Este 8 de julio del 2023 se llevó a cabo la conferencia de prensa respecto a la denuncia de violencia a comunidades indígenas, especialmente ante el asesinato de Magdalena Martínez y la tentativa a otras 3 mujeres indígenas triquis y la emisión de un amparo a favor de 143 familias desplazadas en Tierra Blanca Copala, Oaxaca.
Por Saraí Aguilar Rodríguez / @iray_foto
Representantes del Pueblo Triqui y representantes del Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones acompañantes exigieron al gobierno federal y estatal que ponga un alto a la violencia implementada por paramilitares y que de igual forma se castigue a estos generadores de violencia; que el estado deje a un lado la simulación y aplique el estado de derecho de la región Triqui.
“El 26 de Diciembre del 2020, alrededor de 143 familias de la comunidad indígena Triqui de la comunidad de Tierra Blanca Copala se vieron forzadas a desplazarse derivado de hechos violentos ocasionados de un grupo de corte paramilitar del movimiento de unificación y lucha Triqui, aunque solicitaron el apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales el personal dela policía estatal y la guardia nacional no intervinieron en los actos de violencia para salvaguardas a las personas que se quedaron encerradas en viviendas” refirió Venustiana López R, mujer desplazada y representante de la comunidad.
En una primera instancia, las familias desplazadas se resguardaron en un albergue e intentaron retornar en Enero de 2021, el gobierno de Oaxaca retiró seguridad pública que se encontraba resguardando a la comunidad, en consecuencia, llegaron paramilitares a agredirlos, asesinarlos, mutilarlos, degollarlos y herirlos con armas de fuego. Al no recibir la atención de las autoridades pertinentes, se vieron en la necesidad de defenderse por sus propios medios.
“Hasta el momento no ha habido ninguna persona detenida, cabe referir que la impunidad que goza este grupo paramilitar se debe a que cuenta con el apoyo de funcionarios a nivel federal, estatal y municipal, además que forma de la estructura política. Hoy más que nunca queda exigirle al gobierno mexicano para que cumpla con las víctimas de desplazamiento forzado de la región Triqui y ponga un alto a estos actos de intimidación, alto a los ataques de pueblos en resistencia, por un entorno seguro con justicia y seguridad” externó Venustiana.
Lauren Durán del Centro de Derechos Humanos explicó que la resolución de este amparo viene posterior a una recomendación de la CNDH, el amparo se interpuso por actos de autoridad, en omisiones de parte de varias instituciones de distintos órdenes de gobierno.
“Una vez que la población ha sido desplazada de manera forzosa, viene una violación de derechos humanos consecuente que tiene que ver con el derecho humano al agua potable, al derecho humano al saneamiento y a la dignidad; este amparo lo que resuelve este amparo es que las autoridades tienen que entregar soluciones concretas y por otro lado ordena a la fiscalía de Oaxaca que continúe y brinde la justicia necesaria para las carpetas de investigación relacionadas con los sucesos de violencia que provocaron el desplazamiento forzado” expuso Durán.
La conferencia de prensa finalizó con las palabras de Horacio Santiago del Movimiento de Unificación Lucha Triqui Independiente, las cuales refirieron que el hecho de que la autoridad del estado mexicano haya impugnado un no a la resolución, más bien se vería reflejada la voluntad que existe por parte del estado mexicano con las victimas.