La LXIV Legislatura alinea el Código Penal con la SCJN y tratados internacionales, garantizando autonomía reproductiva y protegiendo a víctimas de violencia.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 10 de abril 2025.- En una decisión histórica, el Congreso de Yucatán aprobó este jueves reformas al Código Penal para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, cumpliendo así con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La medida, avalada con 22 votos a favor y 13 en contra, también incrementa las penas por aborto forzado, que ahora podrían alcanzar hasta 15 años de prisión en casos con violencia.
El dictamen, impulsado por las comisiones de Justicia y Salud, establece que las mujeres y personas gestantes ya no enfrentarán sanciones por decidir interrumpir su embarazo en las primeras 12 semanas. Sin embargo, se fortalece la legislación contra el aborto forzado: las penas aumentaron de 3-8 años a 5-10 años de prisión, y de 6-9 años a 9-15 años si media violencia.
Durante la discusión, la diputada Clara Paola Rosales Montiel (Morena) propuso una adición al artículo 390 del Código Penal, la cual fue aprobada. Este nuevo párrafo estipula que si no se acredita el delito de aborto, el acto no podrá ser reclasificado como homicidio en razón del parentesco o relación. “Bajo el contexto de si una mujer aborta por razones de salud o por estar en peligro su vida o en situaciones en las que se considera que la gestación representa un grave riesgo para su bienestar, el acto no se debe de tratar como un homicidio”, argumentó la legisladora. Por su parte, la diputada Larissa Acosta Escalante (MC) subrayó que la reforma busca garantizar procesos dignos y evitar que las personas “enfrenten solas decisiones marcadas por pobreza o violencia”.
Aunque la mayoría respaldó la reforma, la bancada del PAN votó en contra. La diputada María Teresa Boehm Calero argumentó que “la vida debe protegerse desde sus inicios”. Mientras, Bayardo Ojeda Marrufo (Morena) defendió la autonomía corporal: “No se trata solo de tener hijos, sino de condiciones físicas, económicas y emocionales”.
El Pleno también aprobó por unanimidad sesionar en municipios como Mérida y Progreso para promover alimentación saludable en escuelas, tras la prohibición de venta de productos ultraprocesados. Además, se lanzaron convocatorias para reconocimientos a profesionales de la salud y se turnaron iniciativas sobre protección al maíz nativo, meliponicultura y derechos de cuidados.
Con esta reforma, Yucatán se suma a otras entidades federativas que garantizan derechos reproductivos bajo estándares constitucionales e internacionales.
