El Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) reunidos en Asamblea Estatal mencionaron la existencia de al menos cuatro conflictos relacionados con el despojo de tierras o amenazas laborales dentro de comunidades indígenas autónomas de los municipios de Salto de Agua, Marqués de Comillas, Venustiano Carranza y San Cristóbal de las Casas.
Con la participación 80 delegados y 24 Concejales y Concejalas de las diferentes regiones tsotsil, tseltal, tojolabal, chol, zoque y mestizo de la Costa de Chiapas, se realizó dicha Asamblea General.
En el municipio chol de Salto de Agua, existen amenazas de desalojo a la comunidad autónoma de San José El Bascán, tierra que fue recuperada en 1994 afirma el comunicado del CNI. La intimidación radica en que los anteriores dueños de esas tierras Ernesto Astudillo Alvarado, junto con sus hermanos Natividad y Gonzalo Astudillo Alvarado, enviaron el mensaje a la comunidad para exigir el pago de la tierra. No obstante, el 30 de marzo del 2018 vendieron la propiedad a Artemio Alvaro Vazquez, Diego Arcos Hernández, Rodolfo Alvaro Vazquez, que de igual manera instaron a la comunidad a desalojar el predio.
Por su parte, en la región zoque de Marqués de Comillas, informaron la existencia de amenazas por la presencia de pozos petroleros y actividades extractivas.
“Han estado llegando personal de gobierno, que se desconoce su procedencia, y que están entrando a las tierras de las comunidades sin conocimiento de nadie” informó el CNI.
En el mes de abril del presente año, dichas empresas entraron en el terreno ejidal de Zamora Pico de oro, donde manifestaron que están a la espera de la aprobación para comenzar la explotación de los materiales que se encuentran. Las autoridades de las comunidades desconocen la información sobre esta explotación, además de la constante amenaza de inicio de labores en las tierras de Pico de Oro, comunidades céntricas, así como San José, Río Salinas, América Libre, y también en la Nueva Unión, que pertenece al municipio de Benemérito de las Américas.
En el municipio de Venustiano Carranza, región tsotsil-tseltal del estado, familias de pescadores de la comunidad de Paraíso y miembros del CNI, así como sociedad pesquera de esa comunidad, están siendo amenazados por los marinos encargados de la vigilancia de la Presa “La Angostura” de pagar entre 15 mil a 20 mil pesos y el decomiso de su equipo de pesca, por no participar en actividades proselitistas.
Por último, en la comunidad de Mitzitón, en San Cristóbal de Las Casas, existe el temor de que le sea revocado el permiso de la Casa de Salud autónoma, construida hace 3 años debido a que militantes del partido Revolucionario Institucional (PRI), al presionar a las nuevas autoridades entrantes debido a que el dispensario es adherente del CNI.
Finalmente, el CIG y CNI reafirmaron que su lucha va más allá del “sucio” proceso de elecciones que dividen y corrompen la vida de los pueblos y comunidades, que aprovecha la invasión de recursos gubernamentales para controlar, crear conflictos y sembrar la muerte para el despojo de nuestras tierras y territorios del país.