El Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) instó a las autoridades del país centroamericano a generar las condiciones básicas necesarias para desarrollar un juicio justo por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, que permita llegar a la verdad.
Berta Cáceres coordinaba el COPINCH cuando fue ejecutada el 2 de marzo de 2016, sus ejecutores presuntamente se encuentran vinculadas a la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA), constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca a la cual ella y el pueblo indígena Lenca resistían.
Ante ello, el pasado 17 de septiembre inició el Ministerio de Justicia de Honduras inició el juicio sobre el asesinato de la activista, en el cual se encontraban ocho presuntos acusados de ser autores materiales del crimen. No obstante, el juicio se ha postergado debido a múltiples irregularidades perpetradas por el Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Justica de Honduras.
La preocupación de la familia Cáceres es que la detención preventiva de los ocho imputados vence el 2 de noviembre, por lo que tiene poco tiempo para resolver la situación y asegurar que el proceso se pueda llevar a cabo en las condiciones justas para las víctimas.
“El Ministerio Público como los tribunales que han conocido el caso han fallado en investigar y llevar un proceso que cumpla con los estándares internacionales“, denunció el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en un comunicado el 10 de octubre.
Exigieron un cambio de tribunal para evitar que el juicio se desarrolle en condiciones injustas, por lo que se suspendió el juicio el 17 de septiembre. Desgraciadamente, esta recusación fue declarada sin lugar y ahora está en proceso de Apelación. “Esta recusación es la última oportunidad de que en el juicio existan condiciones adecuadas”, insiste Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta y actual coordinadora del COPINH. “Buscamos tener el acceso completo a la información digital que hasta ahora sigue incompleta ya que el Ministerio Público no termina de entregar todo la información”.
Aparte, interpusieron cuatro amparos ante la Corte de Apelaciones para garantizar un debido proceso, ninguno de los cuales ha sido resuelto aún:
- Uno para exigir que el COPINH sea representado como víctima en el juicio. Este amparo fue admitido pero aún no resuelto. Sigue su curso, pero podría durar meses.
- Dos para exigir que sean incorporadas a las pruebas la pericia sobre los antecedentes del asesinato. Estos elementos son indispensables para evidenciar que el asesinato de Berta no fue fortuito sino motivado por intereses políticos y económicos amenazados por el trabajo de la defensora. Estos amparos no fueron admitidos, pero van a ser repuestos para que se reconsidere la decisión.
- Uno para exigir que toda la audiencia sea transmitida en vivo. Debido el carácter sintético del asesinato de Berta, es fundamental que las comunidades hondureñas así como las organizaciones nacionales e internacionales puedan dar seguimiento a las audiencias. Este amparo no fue admitido, ha sido repuesto y se está esperando la nueva decisión.
El COPINH, mencionó que aún no se tiene la nueva fecha de inicio del juicio, por lo que el riesgo es que para acelerar el proceso antes del 2 de noviembre, el Ministerio resuelva los recursos en contra del consejo y la familia de Berta, finalizó un comunicado.