Por Mario Marlo/@Mariomarlo
En el marco de los 16 años de la represión ocurrida en el 28 de mayo de 2004 durante las protestas contra la III Cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea en la ciudad de Guadalajara, El Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias (ONDA) realizó la presentación del Diagnóstico Nacional sobre Detenciones Arbitrarias donde participaron organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la Coordinadora 28 de Mayo.
En el apartado de Jalisco del informe, ONDA explica que en el año 2019, los jóvenes fueron el grupo que más sufrió detenciones arbitrarias en el estado.
“El principal blando de las detenciones arbitrarias son personas jóvenes que viven en un contexto de precarización social, sin recursos económicos, acceso a la educación, empleo y se desarrollan entre violencia.”
Debido a lo anterior, ONDA detalló que la mayor preocupación de las personas jóvenes en el 2019 fue la inseguridad, el acoso sexual que generó la disminución de la movilidad de las mujeres en el espacio público, siendo los cajeros automáticos, el transporte público y el banco los lugares más inseguros.
El informe también detalla que en Jalisco las principales problemáticas identificadas por el Observatorio son: la Inseguridad con un 63%; falta de castigo a delincuentes (23.1%) y el narcotráfico (26.3%).
Debido a lo anterior, el Observatorio Nacional Contra Detenciones Arbitrarías aseguró que es la Fiscalía del Estado (FGE) y la Fuerza Única de Jalisco (FUJ), instituciones señaladas por violaciones a los derechos humanos durante sus operativos.
Durante la presentación del informe, integrantes Coordinadora 28 de mayo, recordaron las violaciones a los derechos humanos realizadas por las autoridades estatales y federales en el 2004 y denunciaron que, hasta la fecha, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Informe relativo a los hechos violentos suscitados en Guadalajara el 28 de mayo de 2004 donde señalaron la existencia de detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles y degradantes: No existe ningún culpable.
Arcadia Lara, integrante de la Coordinadora 28 de Mayo, recordó las agresiones que sufrió ella junto con sus compañeros después de participar en una marcha de la Glorieta de la Minerva a el Templo de Aranzazú donde se leería un comunicado y se realizaría una clausura con un evento cultural.
Sin embargo, la marcha no logró llegar a la calle 16 de septiembre y Juárez, ya que los contingentes fueron frenados por una valla de policías antimotines. Ese día, la policía detuvo a 118 personas, 5 menores de edad y 8 extranjeros.
“En su traslado los detenidos fueron amenazados con desaparecerlos. A los extranjeros se les llevó a las oficinas de migración y días después se les deportó obligándolos, bajo amenaza, a firmar declaraciones en blanco. A los mexicanos se les retuvo ilegalmente toda la noche en los sótanos de la Secretaría de Seguridad Pública donde fueron torturados. No se les dio alimento ni agua, se les mantuvo tumbados boca abajo con las manos en la espalda, a las mujeres se les obligó a desnudarse y hacer sentadillas, a algunas de las mujeres se les amenazó con violarlas.”
A pesar de que organizaciones nacionales e internacionales denunciaron: las detenciones arbitrarias, los tratos crueles y degradantes y la tortura. Las autoridades estatales nunca abrieron ninguna investigación, ni hubo castigo a los responsables.
En su participación, Arcadia Lara, recuerda el mensaje enviado por el entonces gobernador de Jalisco, Ramírez Acuña: “Nadie me obliga a dar ninguna respuesta a los organismos de Derechos Humanos”.
Para Arcadia, es inconcebible que actualmente los responsables de los hechos, no sólo no fueron castigados, sino que por lo contrario fueron premiados.
Francisco Ramírez Acuña, entonces gobernador de Jalisco, fue nombrado por Felipe Calderón Hinojosa, como Secretario de Gobernación. Actualmente es miembro activo del PAN.
Emilio González Márquez quien era presidente municipal de Guadalajara, heredó de Ramírez Acuña la gubernatura de Jalisco.
Luis Carlos Nájera, encargado del operativo del 28 de mayo, fue Secretario de Seguridad Pública del gobierno de Emilio González Márquez. Posteriormente en el gobierno de Aristóteles Sandoval fue Fiscal General y luego fungió como Secretario del Trabajo.
Filiberto Ortiz Amador quien entonces era subsecretario de Seguridad Pública del Estado e identificado como uno de los perpetradores de la tortura, sigue siendo Comandante de la policía.
Gerardo Octavio Solís Gómez, quien era procurador del Estado y durante este periodo (entre 2001 y 2005) acumuló más de cinco mil denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por violación de los derechos humanos, por detenciones arbitrarias, lesiones a civiles y tortura. Actualmente es el titular de la Fiscalía General de Jalisco.