A más de un mes de los enfrentamientos en Xochimilco, la criminalización de los manifestantes continúa, mientras que las investigaciones contra los responsables de la violencia policial y civil siguen sin avances.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 10 de octubre de 2024.- En una conferencia de prensa celebrada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), representantes de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco y otras organizaciones denunciaron la persistente criminalización de los manifestantes que participaron en una protesta pacífica en Xochimilco el pasado 5 de septiembre. A pesar de la condena pública y de los llamados a la justicia, las investigaciones siguen enfocadas en los manifestantes, mientras los agresores y autoridades implicadas aún no han sido sancionados.
El evento de septiembre, que inició como una protesta en apoyo a Hortensia Telésforo, defensora del territorio y de los derechos humanos, terminó en una confrontación violenta. Según testimonios y organizaciones de derechos humanos como Artículo 19 y la Red TDT, civiles vinculados a la anterior administración de la Alcaldía Xochimilco, junto con elementos policiales, ejercieron un uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes. Además, defensoras de derechos humanos que documentaban los hechos también sufrieron agresiones.
El 5 de septiembre, cinco personas fueron detenidas de manera arbitraria y trasladadas a la fiscalía de la Alcaldía Tlalpan, donde permanecieron sin comunicación por más de cuatro horas. Aunque fueron liberadas esa misma noche, se abrieron carpetas de investigación en su contra por los delitos de motín, perturbación del orden público, lesiones y resistencia de particulares. A lo largo de este mes, las solicitudes para que se desista de estos procesos han sido ignoradas, mientras que los responsables del uso de la fuerza no han sido procesados.
Las comunidades de Xochimilco demandan el retiro inmediato de los cargos contra los manifestantes, incluyendo a Hortensia Telésforo, criminalizada por su participación en la recuperación de espacios comunitarios como la biblioteca del pueblo, hoy conocida como la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan.
Durante la conferencia de prensa, los pobladores de San Gregorio Atlapulco y representantes de diversas organizaciones de derechos humanos exigieron:
- Retiro de cargos: Exigen que se retiren los cargos contra los manifestantes detenidos y que se ponga fin a la criminalización de quienes defienden el territorio.
- Sanciones a los responsables: Insisten en que se investigue y sancione a los elementos policiales y civiles involucrados en las agresiones. Aunque algunas destituciones han tenido lugar, la justicia plena aún no ha llegado. En este sentido, también llamaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) a emitir una recomendación que esclarezca los hechos.
- Medidas de protección: Solicitan la implementación de medidas de seguridad del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, ya que muchas de las personas involucradas en la protesta han sido víctimas de hostigamiento desde los hechos de septiembre.
- Garantías de no repetición: Proponen medidas claras para evitar la criminalización de la protesta social y el uso desproporcionado de la fuerza contra las comunidades defensoras del territorio.
Las organizaciones también denunciaron la falta de avances en las investigaciones sobre los grupos de choque que agredieron a los manifestantes. A pesar de las promesas de justicia, las autoridades locales y federales han mostrado lentitud en tomar medidas que garanticen la reparación del daño y la no repetición de estos hechos.
En el marco de la renovación del gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía Xochimilco, las organizaciones hicieron un llamado urgente a las nuevas autoridades para que prioricen el diálogo y la justicia. La falta de acciones concretas por parte del gobierno ha exacerbado la tensión en la zona, y la comunidad de San Gregorio Atlapulco teme que los actos de represión se repitan si no se toman medidas inmediatas para sancionar a los responsables.