Armados con palos, pistolas de juguete y escopetas reales, menores exigen al gobierno protección y justicia para víctimas de desplazamiento de su localidad.
Por Rodrigo Piña
Ahora los palos y pistolas de plástico pasaron de ser “juguetes”, a ser armas verdaderas; pues niños del municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, están dispuestos a dar su vida para proteger a la gente de su pueblo tras ser presentados como nuevos integrantes de la policía comunitaria local; sumándose así a los niños nahuas que hace algunos meses se unieron a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria y Pueblos Fundadores (CRAC-PC PF).
En el Estado de Guerrero, la presencia de grupos criminales y la ausencia del Estado se ha manifestado en pobreza y desatención de las comunidades. Ahora las niñas y los niños tienen que abandonar sus estudios, y en el peor de los casos, se han tenido que unir a las filas de la policía comunitaria de su demarcación debido a la violencia que impera en sus comunidades.
La situación no es menos grave en los municipios de San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, donde grupos armados disputan el control de la tala ilegal de madera y matan a quien se oponga, ejemplo de ello, el asesinato a principios abril del activista y ecologista Carlos Márquez Oyorzábal.
Por lo anterior, la CNDH ha manifestado preocupación por la violencia en el estado y por su parte el gobierno federal se ha comprometido en atender las demandas, aunque no han logrado cumplir con ellas. Por tal motivo, la inconformidad de los pobladores los ha llevado a amenazar con no dejar instalar las urnas para las próximas elecciones del 6 de junio.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), documentó que en abril fue el mes donde se registraron al menos dos eventos de desplazamiento por violencia; el primero, fue en Aguililla, Michoacán, donde enfrentamientos de grupos armados dieron como resultado el desplazamiento de 680 personas; el segundo sucedió el 13 abril provocando el desplazo de al menos 400 personas del municipio de Quitupan, Jalisco y del municipio de Cotija, Michoacán. Según Falko Ernst, analista Senior de International Crisis Group, más de 400 mil personas en Michoacán han tenido que desplazarse en los últimos 11 años a consecuencia de la violencia del crimen organizado.
En Tezoatlán, Oaxaca, se ha confirmado que 27 personas se encuentran en situación de desplazamiento, sumándose a las 5 mujeres que abandonaron dicha comunidad como resultado de un conflicto agrario, donde ellas y sus familiares recibieron amenazas. En este mismo estado, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), afirma que tanto el gobierno federal como estatal han incumplido acuerdos, los cuales impiden el retorno de familias desplazadas de Tierra Blanca Copala. Ante los hechos, el senador Emilio Álvarez Icaza denunció en el senado la situación de 143 familias triquis desplazadas de las cuales algunas siguen acampando en el zócalo de la Ciudad de México para que el gobierno las reconozca como víctimas de desplazamiento interno.
En Chiapas, el pasado 23 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares para proteger a familias tsotsiles de la comunidad de Aldama debido a los repetidos ataques armados en su contra que los ha obligado a desplazarse a las montañas de la región. Por su parte, la SEGOB informó que para cumplir con las obligaciones del Estado mexicano ante la CIDH ha atendido víctimas de la matanza de Acteal y familias desplazadas de los municipios de Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama.
En su reporte la CMDPDH explicó que no solamente existen víctimas de desplazamiento debido a enfrentamientos entre grupos criminales; sino que también existen víctimas como resultado de diversa índole, tal es el caso de algunos habitantes de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, pues de acuerdo con FONATUR, 3,286 hogares tendrían que ser reubicados por estar asentados sobre el terreno en el que se construye el Tren Maya. O bien, en Puebla, donde 40 personas de la comunidad de Tilapa, Hueytamalco, fueron desplazadas debido a un deslave que terminó sepultando sus casas entre piedras y lodo.