Se extiende la preocupación por el uso de mecanismos jurídicos con la intención de inhibir y amedrentar a periodistas coartando la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Por Verónica Rojo/ @veca_rojo
Ciudad de México, 23 de mayo del 2024.- A poco mas de 13 años de una publicación en el periódico Excélsior, un abogado emitió una demanda hacía la periodista y ex colaboradora del periódico Claudia Amelia Solera por 300 millones de pesos alegando daño moral. El pasado 6 de mayo del año en curso, se le notificó a Solera a través de dos mujeres sin identificarse formalmente, que el abogado Mario Alberto Quiroz, había emitido la demanda tras una crónica publicada en dicho periódico.
En la crónica titulada “Lanzan alerta por bufete que depreda a jubilados”, publicada el 19 de diciembre de 2010, se señalaron las estrategias con las que trabajó el bufete, para que los jubilados buscaran de sus servicios, la información fue expresada por las mismas jubiladas.
El demandante indicó que en ese tiempo Claudia Solera no contaba con cédula profesional para accionar como periodista, sin embargo, la indemnización que estableció el juez, es totalmente desproporcional y contraria a derecho, puesto que la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada indica que no debe exceder de trescientos cincuenta veces de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
México se convirtió en el país, donde un juez admite una demanda por 300 millones de pesos por una nota que publiqué hace 14 años en el periódico @Excelsior . No, el origen no es un desmentido o derecho de réplica, sino, alegar mi falta de cédula profesional en ese año. https://t.co/8YFHKBWEz1
— Claudia Solera (@SoleraClaudia) May 22, 2024
Estas demandas son conocidas como demandas estratégicas contra la participación pública, con la finalidad de silenciar aquellas criticas u opiniones que destacan hechos que son de interés para las audiencias. Afectando a nivel, laboral, psicológico y económico no solo al demandado, sino a la prensa en general, pues disminuye el interés por publicar información de algunas situaciones o en donde se involucre a algunas personas por terminar en una demanda.
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Este tipo de acciones en México ha ido incrementando, con la intención de silenciar, disminuir o atemorizar la libertad de expresión de aquellos que buscan investigar e informar sobre irregularidades y corrupción en el Estado, ya sea que estas personas sean actores privadas o del sector publico.
Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación estableció criterios de como debe entenderse el periodismo, es importante mencionar que se denomina periodista a aquella persona que se encarga de informar sobre eventos de interés público, sin la necesidad de laborar para un medio formal o tradicional sino también aquellos que ejercen su profesión de manera independiente o en medios digitales, así como que no se debe contar con algún título o cedula para ejercer.
Por otra parte, en los criterios se señala que ser periodista conlleva la obligación de investigar el tema y corroborar la información que se transmite, para que esta sea clara y verídica.