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El Frayba exige cese de criminalización judicial contra defensores indígenas

Manifestación cese a la criminalización judicial en contra de defensores de pueblos originarios en Chiapas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) emitió un comunicado en el que demandó el cese de la criminalización judicial contra José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), así como Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez, defensores de los derechos de los pueblos originarios, quienes llevan detenidos tres años.

Por Astrid Salgado / @AstridGSG 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 5 de marzo de 2024.- A través de un boletín, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas hizo un llamado al Poder Judicial de Chiapas para garantizar el cese de la criminalización judicial contra defensores de los derechos de los pueblos originarios.

En el documento, denunciaron que el proceso de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, defensores tseltales del territorio, y de José Díaz Gómez, indígena Ch’ol y BAEZLN, ha sido maliciosamente postergado y se han fabricado pruebas en su contra.

El día de hoy, 5 de marzo, se manifestaron frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado Rosa Fernanda Cerna, en representación de la Red de Resistencia y Rebeldía AJMAQ Nivel Chiapas, el activista Juan Pablo Nava Gómez, del grupo de trabajo No Estamos Todos, Dora Lilia Roblero García, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, y Jorge López, abogado del mismo centro.

El motivo de la manifestación fue “exigir el cese de la criminalización de los defensores, contra quienes sistemáticamente se han fabricado delitos, y demandar la liberación inmediata de José Díaz Gómez, preso político zapatista, y de los cinco compañeros defensores del territorio de San Juan Cancuc”.

José Díaz lleva en prisión preventiva desde el 25 de noviembre de 2022 en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 17 del municipio de Catazajá, Chiapas.

Manuel, Agustín Domínguez y Juan fueron aprehendidos por policías municipales y estatales, la Guardia Nacional y elementos del Ejército mexicano el 19 de mayo de 2022 en el municipio de Cancuc.

En el comunicado se menciona que posteriormente fueron entregados a la “Fiscalía Especializada de Justicia Indígena en San Cristóbal de Las Casas, que cometió actos de incomunicación y desaparición forzada por más de veinticuatro horas. Esta fiscalía fabricó una versión completamente distinta de la detención, alegando que los tres habían sido aprehendidos el 30 de mayo, es decir, un día después”.

“Durante su detención, se fabricaron pruebas para inculparlos de un segundo delito que no cometieron, y se solicitó una orden de aprehensión por el mismo. Tras ser liberados por el primer delito, fueron inmediatamente detenidos por la segunda carpeta de investigación fabricada y llevados directamente al CERSS No. 5”, informó el boletín.

Posteriormente, el 1 de julio de 2022, se llevó a cabo la audiencia inicial contra los tres acusados en el Juzgado de Control, en presencia de familiares de los tres detenidos y dos testigos. Mientras se encontraban afuera del CERSS, llegaron policías ministeriales y se llevaron a los dos testigos, cuyos nombres son Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, sumándolos a la lista de defensores criminalizados.

El Frayba solicitó en tres ocasiones “el cambio de medida cautelar, lo que permitiría llevar a cabo su proceso en libertad, a fin de mitigar las afectaciones a su salud y economía familiar. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa en cada ocasión”.

El boletín detalla que este “proceso ha sido un laberinto burocrático que ha prolongado su detención preventiva por casi tres años. El día de hoy se llevará a cabo la reposición del juicio oral en el Juzgado de Control y enjuiciamiento con sede en San Cristóbal de Las Casas a las 15:00 horas. Por lo que exigimos se garantice el cese a este uso indebido de la maquinaria penal en contra de los cinco defensores del territorio, a través de una sentencia que reconozca las violaciones cometidas”.

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