Tlapa de Comonfort, Guerrero a 25 de noviembre de 2018.- Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), durante los últimos diez meses del 2018 en Guerrero se registraron 213 asesinatos de mujeres, de los que sólo en 45 casos, se investigan como feminicidio, es decir, solo un 20% de los casos se siguen bajo la tipificación correcta del delito.
La información proporcionada por el Secretariado y actualizada al 30 de septiembre de 2018, detalla que a nivel nacional Guerrero ocupa el primer lugar de la tasa más alta de muertes violentas de mujeres con presunción de feminicidio. La media nacional de feminicidios se estima en 0.95 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en Guerrero es de 2.3 por cada 100 mil habitantes; es decir, más del doble que la media nacional.
En este sentido, las cifras oficiales, ubican a Guerrero en el cuarto lugar a nivel nacional tan solo después del Estado de México, Nuevo León y Veracruz, siendo Acapulco, Chilpancingo, Malinaltepec, Ometepec, Taxco, Tlacoachistlahuaca y Tlapa, los municipios con el mayor índice de feminicidios. Al igual que en el municipio de Chilapa, donde aún no ha sido declarada la alerta de género.
Asimismo, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), también perteneciente a la SEGOB, informó que en el 2017 hubo 316 personas desaparecidas en Guerrero, mientras que en 2018 la Fiscalía General del Estado ha documentado la desaparición de 113 personas de las cuales 34 son mujeres, ubicando a Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Chilapa, como los municipios con el mayor número de personas desaparecidas a nivel estatal.
Los datos federales registran también que en 2018 en Guerrero, mil 35 mujeres han sido víctimas de lesiones dolosas, mientras que 3 mil 277 denuncias telefónicas fueron relacionadas con incidentes de violencia hacia mujeres. Si bien el Estado de Guerrero fue la primera entidad en tipificar el feminicidio a nivel nacional, actualmente es el estado que menos acredita el delito, a pesar de que ONU Mujeres lo ubicó en el segundo lugar de mayor asesinatos de mujeres en el 2016.
Ante estas cifras alarmantes se emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) el 22 de junio de 2017 en 8 municipios: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort, sin embargo, hasta la fecha la aplicación del AVG no ha fundionado.
Ante este contexto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que pese a este contexto las autoridades siguen minimizando la problemática y la desatienden sobre todo en las comunidades indígenas, donde las mujeres enfrentan mayores obstáculos para buscar acceder a la justicia, ya sea por el idioma, falta de peritos intérpretes, la falta de personal especializado, la falta de recursos económicos y/o por el desconocimiento de la existencia de las instancias gubernamentales creadas específicamente para atender esta problemática.
A través de un comunicado, Tlachinollan denunció que las autoridades buscan desentenderse de la investigación de los feminicidios justificando que “muchos de los asesinatos de mujeres están vinculados con el crimen organizado o el narcotráfico”, por lo que desde la sociedad civil se continúa insistiendo en que las investigaciones sean fortalecidas para que se identifiquen los diversos modus operandi, patrones y situación de criminalidad en los que están inmersos los feminicidios en el estado y estos sean sancionados.
“En este mar de impunidad, la sentencia ganada por Valentina Rosendo Cantú, mujer Me’phaa que en julio de este año logró la primera sentencia en el fuero civil por violación y tortura sexual contra los militares que la agredieron en el año 2002, es un aliciente que impulsa a continuar trabajando para erradicar la violencia contra las mujeres en Guerrero y en México, así como una esperanza de justicia para las mujeres que lleguen a sufrir este tipo de violencia.” Detalló el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La organización se dijo preocupada por el actuar de los Jueces de Paz, Secretarios de Acuerdo, Jueces de Primera Instancia y Magistrados de las Salas Penales, dependientes del Poder Judicial continúen dando un trato desigual a las mujeres, con estereotipos misóginos sin perspectiva de género.
Tlachinollan finalizó con un llamado urgente a las autoridades estatales y municipales para que generen políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres tanto en el ámbito público como privado y se dé una importancia real a la Alerta de Género que existe en el Estado, trabajando de la mano con los colectivos y la sociedad civil.