Ciudad de México, 27 de mayo de 2020. En una decisión que comunidades y organizaciones de la sociedad civil tacharon de “irresponsable”, los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Tuxtla Gutiérrez revocaron la suspensión provisional de las labores de construcción del Tren Maya en el tramo Palenque -Escárcega, que en favor de indígenas choles otorgó la Jueza Lucía Anaya Ruiz Esparza, Jueza Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas.
El amparo se presentó con el argumento central del peligro de contagio de COVID-19 que para la población indígena representa esa construcción y fue precisamente atendiendo a ese riesgo que la jueza otorgó la suspensión.
Los magistrados de ese Tribunal Colegiado revocaron la suspensión argumentaron que el riesgo para la comunidad Maya Ch’ol constituye un acto futuro de realización incierta. “Es decir, que para los magistrados la población tendría que estar contagiada para que la suspensión de los trabajos debiera de otorgarse, lo que llevaría al absurdo de que las medidas sanitarias preventivas, en este caso a cargo del Poder Judicial de la Federación, carecieran de sentido”, explicaron las comunidades Ch’ol de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua y la organización Indignación.
Agregaron que los magistrados afirmaron que las autoridades (fundamentalmente Fonatur) dicen que las empresas encargadas de la ejecución del Proyecto Tren Maya han observado las medidas de prevención para sus trabajadores y los pobladores de esa región consistentes en lavarse las manos con agua y jabón, cubrirse con un pañuelo, o no escupir.
“Si con eso bastara para prevenir los contagios, sería suficiente que en cualquier empresa, centro de trabajo o educativo se afirmara lo mismo para que toda la población dejara el confinamiento al que las autoridades de salubridad han inducido”, resaltaron las y los defensores del territorio, quienes señalaron la contradicción de que los magistrados trabajen de manera remota para no contagiarse pero sí desechen la medida en favor de las comunidades indígenas argumentando que no hay riesgo de contagio.
“Igualmente insostenible es el argumento de los magistrados consistente en que el Tren Maya es en sí mismo de orden público y de interés social, ya que supuestamente podría generar a la colectividad desarrollo en lo económico. Con tal argumentación lo que hacen los magistrados no es más que repetir lo que dicen las autoridades y que ha sido ampliamente contradicho por numerosas organizaciones, comunidades y académicos, además de que hacen caso omiso de que en estos momentos el mayor orden público e interés social debe de estar fincado primordialmente sobre la salud de la población”, lamentaron.
“En realidad, lo que los magistrados defienden a costa, precisamente de la salud de la población Maya Ch’ol y de otros sectores de la región, es un proyecto presidencial favorable para las empresas constructoras y para el interés de Fonatur. Lejos están los propios magistrados de resolver poniendo por delante las necesidades de los pueblos y comunidades, particularmente indígenas”, consideraron.
Las y los defensores exhortaron a Lucía Anaya Ruiz Esparza, Jueza Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, que otorgue la suspensión definitiva solicitada de los trabajos del Tren Maya, en la audiencia que debe de efectuarse el 29 de mayo.
“Son amplias las razones jurídicas y de necesidades para el bienestar y la salud de la población que existen y que han sido expuestas para que esa suspensión sea otorgada. Son las mismas razones que fueron desatendidas por los magistrados en su ilegal e irresponsable resolución en contra de la suspensión provisional y de la salud de los indígenas demás pobladores de la región”, finalizaron.
