La Fiscalía de Querétaro solicitó tres años de prisión y una multa de 518 mil pesos contra una adolescente de 14 años acusada de aborto involuntario tras sufrir una violación; el caso ha generado indignación y la Presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado apoyo legal y emocional para la menor y su familia.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México – La Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, brindar acompañamiento legal y emocional a la familia de Esmeralda, una menor de 14 años en Querétaro acusada de aborto involuntario.
Lo anterior, después de que la Fiscalía de Querétaro, encabezada por Víctor Antonio de Jesús Hernández, solicitara una pena de tres años de prisión para la adolescente, además de una multa de 518 mil pesos en favor del padre biológico, quien presuntamente la agredió sexualmente.
El caso, que salió a la luz pública tras las declaraciones de Mayra Dávila, presidenta de la asociación Adax Digitales, ha causado indignación en colectivos feministas y defensores de derechos sexuales y reproductivos. Según Dávila, Esmeralda desconocía su embarazo de menos de cuatro meses, producto de una violación ocurrida en agosto de 2023. La menor vive en Huimilpan, una comunidad indígena, junto a su padre y su hermana, quienes ahora enfrentan la posibilidad de perderla debido a una sentencia de internamiento en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes.
“No estamos de acuerdo y estamos en contacto con la familia para apoyar tanto legalmente como en lo que se requiera. No se debe criminalizar”, expresó Sheinbaum durante su conferencia. La mandataria subrayó la importancia de defender los derechos de las niñas y de evitar la criminalización de víctimas en situaciones tan delicadas.
El fiscal del estado, un notario elegido con 22 votos de la Legislatura local y con un periodo de nueve años al frente de la Fiscalía, enfrenta fuertes cuestionamientos sobre su imparcialidad y empatía en casos de violencia sexual y reproductiva. A pesar de la solicitud de arraigo domiciliario que cumple Esmeralda, las autoridades locales insisten en que su caso se tipifique como homicidio calificado, lo que podría marcar un precedente preocupante en México respecto al tratamiento legal de víctimas menores de edad en situaciones de abuso.