“Denunciamos afectaciones de la ley Batres”: Coordinación de Pueblos de Xochimilco

La Coordinación de Pueblos Xochimilco declaró que la Ley Batres es una afectación al suelo de conservación, también puede haber retrocesos y problemáticas si esta nueva norma es aplicada.

Texto por Jorge Yeicatl/ @Jorge_Yeicatl

Ciudad de México 13 de junio del 2024. Martí Batres presentó una iniciativa de nueva ley ambiental (Ley Batres) misma que llegó al Congreso de la Ciudad el 20 marzo del presente año y fue aprobada el 11 de junio por diputados de todos los partidos políticos y que puede ser aceptada formalmente el 13 de junio en pleno congreso.

Según la Coordinación de Pueblos de Xochimilco, la ley Batres abre la posibilidad de flexibilizar los criterios para modificar o intervenir el suelo de conservación, por otra parte la iniciativa elimina al Programa de Ordenamiento Ecológico como un instrumento de política ambiental en la ciudad, elimina la prohibición de reducir el suelo de conservación y flexibiliza la posibilidad de talar árboles en el suelo. La ley Batres planteó la existencia de un Consejo Asesor, en el que no se incluye la obligación de incluir a pueblos y barrios.

A través de un comunicado, la Coordinadora explicó que “nunca se planteó la necesidad de someter a consulta la Ley con pueblos y barrios originarios pese a que se trata de una Ley que incide en los territorios”. Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac.

La gente originaria de Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac mostraron preocupación por el capítulo “actos administrativos traducidos en permisos en permisos el cual permitió la explotación y privatización de espacios para fines turísticos y recreativos (la ley dice “económicos”) atribuidos por la Secretaría de  Medio Ambiente dentro de las áreas naturales protegidas.

Por otro lado la prohibición de la privatización del agua es una medida demagógica por tres razones:

1. Primero, estaría fuera de la competencia del gobierno de la Ciudad prohibir la privatización del agua, la cual, constitucionalmente, ya es propiedad de la nación. Una medida de ese tipo tendría que realizarse dentro de la constitución federal o a través de una nueva Ley General de Aguas.
2. Segundo, porque la Constitución de la Ciudad de México ya prohíbe la privatización de los servicios de agua potable y drenaje
3. Tercero, porque la privatización, no es el principal mecanismo con el que el sector inmobiliario, de servicios e industrial accede y acapara el agua en la ciudad.

El comunicado finalizó con la sugerencia para que el gobierno explique su entendimiento por privatización, con el fin de evidenciar también si Batres entendió que es la transferencia de propiedad pública o de la nación privada. A las y los diputados del Congreso de la Ciudad, le solicitaron rechazar la ley y abrir la discusión antes de proclamarla oficial ya que puede afectar a todos.