Ciudad de México, 25 de julio de 2019. Los actos de acoso y hostigamiento contra la Casa del Migrante de Saltillo no son aislados, sino parte de un contexto cada vez más adverso para la defensa de migrantes y refugiados, advirtieron las organizaciones impulsoras de la campaña #DefensoresSinMuros #DefendersBeyondWalls.
Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana (PRAMI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) señalaron su “fuerte preocupación” por los recientes ataques contra el refugio y exigieron que cese todo acto intimidatorio en su contra.
El 20 de julio pasado, elementos de la Policía Federal pretendieron realizar una revisión migratoria en la Casa del Migrante y amenazaron a un integrante del equipo. El 23 de julio, un operativo conjunto de la Guardia Nacional y la Policía de Saltillo realizó verificación migratoria a las puertas del albergue y tomó fotografías y video del personal. “Cabe destacar que la CDM Saltillo cuenta con medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con medidas de protección del Mecanismo de Protección a personas defensoras y periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)”, recordaron.
“En los últimos dos meses otros albergues en diversos puntos del país han denunciado que fuerzas policiales y militares han tratado de ingresar a sus instalaciones, bajo el pretexto de buscar a víctimas del delito o a personas migrantes en condición irregular. Otros han recibido oficios en los que les solicitan entregar información específica y desagregada sobre la población atendida. Entendemos estos ataques como parte de una estrategia amplia y regional derivada de diversas políticas y acuerdos implementados por Estados de la región, entre ellos el reciente acuerdo entre México y Estados Unidos, mediante la cual se estigmatiza la migración y, en consecuencia, se criminaliza y estigmatiza la labor humanitaria y de derechos humanos”, abundaron.
Las organizaciones recordaron que la integridad de las personas defensoras es una responsabilidad irrenunciable del gobierno mexicano.