La Comunidad Indígena Otomí evidenció ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México la discriminación estatal y federal, así como la demanda a un acceso inmediato a la electricidad para la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”.
Por Denisse Ureña / @denisseure_
Ciudad de México, 27 de junio del 2024.- Alrededor de las 11:00 horas del día presente, la Comunidad Indígena Otomí se pronunció frente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México para los Derechos Humanos (ONU-DH) para denunciar discriminaciones por parte del Estado y la conexión urgente de luz para la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”.
A través de un mitin, la comunidad originaria de Santiago Mexquititlán Amealco, Querétaro declaró que a partir de su llegada a Ciudad de México obtuvo despojos, represiones y desprecio por parte de los gobiernos local y federal.
Con la existencia de abusos y discriminaciones, después de 20 y 30 años de demandas por los derechos de la comunidad, el pasado 12 de octubre del 2020 se tomó las oficinas de lo que era el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como medio para obtener respeto a una vivienda digna, sin embargo, no existió respuesta a casi cuatro años para atender lo solicitado.
Denunciaron que, después de 25 años exigiendo una vivienda digna y decorosa, aun cuando el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas fue renombrado como la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, continuaron en la misma situación, realizando solicitudes que les correspondían según el derecho constitucional.
A su vez, citaron la misma acción con la toma de las oficinas del INPI, a causa de la falta de respuesta por parte de la institución, después de varias demandas sobre la situación de la comunidad en Mexquititlán y en Ciudad de México.
“Tantos años de haber presentado oficios, denuncias, solicitudes de audiencias con el INPI y nunca nos recibió. Lo mismo pasó en lo que va de 5 administraciones federales y locales”.
“Está comunidad ha demandado a los gobiernos en turno, con lo que declara el artículo cuarto constitucional y con lo que declaran los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Los pactos firmados por el Estado Mexicano en razón de los derechos de los pueblos indígenas son letra muerta.”
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La comunidad nombró también, una serie de abusos y falta de atención que desde el pasado 20 de junio ejerció la autoridad gubernamental en conjunto de la Comisión Federal de Electricidad al bloquear el suministro de luz, como acto represivo perjudicial en la distribución de agua y el drenaje.
“Hoy venimos a demandar la inmediata intervención en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, toda vez que después de tres años con ocho meses de haber tomado el INPI, a la comunidad reiteradamente le han cortado la luz, limitando el acceso al agua. El cárcamo está lleno y hay que desalojar las aguas negras, pero sin luz, no se puede lograr.”
Con respecto a las autoridades al momento de la toma del INPI, manifestaron su garantización de seguridad al advertir no apagar la luz, sin embargo, las mismas autoridades realizaron el acto contrario, afectando a la comunidad Otomí. Refirieron la falta de acción del gobierno por el próximo término de mandato y relevo del mismo.
“A pesar de la instalación de mesas de diálogo con el Gobierno de la CDMX, no ha avanzado en lo más mínimo todo lo denunciado. Cómo ellos ya se van y tienen que hacer la entrega del INPI, estamos mirando el riesgo de un inminente desahogo.”
Dentro del pronunciamiento de la comunidad Otomí, se cuestionó la posición del gobierno ante una “Ciudad innovadora y de derechos”, mencionando que el derecho de los pueblos indígenas que asegura el reconocimiento y autonomía no se cumplió, lo que reafirmó la omisión de aplicación adecuada de las leyes constitucionales.
“A pesar de que el artículo 2 constitucional, párrafo 4 señala el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación que se ejerce en un marco constitucional de autonomía, asegurando la unidad nacional, con el reconocimiento de los pueblos… tomando en cuenta criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Este supuesto nunca se cumple, han sido más de dos décadas de oídos sordos y de indiferencia gubernamental.”
Explicaron que el gobierno federal como medida represiva, ordenó el pasado 20 de junio, el corte de luz definitivo en la toma INPI, evitando consideración a las más de 40 familias que habitan el lugar.
“Estas familias no tienen acceso al agua, se enfrentan con problemas de salud debido al desborde de aguas negras. Los niños y los adultos mayores son los más afectados. Hacemos un llamado para que esto se pueda resolver.”
Una madre, perteneciente a la comunidad Otomí residente en la CDMX, expuso la grave situación que viven en temporadas de lluvia, sin luz, causando problemáticas en sus rutinas diarias con los niños y bebés que se encuentran en la instalación.
“Vean las condiciones de cómo estamos. Tenemos bebés, hay adultos, pero no podemos estar. Hay escaleras, pero no podemos subirlas por falta de luz. Por el tiempo de lluvia estamos sufriendo frío con los niños quedándose en la calle. Con el agua que cae de la lluvia nos bañamos y lavamos nuestra ropa.”
Según la comunidad, en lugar de recibir resoluciones, fueron recibidos por granaderos siendo criminalizados, además de vivir la obtención de delitos que no habían cometido. En cuanto a su labor artesanal, mencionaron también, haber sufrido opresión y despojo de sus pertenencias para poder abastecerse de recursos de manera digna.
Responsabilizaron al Estado, incluyendo a la próxima presidenta electa Claudia Sheinbaum, ante situaciones que pongan en riesgo la seguridad Otomí. A su vez, se hizo el recordatorio de la continuación del bloqueo indeterminado establecido en la Avenida México, Coyoacán hasta que el Estado, resuelva lo solicitado de vivienda, salud, trabajo y alimentación.
“Hacemos responsable a Adolfo Regino Montes, Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum por no haber escuchado nuestras demandas cuando era jefa de gobierno. Los hacemos responsables si nos llega a pasar algo, si nos llevan a detener o fabricar pruebas que no hemos hecho, como hoy lo estamos viviendo.”
Al término de la protesta, personal de la oficina de ONU-DH, encontró a la comunidad exigiendo justicia y atención para sus derechos, y en respuesta, enunció el aseguramiento ante la toma de acción para los problemas de vivienda, agua y luz que enfrentó la comunidad, así como el posible desalojo violento.
La comunidad, realizó la entrega de sus denuncias, con la esperanza de una resolución satisfactoria hacia sus peticiones.
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