El Congreso de la CDMX, aprobó un dictamen para incrementa sanción al robo de autopartes con penas de tres a siete años de prisión a los infractores.
Por Redacción/@Somoselmedio
A fin de incrementar las sanciones al robo de autopartes y contribuir a disminuir este delito en la Ciudad de México, el pleno del Congreso de la CDMX, aprobó un dictamen para derogar la fracción VI del inciso A y adicionar el inciso E del artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, y así establecer penas de tres a siete años de prisión a los infractores.
Por parte de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA) indicó que esta iniciativa fue propuesta por el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza (PRI), con la finalidad de ayudar a evitar la reincidencia en este delito y dotar de mayores elementos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a las personas juzgadoras para desahogar los procedimientos penales.
“Este dictamen busca que se incremente el agravante de la pena de robo de partes de vehículos automotores, de tres a siete años de prisión; ya que con esta medida se busca equilibrar la sanción por la conducta desplegada por el infractor, así como por el bien jurídico afectado, con el objetivo de que disminuya el número de casos de este delito en la Ciudad de México”, explicó el legislador.
En este sentido, el diputado Rivero Villaseñor informó que el robo de autopartes es uno de los cinco delitos que más se registran en la capital, y que durante 2021 se presentaron un total de 19 mil 880 denuncias relacionadas con este ilícito.
“Se busca disminuir el índice delictivo en la Ciudad de México, así como prevenir la realización de este delito. Ayudará a brindar una mejor impartición de justicia para las y los capitalinos que se ven afectados por el acto delictuoso en comento”, explicó el congresista, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
En contra del dictamen, el diputado Royfid Torres González (Asociación Parlamentaria Ciudadana) argumentó que el incrementar las penas contra un delito no contribuye a disminuirlo, sino sólo a aumentar la población de los centros de readaptación y a criminalizar la pobreza.