Por Brian Martínez / @MartinezBrianG
Ciudad de México, 31 de enero, 2020.- A través de una alerta emitida el 30 de enero, la organización defensora de los derechos a la libre expresión y el acceso a la información, Artículo19 rechazó los actos de hostigamiento judicial por parte de José Manuel Mireles, subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, contra medios de dicho estado.
Luego de que los medios digitales Changoonga y Agencia Quadratín, mencionan hechos de interés público en los que Mireles fue señalado de conductas pederastas y misóginas. Asimismo, se describió que el 18 de enero del presente año, un hombre que se encontraba con Mireles golpeó a una mujer después de haberle dicho “el que yo me luzca no le va a quitar lo pederasta, ni lo misógino”.
Mientras el medio Changoonga grabó lo sucedido y redactó una nota de los hechos; el medio El Quadratín difundió el video.
Por otro lado, los directores de dichos medios recibieron citatorio en el que se informó que la Fiscalía General de Michoacán se encuentra integrando la carpeta de Investigación por el supuesto delito de Ataques a la propia imagen.
De acuerdo al medio digital Notivideo, José Mireles compareció ante la Fiscalía General de Michoacán el día 20 de enero.
Artículo19 identificó dichos actos como hostigamiento judicial por la vía penal que ha ejercido Mireles en contra de Changoonga y Agencia Quadratín, argumentando que atenta contra la labor periodística, implicando ataques al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.
Ante lo anterior, dicha organización exigió a José Manuel Mireles, cesar el hostigamiento por vía judicial hacia los medios digitales Changoonga y Agencia Quadratín y que desista de las acciones legales emprendidas.
Asimismo, hizo un llamado al Gobierno de Michoacán y a la Junta Directiva del ISSSTE del estado de Michoacán, a que omitan actos de criminalización a medios de comunicación, y que garanticen el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Evitando acusaciones y acciones legales que busquen inhibir el ejercicio periodístico, y se evite que se normalicen este tipo de actos violatorios a los derechos humanos.