Por lo sucedido en la Plaza Giordano Bruno, organizaciones civiles exigen acciones y transparencia ante el operativo y desalojo forzado que se llevó a cabo el pasado 5 de junio.
Por Eduardo García / @edupgrc / @Somoselmedio
Ciudad de México, 7 de junio de 2024 – La noche del miércoles 5 de junio, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y elementos armados de la Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo de desalojo forzado en la Plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Esta acción afectó a personas en contextos de movilidad (migrantes), muchas de las cuales esperaban respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para tramitar su solicitud de asilo.
Organizaciones civiles han condenado enérgicamente estos desalojos, exigiendo claridad sobre el destino de las personas migrantes y respeto absoluto a sus derechos. Piden que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomen medidas firmes.
🚨🚨Decenas de albergues, organizaciones de sociedad civil, espacios académicos y personas exigimos: ¡Ni un desalojo más de campamentos de personas migrantes en la #CDMX!
📌Espacios dignos y respeto a los derechos de las personas migrantes.#COMUNICADO 👉https://t.co/PkhImPYufH pic.twitter.com/t5HKF7y2XC
— Grupo de Monitoreo Frontera Centro (@frontera_centro) June 6, 2024
La constante lucha de las personas migrantes, junto con la falta de acción de la COMAR y la negativa del Instituto Nacional de Migración (INM) de regularizar su situación migratoria, los ha dejado viviendo en condiciones precarias durante meses. Las organizaciones denuncian que el operativo se llevó a cabo sin informar claramente a dónde serían llevadas las personas desalojadas y bajo la promesa de regularizar su situación migratoria si aceptaban ser “reubicadas”.
El operativo fue calificado como una violación múltiple de derechos humanos. Las principales quejas incluyen:
- La ausencia de intérpretes que pudieran brindar orientación adecuada.
- La falta de opciones para permanecer en la Ciudad de México o en otros espacios seguros.
- La inexistencia de un plan de acompañamiento integral para reubicaciones dignas.
- La violación del derecho a la libertad y protección del Estado de las personas solicitantes de asilo, poniéndolas en riesgo de ser devueltas a sus lugares de origen.
- El despojo de sus pertenencias, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad.
El titular del INM, Francisco Garduño, llegó a la plaza en la madrugada del 6 de junio, felicitando a los agentes por el “saldo blanco”. Sin embargo, esta acción ha sido fuertemente criticada por organizaciones civiles, que señalan que los migrantes fueron llevados a estaciones migratorias en los estados de Morelos, Hidalgo y Puebla, que mencionan: son lugares donde se han documentado malos tratos e incluso muertes.
Las organizaciones firmantes exigen:
- El cese de desalojos forzados y la creación de condiciones seguras para las personas en espera de respuesta de la COMAR.
- Información sobre las personas desalojadas y su paradero.
- Garantizar la seguridad e integridad de las personas detenidas, respetando sus derechos a la información, representación legal y comunicación.
- Acciones para promover el reconocimiento de las condiciones de las personas en movilidad y la apertura de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
- Información clara sobre los menores de edad y la documentación de la intervención de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Garantías de presupuesto para la eficiencia de la COMAR y el cumplimiento de la Ley de Refugiados.
Este incidente destaca la necesidad urgente de políticas migratorias basadas en derechos humanos y un enfoque humanitario, lejos de la intimidación y el miedo que actualmente prevalecen en las acciones del INM.
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