Ciudad de México, 10 de diciembre de 2016
Desde la semana pasada, una propuesta del Congreso Constituyente ha suscitado mucha polémica. La medida –que corresponde al Artículo 21, inciso C fracción 7– asienta que: “Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, serán considerados parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la ciudad.” Debido a esta, se han recabado firmas a través del sitio Change.org para rechazarla.
La propuesta no es nueva, desde hace tiempo se aplica en otras ciudades de países como España y Colombia. Se ha difundido en diversos medios de comunicación y redes sociales que atenta contra la propiedad privada: “No importa cuánto nos esforcemos por comprar un bien inmueble, todo el margen de valor que aumente con los años, comúnmente conocido como plusvalía, será propiedad y parte de la riqueza del Gobierno de la Ciudad de México, que de acuerdo a la ley propuesta, dichos recursos serán utilizados para restaurar los ecosistemas de la Ciudad, es decir, ADIOS A LA PROPIEDAD PRIVADA”.
La interpretación es sesgada al sugerir que la propuesta va en contra de la propiedad privada porque omite el criterio fundamental en el que se sustenta: la idea de que la ciudad es un bien común y compartido como los son las áreas colectivas en una unidad habitacional para los que viven ahí.
La explicación que ofrece la iniciativa a los propietarios es que, si una familia tiene su casa en determinado barrio en el que se construirá un puente o un conjunto deportivo, dichas obras incrementarán el valor catastral en el barrio, y por lo consiguiente la plusvalía de la vivienda, por lo que la familia tendría que comprender que es justo hacer un pago para contribuir al mejoramiento de su barrio, así lo entienden los habitantes en ciudades como Bogotá y Madrid, pero en la Ciudad de México tenemos una realidad muy distinta.
Se ha señalado que la medida está redactada de manera muy general, “Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización”, lo que abrió la posibilidad a las interpretaciones alejadas de su planteamiento central, y se ha mencionado que de las modalidades de recuperación de plusvalías que son diversas, se optaría por las de menor carga para los propietarios ya que las pagarían primero los desarrolladores. Y en efecto esta es la manera como aplica la figura de recuperación de plusvalías en otras ciudades, pero en México, en nuestra ciudad, el gobierno de Mancera no tiene un buen antecedente para implementar medidas de este tipo.
Lo que hemos padecido los capitalinos con este gobierno es una promoción inmobiliaria depredadora, que ha sido irregular porque en la mayoría de los casos ha modificado los usos de suelo de manera ilegal (la cantidad de permisos que se otorgaron bajo Norma 26, por ejemplo), y que continúa aún con la norma suspendida.
La urbanización de negocio del gobierno actual se caracteriza por segregar espacialmente a amplios sectores de la población como es el caso de Nuevo Polanco; privatiza el espacio público y ha buscado sacar provecho en beneficio de los privados como se puede apreciar en un nuevo emprendimiento inmobiliario proyectado en la Tercera Sección de Chapultepec.
Hace poco menos de 20 años en otras ciudades del mundo gobiernos locales junto con la presión de distintos actores como organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones vecinales, pusieron freno a las intervenciones urbanas del orden de la gentrificación, el márquetin de ciudades, el “rescate de parques industriales”, la restauración de barrios históricos, y otras formas de usufructo con el espacio urbano que en vez de promover el Derecho a la ciudad, son adversas a la historia y la identidad de los espacios urbanos y el bienestar de quienes ahí habitan desde siempre.
En esas ciudades, con ayuntamientos con mejores prácticas respecto a regulación urbana, pronto se hizo contención a dichas intervenciones que priorizan el dinero; en algunas de esas urbes aplica la recuperación de plusvalías para dar mantenimiento a los espacios públicos y con ello el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
En la ciudad gobernada por Miguel Ángel Mancera se han dejado de lado programas -de los últimos 20 años- con criterios de ordenamiento territorial que contemplaban preservación de los recursos como el agua, control de densidades habitacionales y diversificación en la urbanización, por lo que es razonable que los capitalinos tengamos todas las reservas respecto a la aplicación del impuesto por recuperación de plusvalías que propone la Constituyente.