Cuando estalló el virus mundial, el estado mexicano de Jalisco se endeudó y recibió dinero federal, pero aún así no protegió a todos los que debía. Mientras los servicios médicos no daban abasto, PODER descubrió que muchos recursos se fueron en remodelar un hospital privado, en publicitar a Jalisco como destino de inversión y hasta en pagar conductores y café.
Reportaje de: Ricardo Balderas / Poder Latam
Edición de: Eduard Martín-Borregón
El estado mexicano de Jalisco inyectó 180 millones de pesos –unos 8.7 millones de dólares* – a la restauración del hospital privado Ángel Leaño como una de las medidas de emergencia para la atención de la covid-19. El hospital es de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), otra propiedad de la familia Leaño, al igual que la universidad Unitec, múltiples complejos habitacionales y el centro comercial más lujoso del estado.
En el contrato dice expresamente que la Universidad Autónoma de Guadalajara otorga en comodato al gobierno de Jalisco las plantas baja y del nivel 1 de la Torre Hospital y el estacionamiento para que sean usadas para atender la pandemia 1. Y esas son las áreas que se remodelaron con el dinero público.
Un médico vinculado a otro hospital de la ciudad, cuyo nombre se reserva porque compañeros suyos que reportaron anomalías tuvieron represalias, explica que lo que resultó grave de esta inversión es que el hospital Leaño, hasta la fecha, no ha atendido pacientes graves de covid-19. “Me consta que no los recibían porque todos los mandaron al (hospital de) Zoquipan donde estuve yo apoyando un tiempo”, dijo
“A todos nos cayó mal la noticia porque hay hospitales, que en realidad necesitan de esa inversión”, dijo. “Un ejemplo son los hospitales civiles viejos y nuevos, en la misma situación está el Zoquipan y necesitaban más esa inversión que un hospital de origen privado que pertenece a los Leaño, lo que resulta sinceramente algo ingrato”.
Estos no son los únicos recursos que destinó el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco para atender la crisis, y que no llegaron a quienes más los han necesitado. La investigación de PODER –que hizo parte de la colaboración transfronteriza Siguiendo el dinero de la covid19, junto con la alianza Guateleaks de Guatemala, Contracorriente de Honduras, el Canal 13 Noticias de Costa Rica y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)— descubrió que otra parte de los recursos para reforzar la salud ante el nuevo riesgo del SARS CoV-2, se fue en contratar agencias de comunicación para promover campañas de otros temas, agencias de marketing digital, contratar chóferes, servicios de cafetería, almuerzos del personal. Una de las empresas contratadas tenía ya una sanción, y otra hizo parte de la campaña electoral del gobernador.
El INSABI sí llegó
El equipo periodístico comprobó también –por ley de acceso a la información pública, entrevistas y testimonios – que el gobierno de Alfaro Ramírez sí recibió al menos 97.3 millones de pesos mexicanos (4.7 millones de dólares) del nuevo programa federal de atención médica para derechohabientes del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Esto, a pesar de que el gobernador reiteró en diferentes ocasiones que Jalisco no pediría dichos recursos.
A comienzos de febrero pasado, menos de un mes antes de que el mundo se diera cuenta de la dimensión y el riesgo del virus, Alfaro se alió con otros ocho gobernadores mexicanos de oposición (de Nuevo León, Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Coahuila, Chihuahua, Michoacán y Tamaulipas), para rechazar los recursos del INSABI. Los gobernadores de partidos políticos opositores al del presidente de Andrés Manuel López Obrador aseguraban que sus entidades podían hacer frente a cualquier riesgo sanitario sin recurrir a la federación, a la que acusaban de centralista.
En discurso público, Alfaro aseguró que la entidad “había logrado defender su autonomía”. Sin embargo, la Emergencia Sanitaria obligó a ocho gobernadores a llegar a un acuerdo con el ejecutivo federal. El primero en negociar fue Jaime Rodríguez (Nuevo León), quien solicitó que el fondo de aportaciones del INSABI incrementara la cobertura en su estado de 1.2 millones de derechohabientes a 2 millones 2.
