El pueblo colombiano ha gritado tan fuerte que se ha hecho escuchar en varios rincones del mundo y el cerco mediático que impedía ver la realidad del país se ha empezado a romper. En los últimos 15 días se ha podido reconocer el amplio acumulado histórico de organización y luchas populares de diversos sectores: pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, campesinado, procesos de jóvenes, movimiento estudiantil, movimientos de mujeres y diversidades, clase trabajadora y procesos urbanos que han construido un proyecto de país para la vida digna.
Por Colombia Informa/@Col_Informa
El arte, la cultura, la música, el teatro y la olla comunitaria son el día a día en los plantones, movilizaciones, bloqueos de calles y rutas a lo largo y ancho del territorio nacional. Toda la creatividad del pueblo se ha puesto a andar y a gritos manifiestan que: “¡El pueblo no se rinde, carajo!”, “¡Que el pueblo se respeta, carajo!” y “¡Que caiga el mal gobierno!”.
Ante esta monumental iniciativa popular, la represión y el terrorismo de Estado ha sido la respuesta del Gobierno. El tratamiento de guerra a la protesta social en las calles y en las regiones del país ha sido moneda corriente en su historia que da cuenta de un genocidio sistemático, planificado, ordenado por parte de las clases dominantes y ejecutado por las fuerzas represivas del Estado: policía nacional, Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-, ejército nacional y grupos paramilitares.
En medio de la crítica situación que se vive en Colombia es importante enfatizar en que este estallido social no es espontáneo, sino que se enmarca en un acumulado histórico de organización y lucha del pueblo colombiano desde todos los rincones del país. Así, es posible reconocer algunos hitos de experiencias organizativas de los sectores populares en Colombia que marcan momentos bisagra sin los cuales no sería posible vivenciar esta expresión amplia de poder popular en las calles. Traer a la memoria momentos como la Minga por la vida, la justicia, la alegría, la autonomía y la libertad de los pueblos en el año 2004, La Minga de Resistencia Social y Comunitaria en el 2008, la conformación del Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica en el 2010, la lucha del estudiantado contra la ley 30 en el 2011, el paro agrario en el 2013 que posibilitó la conformación de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular.
Todos estos eventos configuran un proceso organizativo que se ha ido potenciando y cuyo reconocimiento posibilita la reconstrucción de la memoria histórica del pueblo colombiano, una historia organizativa que es generalmente invisibilizada.
Además de este acumulado organizativo, cabe mencionar también los causantes del descontento y la digna rabia popular que también responden a un acumulado de violencia ejercida por el Gobierno colombiano. Esta se puede enmarcar dentro de la figura del genocidio estatal, así como se categorizó el accionar del Estado colombiano en la reciente sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos llevado a cabo en marzo de este año.
Violencia estructural y sistemática
El 24 de agosto de 2019 el ejército colombiano bombardeó territorio selvático en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, en una operación que llamaron «Atai”. En este bombardeo asesinaron ocho menores de edad, hecho que desencadenó en la renuncia del ex ministro de defensa Guillermo Botero, pero que aún sigue en la impunidad.
Ese mismo año se llevó a cabo el Paro Nacional del 21 de noviembre. que superó las expectativas y se convirtió en un momento de repunte de la movilización social. En estas movilizaciones ocurrió el asesinato de Dylan Cruz a manos del Esmad.
En el 2019 también se aprobó una reforma tributaria a espaldas del pueblo que fue votada en horas de la madrugada, sin atender el descontento popular generalizado.
Una vez llegada la pandemia, la indignación se expresó nuevamente tras el asesinato de Javier Ordoñez a manos de la policía el 20 de septiembre de ese año. Este hecho generó fuertes movilizaciones en varios barrios de Bogotá que fueron reprimidas con extrema violencia, dejando un saldo de 13 personas asesinadas a manos de la policía.
Asimismo, desde la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016 cientos de líderes, lideresas, personas defensoras de Derechos Humanos y excombatientes han sido asesinadas.
Las cifras en cuanto a violaciones de Derechos Humanos a la población civil son alarmantes. El registro de agresiones durante 2021 a la fecha del 29 de abril da cuenta de: 57 Líderes, lideresas y defensores DDHH asesinadas, 33 masacres y 23 firmantes del acuerdo de paz asesinados, según Indepaz.
Estas cifras se acompañan de la violencia estructural en términos económicos, políticos y sociales que vive el pueblo colombiano. Con la llegada de la pandemia las ya alarmantes cifras de pobreza y desempleo aumentaron posicionándose entre los países con la tasa más alta de pobreza y desempleo en toda latinoamérica.
