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Colectivos y organizaciones exigen correcta implementación de las Leyes de Desaparición en Jalisco

Colectivos exigen la correcta implementación de acciones para las Leyes de Desaparición.

Fotografía recuperada de Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD).

Por Tonantzin Montzerrat/@Montzerrat_AT

02 de marzo del 2022, Ciudad de México.-Hoy por la tarde, mediante un comunicado el colectivo “Por amor a ellxs” en conjunto con familiares de víctimas por desaparición hicieron un llamado a las autoridades para el cumplimiento correcto de las dos Leyes de Desaparición en Jalisco, así como su compromiso de participación con familiares de las víctimas.

A un año de la aprobación de las leyes “Ley de Personas Desaparecidas” y “Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas en el estado”, las cuales fueron aprobadas a partir de la lucha constante de colectivos y familiares de las víctimas, consideran que las autoridades han presentado obstáculos que impiden su correcta aplicación.

Según el Congreso de Jalisco la ley fue aprobada el pasado 25 de febrero del 2021, y fue publicada el 5 de marzo del 2021, entrando en vigor al día siguiente 6 de marzo, las cuales representaron un logro importante para familiares, colectivos y personas que se encuentran en una lucha y búsqueda constante ya que dichas leyes abren el camino a nuevas oportunidades de búsqueda, acompañamiento y prevención de delitos como desaparición forzada y apertura para a localización de personas desaparecidas, sin embargo la falta de cumplimiento de acciones por parte de las autoridades ha mermado los procesos de búsqueda e investigación.

De acuerdo con lo establecido por La Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en conjunto con la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se deben llevar a cabo acciones específicas para la correcta investigación, sin embargo dichas autoridades presentan falta de compromiso y responsabilidad para cumplir con lo que las leyes mandan, por tal motivo las familias han presentado incumplimiento de sus necesidades así como el aumento de desapariciones y rezago de investigaciones.

Como parte de sus exigencias los colectivos y familiares de las victimas también demandan que el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Jalisco y las autoridades locales tomen un papel prioritario en el cumplimiento de las leyes, ya que forma parte del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Jalisco, quienes de acuerdo a la ley deben realizar los procesos de búsqueda, atención a víctimas, prevención, identificación forense e investigación, sin embargo hasta el momento el Comité sólo ha realizado una sesión ordinaria, cuando la ley determina que deben implementarse mínimo una reunión cada tres meses.

Entre las carencias de la correcta aplicación de las leyes, se ha detectado que no se ha emitido el reglamento interno de la Comisión de Búsqueda que regula su estructura y forma de operación, no se ha publicado el reglamento de la Ley de Personas Desaparecidas y finalmente no se ha establecido la infraestructura tecnológica para llevar a cabo registros como instrumentos de búsqueda, así como la falta de espacios para la participación de familiares, tales herramientas y acuerdos fueron determinados por las leyes aprobadas, que a pesar de ello, no han sido implementadas, lo que ha generado nula participación e indiferencia hacia las víctimas y sus familiares.

Por tales incumplimientos diversos colectivos, como “Por amor a ellxs”, “Guerreras de San Ángel”, “Huellas de Amor”, “Colectivo Luz Esperanza”, entre otros, piden tres principales acciones por parte de las autoridades, las cuales son; el cumplimiento de los artículos transitorios de ambas leyes, el acatamiento al acuerdo de la participación conjunta y por último el reforzamiento de la correcta función del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Jalisco para que logren llevar a cabo las acciones institucionales que permiten la correcta aplicación de las leyes aprobadas.

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