Uno tras otro, los demás estados firmaron acuerdos similares, pero el 17 de febrero, Jalisco quedó fuera definitivamente, o al menos así lo anunció Alfaro por las redes sociales, donde sostuvo que Jalisco honraría su compromiso de no adhesión al INSABI. Al fin y al cabo, su estado tiene la cuarta economía más grande del país, comparable con la de muchos países centroamericanos, con un PIB poco mayor que el de Costa Rica y el doble del de Honduras. Pero las cuentas oficiales demuestran que la crítica realidad se impuso y el estado sí recibió recursos del INSABI, aunque no lo publicó en su portal de transparencia.
Las intricadas cuentas para Salud
Además, para hacerle frente al virus y sus consecuencias, la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco adquirió un crédito con la banca privada del BBVA Bancomer por 7,500 millones de pesos (347.2 millones de dólares). 3 Parte de estos dineros fueron a alimentar la partida 4418 denominada “Ayuda para erogaciones imprevistas (pandemia de covid-19), dentro de la Unidad Presupuestal”. A esa partida, reporta el portal de transparencia de Jalisco, se asignaron 3,637 millones de pesos (175 millones de dólares), pero no aclara cuánto corresponde al recurso del programa INSABI 3.
Sin embargo, no es sencillo, seguirle la pista al dinero destinado a atender las urgentes necesidades creadas por la pandemia. Una cosa dice el portal de transparencia del estado y otra la información obtenida por PODER vía solicitud de información.
Así, Jalisco reporta en su sitio público, que destinó 1,500 millones de los 3,637 millones de pesos a programas del sector salud y sus Organismos Públicos Descentralizados. Pero en respuesta a la solicitud de información, la Secretaría de Salud de Jalisco, informa, con mayor claridad, que en realidad cuenta con 731.7 millones de pesos (unos 35 millones de dólares). Esta cifra fue confirmada a PODER por comunicación social de SSJ.
Esos 731.7 millones de pesos provinieron, según la información obtenida, de tres fuentes principales: 631.5 millones (unos 30.3 millones de dólares) transferidos por Hacienda por la partida 4418; 2.9 millones de pesos (141 mil dólares) de Multas Fiscales, y los ya mencionados, 97.3 millones de pesos (4.7 millones de dólares de ISABI). (Ver gráfico).
De la deuda que adquirieron los jaliscienses de 347.2 millones de dólares para atender la emergencia, existe claridad de que 30.3 millones de dólares se destinaron para financiar a las entidades que sostiene la SSJ, incluidos hospitales públicos y demás organismos públicos descentralizados. Además la SSJ se financió con el dinero de las multas fiscales y con los 4.7 millones de dólares que le transfirió el gobierno federal, mediante el INSABI.
La caja chica y mucho café…
¿En qué se había gastado el dinero la SSJ hasta el 30 de julio de 2020? Lo distribuyó en cuatro áreas: 343.9 millones de pesos (16.6 millones de dólares) en Organismos Públicos Descentralizados; 81.9 millones de pesos en Servicios de Administración (4 millones de dólares); 21 millones de pesos en Comunicación Social (1 millón de dólares); y 9.8 millones de pesos en el Fondo Revolvente (473 mil dólares).
PODER analizó algunos de los 718 contratos de las diversas áreas y encontró que varios, incluido el de la remodelación del hospital Leaño, están lejos de atender la prioridad del momento crítico.
El contrato más importante del Fondo Revolvente (que se suele utilizar a discreción), por ejemplo, es para Vakero Publicidad S.A. de C.V., una empresa de comunicación e impresión, que no está relacionada con la atención a la contingencia sanitaria, considerando que existe un presupuesto determinado para este tipo de contrataciones.
El Fondo contrató también a la empresa Zoom Video Comunications Inc. por 24,141 pesos, pero también contrató el mismo servicio de comunicación digital con la compañía Corporación Micrográfica de México, S.A. de C.V. y a esta le pagó 217,500 pesos (10 mil dólares).
