*El amparo implica que se debe investigar y castigar la grave violación a los derechos humanos del adolescente.
Ciudad de México, 21 de mayo de 2019. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en su resolución del Amparo en Revisión 53/2019, determinó que el adolescente Marco Antonio sí fue víctima de desaparición forzada por los hechos ocurridos el 23 de enero de 2018 en la Ciudad de México y que autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México son responsables.
La tarde de los hechos, en los alrededores de la estación El Rosario del Metrobús, en la delegación Azcapotzalco, el estudiante de entonces 17 años fue detenido arbitrariamente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, golpeado, torturado a bordo de una patrulla, desaparecido y, finalmente, abandonado. Tras la respuesta de organizaciones defensoras y la indignación social Marco Antonio fue localizado cinco días después en Tlalnepantla, Estado de México, con severos daños de salud.
“La Administración de Miguel Ángel Mancera y otras altas autoridades capitalinas decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro ‘adolescente problemático’. Las organizaciones defensoras documentaron judicialmente esta negativa, así como la de brindar información de su paradero, además de la intención de sustraerlo de la protección de la ley y no presentarlo ante la autoridad competente. Por tales actos de autoridad Marco Antonio y su familia fueron revictimizados mediáticamente, aparte de que se les ha privado de manera reiterada de sus derechos a la justicia y la verdad, negándoseles siquiera una investigación seria y efectiva”, explicó el Instituto de Justicia Penal Procesal, una de las organizaciones que ha acompañado a la familia.
Tras el análisis exhaustivo del caso y frente a la negación sistemática de las autoridades de que hubiera sido víctima de desaparición forzada, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito otorgó el amparo de la justicia, reconoció la grave violación a los derechos humanos del adolescente y señaló como responsables de ello a las autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la CDMX y el Estado de México, entre ellas los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente y torturaron aquel 23 de enero.
Las organizaciones acompañantes explicaron que esto implica que se debe realizar la investigación de los hechos bajo esta óptica y la persecución de los presuntos responsables, así como medidas de reparación integral.