Este próximo 11 y 12 de octubre en la ciudad de Oaxaca, organizaciones, pueblos y ciudadanos realizaran un Juicio Popular Comunitario Contra el Estado y las Empresas Mineras. Así lo dio a conocer el Comité Organizador integrado por más de 20 organizaciones que luchan contra el despojo de los territorios en Oaxaca.
La iniciativa fue resultado del Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería” realizado en la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, el pasado mes de febrero donde participaron más de 60 comunidades y 36 organizaciones que actualmente se encuentran en resistencia contra los embates del modelo extractivista.
Los organizadores explicaron que la realización de este juicio Popular tiene el objetivo de enjuiciaran al Estado Mexicano y las empresas mineras por sus acciones, visibilizar, denunciar las violaciones de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas de Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros así como hacerle frente al modelo extractivo y exigir el respeto de los derechos de los pueblos.
Detallaron que en las últimas dos décadas en México, se han impulsando diversos “proyectos de muerte” amparados en tratados y acuerdos comerciales internacionales y una legislación que permite una violación sistemática a los derechos de pueblos y comunidades. Dentro de estos proyectos se encuentra la minería como uno de los ejes principales del modelo, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.
Lo que ha ocasionado en las comunidades y pueblos, división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de los graves impactos ambientales y a la salud comunitaria.
En el caso de Oaxaca, los organizadores explicaron que la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las que se derivan en 41 proyectos mineros. Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente.
Denunciaron que son los gobiernos federal, estatal y municipal, conjuntamente con las empresas quienes han desarrollado una serie de estrategias para presionar a los pueblos y sus autoridades municipales, agrarias y comunitarias para que acepten los trabajos de prospección, exploración y explotación minera. Dentro de estas estrategias se encuentran los programas RRAJA (antes-Fanar-Procede), Proagro (antes Procampo), programas de conservación, además de coaccionar económicamente o bajo amenazas a las autoridades locales que están en oposición.
El Comité Organizador del juicio Popular explicó que debido la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se les hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras). “Es momento de articularnos, que los pueblos den su palabra y exijan el respeto a sus derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Por tal motivo convocamos al Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca.”