De los diez contratos más grandes firmados por Fondo Revolvente sólo la mitad los hizo con cinco empresas, el resto fue con personas morales, por lo que realizar el seguimiento del dinero es complicado
También se encontraron facturas de pago a Starbuck’s 4, controlada por Alsea (cuestionada por dar licencias sin pago por la covid-19), por 1,556 pesos por servicios de catering. Los funcionarios de Jalisco también justificaron el gasto de 7,400 pesos (357 dólares) en tres facturas para el popular restaurante Chai de Guadalajara y el supermercado La Comercial Mexicana.
De los 44 contratos que firmó Organismos Públicos Descentralizados (OPD), el mayor fue con Insulmed. Algo esperable, pues la empresa vende ventiladores volumétricos, indispensables para que pacientes infectados graves puedan respirar. El estado compró 75 respiradores y un número indeterminado de camas para hospital por 90 millones de pesos. Sin saber cuánto se pagó exactamente por ventilador, es difícil calcular si fue un monto alto o bajo en comparación con lo que pagó México por ventiladores en los primeros meses de la pandemia. (ver nota anterior de una colaboración de CLIP sobre precios comparativos de ventiladores comparados para la pandemia).
El segundo contrato directo más grande que otorgó el área de los OPD se lo ganó Marlex HC, S. de R.L. de C.V, para vender 230 mil cubrebocas N95 por 40.6 millones de pesos, a 176 pesos (8 dólares) cada uno, lo cual está por debajo del precio pagado con dinero público por mascarillas similares compradas en la región, según lo estableció una investigación de Red Palta, de la que participó este medio.
El contrato más alto firmado por la Secretaría de Administración de la SSJ también fue con la misma Marlex.
Lo grave es que la empresa pertenece a Gabriel Escamilla Zenteno, quien fue sancionado en 2009 por la Secretaría de la Función Pública en el estado de Nuevo León, por tres años, tras participar en una Licitación Pública Nacional con la firma World LAB, S.A de C.V., que estaba suspendida. Las autoridades de Jalisco prefirieron al licitante con antecedentes en lugar de otros concursantes que no habían sido sancionados antes.
“Jalisco, entidad ideal”
Tres de las áreas de gasto, OPD Servicios de Salud, Secretaría de Administración y Coordinación de Comunicación, también contrataron a medios de comunicación. La revista Nexos firmó un contrato de publicidad por 114,000 pesos y Letra Libres otro por 132,000 para “promocionar a Jalisco como una entidad ideal en materia de inversiones pese al comportamiento económico a nivel federal”, según se lee en la factura. 5
Los pagos a estos medios estuvieron entre uno de los cuatro gastos que se aprobaron para realizar campañas de difusión entre el 17 de marzo y el 30 de abril de 2020, según lo acordado en la Comisión Administradora de Comunicación. Las fechas exactas de publicación no aparecen en los acuerdos. Otra partida de 3.3 millones de pesos también para publicidad se destinó al departamento de Crecimiento y Desarrollo Económico de la SSJ; otra más de 6 millones de pesos para la campaña “Sin incendios, Jalisco respira”; y la última, para presentar información sobre las enfermedades contraídas por el mosquito del Dengue por 500,000 pesos. Ninguna se ve claramente enfocada a informar sobre la pandemia o sobre cómo prevenirla.
A pesar de que la Dirección de Administración explicó en una carta entregada a PODER que el sector salud transita por un entorno económico desfavorable, debido a los antecedentes de las pasadas administraciones, ello no impidió al gobierno estatal firmara contratos de 4 millones de pesos cada uno (193 mil dólares), con las empresas de televisión privadas más grandes del país Televisa y TV Azteca.
En un desplegado en el sitio oficial de compras Covid de Jalisco, el gobierno explica que la Comisión Administradora de Comunicación decidió por unanimidad en qué y cómo se gastaría el recurso. “En la Comisión Administradora de Comunicación fueron aprobados los montos para llevar a cabo la campaña de Acciones para prevenir el Coronavirus por la partida presupuestal 4418”, reportan.
