La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que a un año de los sismo de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, miles de personas continúan como damnificadas, pues no han sido reconstruidas un gran número de escuelas, unidades médicas y viviendas.
La Comisión señaló que no habido una debida transparencia ni rendición de cuentas sobre el manejo, administración y destino de los recursos públicos y de las donaciones nacionales e internacionales. Además, no se han registrado avances en el replanteamiento y operación de una política de prevención de desastres naturales.
Francisco López y Roberto Ortiz, en un trabajo especial realizado en el municipio de Tonalá, uno de los más dañados, al entrevistar directamente a afectados y afectadas del terremoto, confirman las irregularidades que relata la Comisión.
En un comunicado, la institución informó que de acuerdo con cifras oficiales, 470 personas murieron y 1,372 requirieron hospitalización, aunque no se tiene certeza del avance en la reconstrucción de 209,334 viviendas, 983 unidades médicas y 16,795 escuelas que los gobiernos federal y de las entidades afectadas se comprometieron a rehabilitar a la población damnificada de los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México que solicitaron la declaratoria federal de desastre.
Además subrayó que las respuestas que ha recibido de las diferentes instancias han sido deficientes e incompletas, ya que no atienden la integralidad de los puntos solicitados ni proporcionan datos consistentes y unificados sobre las afectaciones registradas como consecuencia de los sismos, las acciones emprendidas para su atención y el grado real de avance en las mismas.
En materia de vivienda, los estados afectados refirieron de manera inicial 209,344 lugares habitacionales dañados, de los cuales 60,366 presentaron daño total y 148,978 daño parcial, mientras que la autoridad federal señaló que 172,026 fueron afectados e incorporados en el esquema de reparación de viviendas de la SEDATU.
Margarita Ortíz Ventura, damnificada, quien aún sigue esperando respuesta de los diferentes niveles de gobierno para reconstruir su vivienda, se han organizado con vecinos afectados para apoyarse en la reconstrucción de sus hogares con ayuda de algunas organizaciones.
Estas diferencias en cifras y datos reportados, reflejan una lamentable falta de coordinación entre instituciones para depurar, conocer y conciliar cifras acerca de la dimensión real de lo ocurrido, así como el efecto real de la entrega de los fondos de apoyo a personas damnificadas, afirmó la CNDH.
Para la Comisión Nacional, tampoco ha habido transparencia ni rendición de cuentas en la administración y destino de los recursos públicos; ejemplo de ello son las irregularidades advertidas en la entrega de tarjetas de recursos del FONDEN por parte de BANSEFI, consistentes en la multiplicidad de tarjetas emitidas a nombre de una sola persona.
Guadalupe Gallegos López, afectada, sin trabajo ni apoyo de las instancias gubernamentales, se encuentra en una lucha solitaria por la reconstrucción de la casa de su papá.
En materia educativa, las entidades federativas afectadas señalaron que 16,795 escuelas fueron afectadas; de ellas, 1,521 presentaron daño total y 15,274 daño parcial, mientras que el Gobierno Federal señaló que 14,976 escuelas fueron afectadas, de ellas 200 con daño total y 14,776 con daño parcial.
La Comisión hizo un llamado a las autoridades involucradas para que asuman su responsabilidad, y brinden la atención debido a las victimas de los sismos de septiembre de 2017.
Alejandra Ruiz Pineda junto a su hijo de seis años viven en un terreno de Tonalá relató el paso del gobernador del estado Manuel Velasco y del presidente de la república Enrique Peña Nieto, por la calle en la que ella vive, narró “nos prometieron una reconstrucción pronta, empleos temporales, pero solo recibieron amenazas”.