Colectivos y organizaciones conmemoraron la represión de 2004 en Guadalajara, denunciando la impunidad y exigiendo justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Con Mesas de discusión y una marcha recordaron los abusos sufridos y llamaron a responsabilizar a las autoridades involucradas.
Texto y fotografías: Mario Marlo / @Mariomarlo
Este 28 de mayo se conmemoraron dos décadas de la represión en el marco de la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Colectivos y organizaciones realizaron una marcha conmemorativa y en solidaridad con los procesados, partiendo de la Glorieta de las y los Desaparecidos hasta el plantón de 24 horas, instalado el 27 de mayo en la Plaza de Armas, culminando con un Juicio Popular a los Represores el 28 de mayo.
Con pancartas e imágenes de las autoridades involucradas en las violaciones a los derechos humanos de cientos de jóvenes, la marcha avanzó por avenida Vallarta hasta el lugar donde, hace 20 años, se instaló un plantón en protesta por la detención ilegal de cientos de personas.
En un mitin celebrado en el plantón, la Asamblea Popular y Solidaria “Ayotzinapa Somos Todxs”, junto con otras organizaciones como la Coordinadora 28 de mayo, A.C. y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), leyeron un comunicado denunciando la impunidad de los responsables de las acciones represivas, la tortura y la represión, entre ellos Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco, señalado por represión, detenciones arbitrarias y torturas.
Otros denunciados incluyen a Emilio González Márquez, entonces presidente municipal de Guadalajara y posterior gobernador; Aldo Monjardín Díaz, director de la Policía Estatal en ese momento; Gerardo Octavio Solís Gómez, Procurador de Justicia de Jalisco en 2004 y exgobernador interino y Fiscal General de Justicia; Filiberto Ortiz Amador, conocido como “El Pinto” y ex Subsecretario de Seguridad Pública; y Luis Carlos Nájera Gutiérrez, director de la Policía de Guadalajara en 2004, acusado de torturas.
Las organizaciones y colectivos llamaron a iniciar un proceso de Justicia Integral en relación con el caso del 28 de mayo de 2004 y a desenmascarar a quienes solaparon la simulación ante los delitos de lesa humanidad cometidos contra el pueblo trabajador, exigiendo que respondan ante la justicia local, nacional e internacional.
En el mitin también participó Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos quien expresó su firme determinación y solidaridad con diversas organizaciones que luchan por causas justas.
“Hemos dicho que acompañamos y nos solidarizamos con diferentes organizaciones que luchan por una causa justa porque solamente así debemos defender nuestros derechos. Si nos callamos, al gobierno le conviene que no levantemos la voz. Es importante levantar la voz, así como diferentes organizaciones y colectivos en cada estado o país, porque todos debemos defender nuestros derechos.”
Cristina Bautista subrayó la necesidad de reorganizar sus luchas, destacando el prolongado sufrimiento desde la desaparición de sus hijos.
“Como madres y padres, llevamos nueve años y ocho meses sin saber nada de nuestros hijos. No sabemos dónde están ni qué pasó realmente esa noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Nos mantenemos de pie por la presentación con vida de nuestros hijos. No somos los únicos que sufrimos, muchas familias buscan a sus seres queridos y les decimos, no hay que rendirnos, hay que seguir buscándolos y exigiendo al gobierno que se haga justicia.”
Otro de los testimonios que se escucharon en el evento, fue el de Jaime Daniel Vázquez, detenido arbitrariamente el 28 de mayo de 2004, quien detalló las tortura a la que fue sometido después de haber sido detenido cuando regresaba de recoger unos boletos en Radio Universidad de Guadalajara junto con su hermana menor.
En el momento de las detenciones, alrededor de las 7:40 p.m., comenzó a llover y él se encontraba en el centro de la ciudad. Debido a una reciente operación de las cuerdas vocales, no podía hablar y se comunicaba a través de una libreta. Fue entonces cuando, según sus palabras, “fue agredido por policías y detenido junto a su hermana”, quien también fue separada de él.
“Me subieron a una azotea, me desnudaron y me obligaron a hacer lagartijas mientras un judicial me apuntaba con una pistola en la cabeza, amenazándome para que firmara una confesión”.
A lo largo de los años, Daniel ha contado con el apoyo de Radio Universidad de Guadalajara, que certificó la autenticidad de los boletos que recogió el día de su detención, lo cual ha sido crucial en su defensa. No obstante, a pesar de contar con pruebas que demuestran su inocencia, el proceso legal en su contra sigue sin resolverse.
Actualmente Daniel se ha convertido en activista, luchando por su libertad y la justicia por lo que llamó a los asistentes a reflexionar sobre las injusticias que ocurren en México. “Después de 20 años, quiero ya cerrar mi caso y continuar con mi vida. A cualquiera le puede pasar, si no a ustedes, a sus hijos o nietos.”
Veinte años después, su proceso legal sigue abierto, constituyendo lo que él describe como un “secuestro jurídico” ya que no goza de plena libertad. Daniel finalizó su participación agradeciendo a todos los que lo han apoyado a lo largo de estos años.
La represión del 28 de mayo de 2004
El 28 y 29 de mayo de 2004, Guadalajara fue sede de la III Cumbre América Latina, el Caribe y Unión Europea, reuniendo a líderes de 58 países. Paralelamente, se desarrolló la “Cumbre Alternativa”, un espacio de encuentro para organizaciones y movimientos sociales de diversas naciones y entidades.
La Cumbre Alternativa incluyó actividades como charlas, conferencias, expresiones artísticas y protestas sociales, en resistencia contra el sistema neoliberal y en favor de alternativas. Una marcha unitaria realizada el 28 de mayo, que congregó a miles de personas, tenía como objetivo finalizar en un mitin con la lectura de un pronunciamiento con las conclusiones alcanzadas.
Sin embargo, el mitin fue frustrado por la represión gubernamental, liderada por el entonces Gobernador de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, durante la cual cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente, torturadas y criminalizadas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, junto con organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, documentaron órdenes policiales que instaban a detener a cualquier persona que, por su apariencia, pareciera haber participado en la manifestación.
Como respuesta a la represión, se creó la Coordinadora 28 de mayo, que instaló un plantón por más de un año, hasta que fue liberado el último de los detenidos.
En el operativo fueron detenidas 57 personas injustificadamente, de las cuales 13 fueron mujeres; se presentaron 19 casos de tortura; 73 detenciones ilegales; 55 denuncias por trato cruel y degradante; y 73 personas estuvieron incomunicadas y se les fabricaron delitos y confesiones.