Indatcom S.A. de C.V 6 fue contratada por 5 millones de pesos (240 mil dólares) por la Secretaría de Administración para difundir campañas de “prevención y acciones del gobierno estatal ante la pandemia Covid-19”. Indatcom es una empresa del holding Covacha y Euzen e hizo parte del equipo de campaña del gobernador, según han documentado varios medios 7.
¿Y el dinero para Hospital Leaño en qué se fue?
Es indiscutible que el contrato más polémico es el que firmó OPD Servicios de Salud, que de sus 343.9 millones de pesos de presupuesto, destinó más de la mitad, 180 millones a restaurar el hospital Ángel Leaño, cuando, como se ha visto por los testimonios recogidos por PODER, éste no atendió pacientes graves de la covid-19.
Según el citado médico, las autoridades justificaron el gasto porque el hospital privado fungiría como auxiliar de los servicios médicos del estado, y de esa forma, podía acceder al recurso ejercido a través del OPD Servicios de Salud y del Fondo Revolvente.
Hasta ahora el hospital ha gastado 20 millones de pesos en tres contratos. El primero con Praxair México, S. De R.L. de C.V., por 16.3 millones para optimizar los espacios del edificio; el segundo con Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones S.A. de C.V., por 4.3 millones para el suministro de gases medicinales; y el tercero, por 47 mil pesos para imprimir etiquetas con código QR para los insumos médicos del hospital.
El doctor también denuncia que todos sus compañeros que ahora atienden la contingencia en el Hospital Civil o en el Hospital de Zoquipan, carecen de un seguro médico que los cubra en caso de resultar infectados por la constante exposición al virus. Además asegura que todos ellos tienen que comprar sus propios materiales para protegerse de la enfermedad.
“El personal de salud nos hemos visto sinceramente frustrados y estresados porque la respuesta del gobierno ha sido casi nula”, dice. De hecho, nosotros en nuestro hospital nos preguntamos en dónde está el material que Enrique Alfaro dice que compró por millones de pesos”.
Un grupo de 50 pacientes, que están demandando al gobierno de Jalisco, por no garantizarles que pudieran seguir con sus tratamientos para el cáncer, coinciden: “El médico es uno de los afectados”, dicen sus familiares y denuncian que son las organizaciones civiles quienes luchan por conseguir los medicamentos que el Estado de Jalisco no les ha podido otorgar.
Según explica el doctor, cuyo nombre permanece anónimo, la razón por la cual el Hospital Civil de Guadalajara ha podido ofrecer tratamientos a las personas con cáncer es porque desde hace cuatro meses está saturado con pacientes con covid-19. Incluso algunos han tenido que suspender todo tratamiento, dijo. “Suspenden su vida”.
Este equipo periodístico intentó conseguir explicaciones de los encargados de las áreas que responsables del contrato con el hospital Ángel Leaño y de los demás contratos descritos aquí. Ni la Secretaría ni el Ángel Leaño contestó a las preguntas ni en persona, ni por escrito, presentadas por este medio. La ciudadanía sigue sin respuestas de por qué si el gobierno de Jalisco endeudó al estado en 347.2 millones de dólares, recibió otros 4.7 millones del INSABI, además de otros ingresos regulares, no esté atendiendo mejor a los enfermos y protegiendo al personal médico, y proteger la vida que se supone que es la prioridad de todo gasto público ante semejante emergencia.
*Todos los cálculos están redondeados al decimal más cercano para facilitar la lectura y la conversiones a dólares toman como base una tasa de cambio de 20.70 pesos mexicanos por dólar.
Esta investigación fue realizada por una colaboración periodística entre Contracorriente (Honduras), SINART- TV Pública (Costa Rica), Guatemala Leaks (El Intercambio, Ojo Con Mi Pisto, Plaza Pública y Agencia Ocote), PODER (México) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Tuvo el apoyo especial de Free Press Unlimited.