Según datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -Dane- “en el 2020 el 42,5% de la población del país se encontraba en condición de pobreza, el 30,4% en situación de vulnerabilidad, el 25,4% pertenecía a la clase media, y el 1,7% se ubicó en clase alta”. En marzo pasado el desempleo trepó a 16,8% y 3,5 millones de personas cayeron por debajo de la línea de pobreza. La pésima gestión de la emergencia sanitaria por parte del Gobierno Duque profundizó la crisis del pueblo colombiano y solidificó la indignación.
La gota que rebosó el vaso
En abril de este año el ex ministro de hacienda Alberto Carrasquilla aseguró que a Colombia solo le quedaba dinero para un mes y argumentó que los fondos se habían utilizado para promover una nueva reforma tributaria.
En una entrevista con Colombia Informa, Wilson Arias, senador del Polo Democrático, afirmó que “conocemos que la reforma trae consigo una carga tributaria que recaerá mayoritariamente sobre la clase media, baja y asalariados. El Gobierno espera recaudar $10,5 billones a partir del IVA, $16,8 billones de los impuestos a personas naturales y $3 billones de los impuestos a personas jurídicas. Desde la presentación del Presupuesto General de la Nación 2021 denuncié que el Ministerio de Hacienda esperaba aumentar el recaudo por IVA en un escandaloso 42,4%, agudizando la regresividad de nuestro sistema tributario”.
La reforma tributaria planteaba aumentar la canasta familiar básica gravada del 53% al 60%, eliminar la categoría de bienes exentos (lo que incrementará el costo de la producción de alimentos), ampliar la base gravable del impuesto a la renta de personas naturales para que aquellos que devenguen ingresos mensuales de 2,5 millones empiecen a pagar el impuesto y una reducción de la tarifa de renta para personas jurídicas. Frente a este panorama Wilson Arias aseguró que “esta es una reforma que plantea afectar en mayor medida a las clases media y baja en el país, teniendo un efecto directo en el consumo de los hogares. Está sobrediagnosticado que la variable más afectada durante esta crisis ha sido la demanda agregada (la suma de todas las demandas: la del gobierno, la de las empresas, la de los hogares y la de Colombia frente al mundo)”.
El anuncio de la nueva reforma tributaria fue el impulso que envió a millones de colombianos a las calles el 28 de abril. Luego de este estallido el Gobierno se ve en la obligación de echar para atrás la reforma el 2 de mayo. Esto ocurre un día después de decretar el estado de “asistencia militar”, lo cual implica la militarización de las ciudades como estrategia para controlar las protestas populares.
Represión durante el Paro Nacional
Desde la hora cero del Paro Nacional convocado para 28 de abril han sido evidentes las denuncias de crímenes por parte del Estado contra los manifestantes. Sin embargo, el desde hace días el Gobierno ha implementado un cerco informativo que implica la coordinación con las redes sociales tradicionales: Facebook, Twitter e Instagram, la baja de los contenidos que hagan referencia a los hechos de violencia, así como la persecución y el asesinato por parte de las fuerzas estatales contra las personas que ejercen su derecho legítimo a la protesta.
Además, se conoce el control que se ha ejercido sobre las redes de internet para impedir la transmisión de la represión policial en vivo y subir material informativo a las redes. Esto ha ocurrido principalmente en horas de la noche en la ciudad de Cali y posteriormente en Bogotá.
Según la ONG Temblores, desde el 28 de abril que comenzó el paro Nacional hasta el 10 de mayo del 2021, registraron 1956 casos de violencia policial, de los cuales 40 corresponden a casos de homicidio por parte de la fuerza pública, 1003 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 28 víctimas de agresiones oculares y 12 víctimas de violencia sexual. A esto se suma una cifra de 548 personas desaparecidas hasta el 8 de mayo.
A pesar de que la represión se intensifica, la gente permanece en las calles. Las personas han reconocido la calle y el barrio como espacios de encuentro con el vecino y la vecina, donde manifiestan su indignación frente a una realidad que los violenta a diario. Además, se han conformado espacios de organización, diálogo y reflexión, donde se construyen propuestas de país.
Pareciera que los ecos del argentinazo y el movimiento piquetero del año 2001 retumbaran en las calles, rutas, barrios y veredas de Colombia y llamaran al “corte de ruta y asamblea”. El llamado desde los sectores populares y de la gente que permanece en la calle es a continuar en ella, en ejercicio de la defensa y permanencia en el territorio, siguiendo aprendizajes como los de la Minga indígena que enseña en el caminar de la palabra el respeto y la defensa del territorio. En las calles, la gente continúa firma, con la certeza de que no es coherente negociar con gobiernos genocidas, arrogantes y que tienen tanto odio hacia el pueblo que no dudan en masacrarlo con tal de defender sus privilegios.