Ciudad de México a 13 de abril 2022
Por Magda Zam /@magda_zam4 @magda_zam2
El día de hoy, 13 de abril, durante una conferencia frente a la Glorieta de las Mujeres que lucha, se realizó el pronunciamiento por parte de las mujeres que fueron violentamente agredidas durante la madrugada del 3 de abril frente a la Fiscalía de Chimalhuacán en el Estado de México.
Esa madrugada, las mujeres se econtraban fuera de la Fiscalía de Chimalhuacán denunciando que se detuvieran a todos los elementos policiales supuestamente responsables por la detención arbitraria y brutalidad policial en contra de Irene Yashika, madre de una menor supuesta víctima de secuestro y violación también en manos de elementos policiales de Chimalhuacán.
Las víctimas exigen que el ataque sea clasificado como acto de tortura.
Durante la conferencia de prensa del día de hoy, las mujeres detallaron haber sido brutalmente atacadas por parte del cuerpo policíaco municipal de Chimalhuacán, elementos de la Guardia Nacional y también por civiles armados asegurando que lo sucedido puede ser calificado como un acto de tortura.
“Fuimos golpeadas con palos, por grupos de hombres, azotaron nuestras cabezas contra el piso, nos aventaron una reja encima, nos gasearon, rompieron nuestros celulares, casas de campaña, megáfonos, y se burlaron de nosotras… Nos sorprende que esperen que después de ser víctimas directas de la Fiscalía de Chimalhuacán y torturadas por sus policías, esperen que caminemos en sus calles y acudamos a sus instituciones a denunciar”.
Durante la conferencia de prensa, las mujeres también comunicaron su pliego de exigencias las cuales son:
1.- Foro público con el Fiscal del Estado de México con el fin de que escuche nuestros testimonios así como nuestras demandas y las demandas de otras víctimas para comenzar a construir una nueva justicia en el estado de México que recordamos ocupa los primeros lugares en feminicidios en México.
2.- Disculpa Pública por el Estado de México y el Municipio de Chimalhuacán en donde se reconozca la tortura de la cual fuimos víctimas.
3.- Que se coloque una Antimonumenta frente a la Fiscalía de Chimalhuacán que permita recordar los hechos de tortura y que recuerde a los policías/ las policías y cada funcionario de esa instituciones su deber con garantizar la seguridad de todas las muertes y víctimas de Chimalhuacán
4.- Creación de un protocolo de respuesta a protestas de mujeres conforme a derechos internacionales.
5.- Qué se investigue y haga justicia por el caso de Irene y el caso de su hija.
6.- Reparación de los daños incluyendo atención médica y psicológica a todas las víctimas.
7.- Promesa de No repetición y No persecución en conta de las víctimas”.
Así mismo varias de las víctimas dieron su versión y responsabilizaron a la Fiscal de Género, Dylcia García, por no haber protegido a las mujeres cuando supuestamente intento mediar el problema la madrugada del 3 de abril, y algunas la identifican como responsable de dar la orden para que estos grupos violetos comenzaran las agresiones.
“PERSONAJES COMO DYLCIA GARCÍA HAN PERMITIDO QUE ESTA IMPUNIDAD Y VIOLENCIA IMPERE Y PROSPERE.”
Otra de las víctimas mostró sus radiografías detallando como fue pateada por un grupo de hombres provocando que la activista tenga 5 costillas rotas. Las mujeres también culparon a los policías de romper sus celulares, megáfonos y otras pertencias.
Las mujeres mostraron radiografías de una de las víctimas que fue golpeada y pateada teniendo 5 costillas rotas en este momento.
“Toda la tarde estuvimos rodeadas por policías, me empezaron a corretear y traigo 5 costillas fracturadas, me empezaron a patear y solamente recuerdo que me caí y el ultimo recuerdo que tengo fue que me dieron un tubazo, las periferias están olvidadas, la lucha feminista se a centralizado y hemos olvidado a las mujeres que han sido asesinadas en Chimalhuacán, en Chalco, las autoridades de Chimalhuacán protegen a los feminicidas…”
Finalmente, las mujeres expresaron que en el Estado de México no existen las condiciones para que puedan denunciar estas agresiones, ya que el caso de Irene y de su hija, que comenzó en 2019, a resultado en tres años de acoso y violencia policial en contra de la familia Yashika. Las mujeres exigieron que autoridades federales atraigan el caso, y que organizaciones nacionales e internacionales les acompañen en sus demandas.