Por Max González Reyes
Una de las formas de analizar el devenir del México actual es a través de la relación de los poderes de la Unión. Comúnmente, el Ejecutivo al ser un cargo unipersonal acapara toda la atención, pero los otros dos poderes, el Legislativo y Judicial, hacen una labor que complementa la labor ejecutiva. Sin embargo, la mayoría de las veces estos últimos han estado a la sombra de aquél y en muchas ocasiones han vivido bajo su sometimiento. Como se sabe, desde que nuestro país es independiente empezó esa pugna en que el titular del Ejecutivo dominaba al Legislativo a través del sometimiento formal e informal de sus integrantes. Lo mismo sucedió con los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en más de una ocasión estuvieron a la orden del portador del Ejecutivo.
La singularidad del sistema político mexicano radicó en que durante muchos años el régimen de partido hegemónico llevó a la preeminencia del Ejecutivo. El control presidencial promovió una disciplina en el Congreso a través del partido, lo cual llevó a que dentro de las reglas no escritas del régimen estaba ser leal al titular del ejecutivo. Si los diputados y senadores no acataban la instrucción que venía desde Los Pinos simplemente eran relegados, se les aplicaba la ley o en el mejor de los casos se les mandaban lejos del país en un cargo diplomático, lo que los dejaba fuera del aspecto político y la continuidad de su carrera estaba truncada. Algo parecido pasaba en el control del Ejecutivo sobre el organismo judicial, toda vez que el poder político estaba por encima de la impartición de justicia o ésta se distribuía con una perspectiva política. No fue sino hasta la aparición de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad en los años noventa en que el Poder Judicial tuvo argumentos para ejercer el control del poder político. Desde luego que esto no vino solo sino se presentó aparejado con la pluralidad de partidos en las cámaras del Congreso y cierta autonomía del Poder Judicial.
De hecho, la demanda de los que en ese entonces se consideraban de izquierda para aspirar a un país más justo, pasaba por el equilibro entre los poderes, es decir, que no hubiera la preeminencia del Ejecutivo sobre los otros dos poderes. Al paso de los años el presidencialismo se fue diluyendo y para finales del Siglo XX se logró la alternancia en el poder. Con ello se inauguraba una nueva etapa en México que iniciaba a la par del Siglo XXI.
Así pasaron los primeros años de este siglo, hasta que en 2018 los que por años empujaron e impulsaron el cambio democrático lograron obtener la presidencia de la República y la mayoría en las Cámaras. Se suponía que con ello se iba a llegar a una aplicación de la justica y una distribución del poder que no estuviera concentrado en el portador del Ejecutivo.
Sin embargo, desde el principio de su administración el Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su animadversión a los organismos autónomos. Para él esos organismos estaban de más pues lo único que hacían eran vivir del erario. El Presidente se concentró particularmente en el instituto encargado de organizar y calificar las elecciones, el INE, pero su descontento se manifestó a todos los organismos autónomos. Para él es mejor que desaparezcan o que en dado caso sus integrantes sean nombrados directamente por el Ejecutivo.
Pero la inconformidad del Ejecutivo se extendió a los otros poderes. En el Legislativo no tiene tanto problema porque ahí tiene una mayoría relativa que le permite tener cierta holgura en algunas de sus propuestas, aunque para reformas a la Constitución, Morena tiene que establecer alianzas con otras fuerzas políticas porque aun con sus aliados no le alcanza para la mayoría calificada. Aun con ello, el Presidente les ha pedido a sus legisladores que no le cambien “ni una coma” a sus iniciativas y cada vez que lo hacen los aplaude y reconoce como buenos legisladores porque están a favor del pueblo.
Pero donde ha tenido mayor conflicto es en el Poder Judicial, donde los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no han accedido a los caprichos presidenciales. Los ministros no han aceptado los reclamos del Presidente a reducirse el sueldo ni a las exigencias que en sus conferencias mañaneras reclama a los jueces y magistrados. Aunado a ello, el mandatario los ha acusado de actuar bajo consigna de intereses y también de criminales. Incluso ha mencionado que dentro de su agenda de pendientes se encuentra una iniciativa de reforma constitucional para “limpiar al poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos”. Para el Ejecutivo esta reforma es indispensable y urgente, por lo que es seguro que la enviará antes del término de su mandato, al que le resta prácticamente un año.
La propuesta presidencial va encaminada en el sentido de que los jueces deben ser electos por el voto directo de la ciudadanía. Parte del reclamo presidencial a jueces, magistrados y ministros se debe a éstos han ejercido un control constitucional y han echado atrás varias reformas aprobadas por el Congreso.
En enojo presidencial ha llegado al extremo que en varias ceremonias oficiales el mandatario ha aparecido solo, es decir, sin el acompañamiento de los representantes de los otros poderes, como sucedió en el acto del desfile militar del 16 de septiembre. En dichos actos, el presidente tradicionalmente en turno era acompañado de los representantes de los otros dos poderes. Ese acto, que en sí mismo sólo es simbólico, representaba la cooperación y armonía de los poderes de la Unión; sin embargo, hoy por capricho presidencial, sólo apareció en la escena el titular del Ejecutivo.
Al Presidente le encanta el protagonismo. Le gusta aparecer en pantalla y la quiere para él solo. Para él es “conmigo o contra mí”. El que no piensa y aplaude sus acciones los exhibe, los descalifica, les niega el saludo. Si no juegan con las reglas que él impone, toma la pelota y se la lleva como niño caprichoso de primer grado de kínder. Da lo mismo si la critica viene de un gobernador opositor, de representantes de los otros poderes, de un periódico internacional, de un gobierno extranjero o de todo aquél que no aprueba sus acciones. En su capricho, él es la víctima y los demás lo atacan. En el fondo, lo que busca es la supremacía de su cargo que tanto criticó de sus antecesores.