El Colectivo Periódico Universal llevó a cabo una conferencia de prensa en donde el tema principal fue el reconocimiento del Gobierno Mexicano ante la ONU en los desafíos en materia de derechos humanos. Sin embargo, el Gobierno no aceptará recomendaciones en los temas de seguridad, accesos a la justicia, migración y desplazamiento interno forzado.
Redacción por Astrid Salgado / @AstridGSG
Ciudad de México, 5 de julio del 2024.- El día de hoy en el Centro Prodh, el Colectivo Periódico Universal (EPU) realizó una conferencia de prensa en donde se discutió la comparecencia del Estado Mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Mediante una sesión se respondió a las recomendaciones recibidas en el marco del EPU. En esta cuarta ocasión, se examinó la situación de los derechos humanos en el país y el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado Mexicano.
Por parte de 115 países, México recibió recomendaciones las cuales, se traducen en un balance de avances y al mismo tiempo, de grandes pendientes. Por lo que, el EPU realizó un llamado a las autoridades mexicanas para tomar acciones en el tema de derechos humanos.
Durante la conferencia se mencionó que “entre las recomendaciones aceptadas, el Estado pueda reconocer desafíos en temas como la violencia contra mujeres y niñas; desapariciones forzadas; migración y desplazamiento forzado interno; la igualdad de género; independencia judicial; tortura; combate a la impunidad; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; empresas y derechos humanos; garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes; personas LGBTIQ+, con discapacidad, privadas de la libertad, periodistas y defensoras de derechos humanos”
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Las recomendaciones que fueron otorgadas al Estado no fueron aceptadas aquellas relacionadas con temas que actualmente, se encuentran en la discusión pública: justicia, seguridad, migración y desplazamiento forzado interno.
En lo que destacaron, la eliminación de las figuras de prisión preventiva, oficiosa y de arraigo: con la aprobación de una ley en materia de desplazamiento forzado interno y la modificación de la Ley de Migración para eliminar disposiciones que permitan la detención administrativa de personas migrantes.
Al igual que adoptar medidas para la prevención y eliminación del uso excesivo de fuerza por agentes de seguridad, así mismo, en relación con la militarización de la seguridad pública y el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, establecer mecanismos civiles externos para la rendición de cuentas de los agentes militares en este contexto y la investigación de los casos de vigilancia de la población civil por las fuerzas de orden.
El EPU destacó que, el Estado mexicano al no aceptar estas recomendaciones, su postura contrastará con sus obligaciones internacionales en cuestión de derechos humanos y con la perspectiva de la comunidad internacional expresada en las mismas.
“Mientras que, por primera vez en este mecanismo, los Estados emitieron recomendaciones sobre la militarización en el país, en su respuesta México sostuvo afirmaciones que no se sostienen con la realidad nacional y con la documentación e investigación de varias organizaciones de la sociedad civil, al afirmar que la Guardia Nacional (GN) se ha consolidado “siempre bajo el mando de una autoridad civil”. Mencionaron en la conferencia.
Enunciaron que, el titular de Ejecutivo presentó de nueva cuenta una iniciativa de reforma para adscribir a la GN, a la Secretaría de la Defensa Nacional y suprimir los candidatos democráticos de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y en otras áreas de la vida pública.
“De la misma forma, pese a aseverar que “en México no se espía ni se vigila a nadie”, se han revelado evidencias contundentes sobre actos de vigilancia ilegal por autoridades de investigación y el Ejército incluso durante la actual administración, contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas.” Destacaron en la conferencia.
Durante la conferencia se afirmó que, el rechazo a las recomendaciones sobre el arraigo y prisión preventiva oficiosa da cuenta de la posición que ha tenido la actual administración buscando ampliar esta última figura.
El EPU realizó un llamado a monitorear las recomendaciones aceptadas por México y dar seguimiento aquellas que no fueron asumidas, a efecto que sean parte de los diálogos y consultas bilaterales que sostengan acciones de cooperación, ratificando que el rol de la comunidad internacional en México es clave para acompañar la labor de la sociedad civil en materia de derechos humanos y principalmente en denuncias de las víctimas.