Por Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
Las altas expectativas que generó el triunfo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en vastos sectores de la población guerrerense, hastiada de tanto engaño, tiene ante sí un gran desafío, porque la ansiedad y la desesperación empiezan a manifestarse a lo largo y ancho del estado. El tiempo pasa y no hay más plazo para esperar, porque la pandemia, los precios altos de la canasta básica y la violencia creciente, son las amenazas que tienen en el filo de la sobrevivencia a los jefes y jefas de familia, quienes a diario salen a las calles a vender sus escasos productos para completar el gasto del día. El desfondamiento de la economía familiar está causando estragos, con impactos diferenciados en todos los sectores de la sociedad. No hay dinero que alcance ni sueldo que cubra las necesidades más apremiantes, por lo caro de los productos de primera necesidad y por los gastos extraordinarios que están realizando con la compra de medicamentos, a causa de los malestares que provoca la pandemia.
La gente se siente desamparada, no encuentra en las autoridades del estado ni municipales, respuestas inmediatas a los problemas más sentidos en los campos de la salud, alimentación, educación, vivienda y agua potable. La inoperancia y obsolescencia de los servicios públicos provoca daños severos a una población mayoritariamente desempleada, ante la ausencia de un estado garante de los derechos fundamentales. Las instituciones arrastran los vicios de la corrupción, continúan con las prácticas del desprecio e indiferencia a la población. No dan respuestas satisfactorias ni prontas. Trasladan los asuntos a otras instancias y sumergen en el laberinto burocrático a la gente que requiere atención digna y veraz. Lo que experimenta el ciudadano y la ciudadana de a pie es una frustración y enojo ante el vaciamiento de las dependencias de gobierno. No tienen recursos para operar, mucho menos manejan fondos para poner en marcha los programas.
A 100 días del nuevo gobierno de cuño morenista, no existe la tonalidad ni el color del cambio. Se constata que solo hay movimientos de funcionarios, pero no se visualizan nuevos aires al interior de las instituciones, sobre todo, en la forma de relacionarse con la población; en la manera de establecer una comunicación directa, fluida y transparente. En las respuestas eficaces y prontas a las demandas añejas. Continúan las inercias del burocratismo, la disputa interna por los cargos, la rebatinga para ubicarse en los lugares donde se manejan recursos y se tiene poder. Hay también en la nueva burocracia gubernamental el arribismo, el agandalle, la improvisación, el discurso hueco, la falta de perfil profesional y de visión para un nuevo reordenamiento institucional, así como la ausencia de una cultura de los derechos humanos.
Con el argumento de que las autoridades salientes provocaron un quebranto financiero que dejó sin reserva alguna para cubrir los gastos de operación y para darle atención primaria a los sectores sociales más desamparados, la nueva burocracia morenista lo único que propició fue encender los ánimos y el enojo, generando múltiples reacciones, que se materializaron en bloqueos de carreteras, marchas y protestas continuas en las calles y oficinas de gobierno. Los trabajadores del estado no toleraron respuestas vacuas, ni la postergación de sus pagos. Presionaron para que cubrieran los adeudos y cumplieran con la responsabilidad de salvaguardar sus derechos. Ante la avalancha de la inconformidad, los nuevos funcionarios no tuvieron más que replegarse y ceder ante los reclamos de los manifestantes. Solicitaron el apoyo del gobierno federal que es la única cobija que está cubriendo con recursos extraordinarios la deuda millonaria que se viene arrastrando por parte de otros gobiernos que esquilmaron al erario público y a los mismos trabajadores, con los recursos financieros destinados para cubrir impuestos.
Lo grave es que no hay operadores políticos capaces de atender y canalizar la multiplicidad de demandas sociales. Tampoco hay un nuevo esquema de atención efectiva que desactive el malestar y encauce con eficacia los planteamientos. No hay confianza en los titulares de las dependencias, porque perciben que les falta oficio para la toma de decisiones que son de suma trascendencia. Actúan más como apagafuegos que como representantes de un gobierno diferente, que está bien informado de los conflictos, que ubica las demandas de los diferentes sectores de la sociedad, que cuenta con un equipo capaz de procesar y buscar soluciones a temas complejos. Que tengan creatividad para trazar rutas estratégicas que direccionen los asuntos y den respuestas convincentes y certeras a los actores sociales y civiles, que también tienen propuestas, experiencia y visiones que retroalimenten soluciones de fondo.
