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Denuncian que iniciativa fast-track en Jalisco ignora resolución de la corte y excluye a familias de desaparecidos

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Foto: Mario Marlo.

La iniciativa que propone crear la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda en Jalisco ha sido aprobada de forma precipitada, sin consulta con familiares de desaparecidos, desviando la obligación de crear fiscalías especializadas autónomas. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y organizaciones de derechos humanos denuncian el incumplimiento de compromisos establecidos.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Guadalajara, Jalisco, 15 de octubre 2024.- El 14 de octubre de 2024, las comisiones legislativas del Congreso del Estado de Jalisco aprobaron el dictamen que impulsa la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda. Esta decisión se tomó sin un análisis exhaustivo ni consulta con los familiares de personas desaparecidas, un sector clave para garantizar la participación conjunta en estos procesos.

Ante esto, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) denunció que el Congreso de Jalisco ignoró los llamados al diálogo, incumpliendo con sus obligaciones legales y poniendo en riesgo el progreso en la lucha contra la desaparición de personas.

Uno de los puntos más preocupantes de esta iniciativa es que no responde a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó la creación de una Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura. En su lugar, el dictamen propone la creación de una Dirección de Investigación bajo la Vicefiscalía en Derechos Humanos, lo que, según el CEPAD, representa un retroceso en términos de autonomía y eficacia investigativa.

De igual forma, la propuesta de crear una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda tampoco contempla la dotación de autonomía real para la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, manteniéndola adscrita a la nueva Secretaría, lo que podría comprometer su independencia y su capacidad para llevar a cabo investigaciones sin interferencias externas.

El CEPAD y otras organizaciones advirtieron que la creación de esta Secretaría podría aumentar los abusos y violaciones a derechos humanos, al no resolver los problemas estructurales que enfrenta el estado. La ausencia de mecanismos que garanticen la autonomía de las instancias involucradas podría perpetuar la impunidad y la falta de justicia para las víctimas y sus familias.

En un comunicado emitido el 9 de octubre de 2024, el CEPAD subrayó la importancia de generar procesos participativos y abiertos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco y la Ley General en materia de Desaparición Forzada. Ambas normativas exigen la inclusión de las familias en los procesos de búsqueda, investigación y políticas públicas relacionadas con la desaparición de personas.

Según el CEPAD, de aprobarse esta iniciativa, los procesos actuales llevados a cabo por la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quedarían bajo el control de la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda. Esta centralización podría debilitar la capacidad de estas instituciones para operar de manera independiente y efectiva.

Es importante señalar que Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional en desapariciones desde 2019, lo que subraya la necesidad de fortalecer, no debilitar, las instancias encargadas de investigar estos crímenes. Colectivos de familiares y el CEPAD han reiterado que cualquier cambio en las instituciones debe garantizar la plena autonomía y dotar de recursos suficientes a las fiscalías especializadas.

“En este contexto, el CEPAD y las familias de desaparecidos exigen al Congreso del Estado que se detenga el proceso de aprobación de esta iniciativa hasta que se realice un análisis profundo y participativo.

“La crisis de desapariciones y violencia en Jalisco requiere soluciones integrales que respeten los derechos de las víctimas y garanticen la verdad, justicia y reparación integral.” Resaltaron.

El CEPAD denunció que la aprobación apresurada de esta iniciativa, sin acatar las resoluciones de la SCJN ni escuchar a los afectados, representa una grave omisión por parte de las y los legisladores de Jalisco. La creación de una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda sin la necesaria autonomía de las fiscalías especializadas podría significar un retroceso en la búsqueda de justicia y verdad.”

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