se sabía quién iba a ganar; había partidos políticos formales pero éstos eran financiados por el mismo gobierno; cualquier organización podía solicitar su registro como partido pero los requisitos no todos los cumplían; había un organismo encargado de conducir, vigilar y reconocer los procesos electorales pero eran controlados por el propio gobierno.
De igual manera, mientras un actor era de utilidad se le daban todas las facilidades para lograr los objetivos, se ponía como ejemplo a seguir. Pero una vez que se excedía o empezaba a ser un estorbo se le cortaban todas las correas de transmisión o se le “aplicaba la ley”, de tal manera que no tenía forma de operar. Si era un actor relevante, como secretario de Estado, se le “privilegiaba” dándole una embajada en un país importante para así, con distancia de por medio, se le “sacara de la jugada”.
En fin, una combinación de ambas reglas mantuvieron en pie al sistema político y permitieron su renovación generacional: los nuevos que llegaban entendían estas reglas y las acataban, hasta que les tocaba irse para la sucesión.
Aunque estas reglas se mantuvieron durante el régimen de partido hegemónico, este mecanismo sigue vigente hoy en día pese a que Morena controla la presidencia y el Poder Legislativo. Para muestra un botón.
En la sesión a distancia de la Comisión Permanente del pasado 3 de junio, la Senadora Mónica Fernández Balboa (Morena), Presidenta de la Mesa Directiva, leyó un comunicado en el que daba cuenta “que en virtud de su obligación y responsabilidad de actuar en un marco de legalidad y cumplir con la normalidad aplicable sobre la disminución en el número de integrantes de los grupos parlamentarios ; y, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 28 numeral 1, del Reglamento del Senado notifica que han quedado disueltos los grupos parlamentarios del Partido Encuentro Social (PES) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República”.
Para comprender la relevancia de este hecho se tiene que recordar que este comunicado venía precedido de un Acuerdo Parlamentario que desde el inicio de la presente legislatura (la número LXIV), en septiembre del 2018, donde la bancada del PRD se conformó con seis senadores, lo que le permitía actuar como fracción parlamentaria, y con ello continuar con los privilegios de los coordinadores, como participar en las reuniones y decisiones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), intervenir en los debates de dictámenes y temas torales ante el pleno y en las reuniones y comparecencias de funcionarios públicos. Sin embargo, en octubre de 2018 el Senador Israel Zamora decidió integrarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); en mayo de 2019 la Senadora Pilar Noyola Cervantes dejó al PRD para irse al PVEM, y en septiembre del mismo año Juan Manuel Zepeda se sumó a Movimiento Ciudadano (MC), con lo que la fracción se quedó con solo tres integrantes. Según el Reglamento del Senado y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, esta fracción debió desaparecer, pues el mínimo para conformar un grupo parlamentario es de cinco senadores.
Algo parecido sucedió con el PES, quien desde que inició la legislatura contó con el mínimo de integrantes; pero con la salida de Antonia Cárdenas Mariscal, en septiembre de 2019, para sumarse a Morena, quedó con cuatro, con lo que no cumplió la disposición legal para mantenerse como grupo parlamentario.
Sin embargo, ambos grupos siguieron actuando como fracción basados en el Acuerdo Parlamentario que permitió que actuaran como tal. Es decir, de jure y estos grupos ya no existen pero de facto siguieron presentes y participando en la Jucopo, en la integración de comisiones, y sobre todo les asignaron presupuesto como fracción.
Así se llegó a la sesión del 3 de junio, en la que sin que estuviera agendado en el orden del día y una vez que se perfilaba la conclusión de la sesión, es decir, de manera intempestiva, la Senadora Fernández Balboa, leyó el comunicado ya mencionado. En otras palabras, a los grupos parlamentarios del PRD y PES se les aplicó la ley, lo cual debió haber pasado desde el momento en que tuvieron menos de cinco senadores.
Por todo lo anterior, los legisladores de la actual legislatura pusieron por encima del Reglamento del Senado y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión un Acuerdo Parlamentario para que las fracciones del PRD y PES se mantuvieran como tales. Sólo hasta este junio de 2020 las desaparecieron, desde luego porque ya no conviene a Morena mantenerlas como fracción.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se jacta de decir que no los confundan, que ellos (los de Morena) son diferentes; sin embargo, las viejas prácticas parlamentarias se siguen aplicando sólo que ahora desde su partido.