La gente está ávida de ser escuchada y atendida, por eso busca por todos los medios acercarse a la gobernadora y solicitar una audiencia con ella. Tienen la convicción de que tendrá la sensibilidad para atender sus demandas. Su apuesta es que con el diálogo directo podrán romper con el esquema burocrático y derrumbar los muros de un sistema político que no está diseñado para establecer una comunicación horizontal, respetuosa, plural e incluyente con quienes históricamente han estado excluidos. El capital político con que cuenta la gobernadora debe cuidarlo como su mayor tesoro porque es lo que le permitirá transitar a una nueva gobernabilidad. Ella es un referente político que convoca, que une, que tiene legitimidad y presencia para impulsar un programa de transformación social. Con los presupuestos asignados para el 2022 es posible sentar las bases para implementar programas de mayor impacto, que reduzca las brechas de la desigualdad, y con aplicaciones diferenciadas, que puedan romper con la inequidad y la desigualdad social. Tiene que incorporar la perspectiva de género en la implementación de las políticas públicas porque es impostergable dignificar el trabajo de las mujeres, reconocer su aporte como agente de cambio, que produce bienes y que además es una fuerza transformadora para el nuevo Guerrero que queremos construir.
Los pueblos indígenas y afromexicano deben estar en primera fila, porque sin ellos y ellas será imposible abatir los escandalosos índices de desarrollo humano. Los abismos regionales que existen en un estado marcado por la discriminación racial y étnica seguirán profundizándose si no se atienden las demandas históricas de las comunidades rurales, que son un gran potencial para garantizar la autosuficiencia alimentaria y robustecer la riqueza natural y cultural. Estas culturas son nuestras raíces que nos dan identidad y que gracias a ellas y ellos se han escrito con sangre y mucho valor las historias de las transformaciones que se han dado en nuestro país. Tiene que crearse no solo en el papel, sino en la implementación de políticas y en la asignación de presupuesto a la Sierra de Guerrero, como la octava región del estado. También se deben crear nuevos municipios indígenas y afromexicanos que por siglos han estado sojuzgados por una clase política caciquil, que ha medrado con los recursos públicos. Es un imperativo político desbaratar las estructuras caciquiles y las prácticas corporativas, que tienen bajo control a las poblaciones indígenas y afromexicana, con líderes corruptos amafiados con caciques y grupos del crimen organizado.
Los problemas gruesos que padecemos como guerrerenses son la violencia, la inseguridad, la impunidad y la corrupción. A nivel estatal nuestro diagnóstico es que los poderes locales están coludidos con organizaciones criminales, al grado que la gobernabilidad y la seguridad de los municipios y regiones depende de los pactos que firman los ediles con los jefes de las plazas. No hay autoridades municipales que no establezcan acuerdos subrepticios para sentirse seguros en demerito de la población, que queda desamparada y relegada de la obra pública, o que simplemente tiene que pelear por mayores recursos, que son destinados para los poderes fácticos que se han enquistado en las estructuras gubernamentales. Esta realidad rebasa al mismo gobierno del estado, porque los intereses económicos son de gran escala y también la multiplicación de los grupos y actores armados se han reposicionado a lo largo y ancho del territorio guerrerense. No hay espacio que no tenga dueño y que asuma el control de la población, de la economía y del poder político. Esta telaraña de intereses macro delincuenciales es imposible de desenmarañar si no se depuran las instituciones de seguridad y de justicia. Se requiere una nueva reingeniería institucional, con controles internos muy rigurosos que garanticen que los agentes gubernamentales estarán supeditados a los mandos superiores, quienes también rendirán cuentas de sus acciones, para demostrar que no tienen compromisos fuera de sus instituciones. Se debe de implementar el servicio civil de carrera para que puedan incorporarse personas con perfil profesional y con compromiso ético, que estén más allá de intereses facciosos o que respondan solo a sus jefes políticos o sus líderes de partido.
Tiene que haber en nuestro estado inversiones de gran calado que amplíen y diversifiquen la planta productiva para que proporcionen opciones económicas y trabajos mayor remunerados a la población que se ha profesionalizado y especializado, pero que no encuentra oportunidades para desarrollar todo su potencial o intelectual y creativo. Como guerrerenses somos rehenes de cacicazgos políticos iletrados, seguimos dependiendo de los jefes que tienen el poder de mando. La población tiene que alinearse a un candidato o a un partido para que pueda ser beneficiado con algún apoyo o empleo. La clase política parásita del estado, ha sido un factor nefasto que genera clientelas políticas para su propio beneficio y no permite que la sociedad se organice de manera autónoma y libre, que sea la verdadera protagonista del cambio. Que desarrolle todo su potencial creativo y que se libere de las ataduras de quienes se obstinan en gobernar, comprando conciencias y contratando sicarios para lucrar con el poder y someter a una población indómita.
El gobierno de Evelyn debe entender que su alianza principal debe ser con los pueblos, con los ciudadanos y ciudadanas de a pie, con las mujeres trabajadoras del campo y la ciudad. Su alianza estratégica debe ser con los de abajo, porque ahí está la fuerza transformadora, liberadora y creadora de un cambio verdadero. Si le apuesta a una alianza con los grupos políticos, con las cúpulas partidarias y con la clase empresarial que siempre ha lucrado con los recursos públicos, estará equivocando el camino. Será el pueblo Guerrerense quien se encargará de señalar el camino a seguir. El nuevo gobierno no debe desaprovechar esta coyuntura ni dejar que el tiempo pase porque la gente no espera.