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Estado Mexicano reprime salvajemente a más de mil migrantes que pretendían buscar refugio en el país: Centro de Dignificación Humana

A través de un video testimonial, el defensor de derechos humanos, Luis García Villagrán, integrante del Centro de Dignificación Humana, denunció que el pasado jueves 23 de enero, un contingente de más de mil personas migrantes centroamericanas, en su mayoría mujeres, niñas y niños, fueron reprimidos “salvajemente” por agentes de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y del Instituto Nacional de Migración (INM). El grupo se desplazaban del Río Suchiate a la ciudad de Tapachula por una de las carreteras principales de esta región, con el objetivo de llegar a las nuevas oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en el estado de Chiapas y así, entregar sus solicitudes de asilo y refugio, tal y como lo habían requerido las autoridades mexicanas.

Se trata de mil 118 solicitudes, advierte el defensor, a las que, el Gobierno de México respondió con “una salvaje represión en contra de mujeres y niños”.

Por Dalia Souza / @DalhiaSouza 

Fotografías: Movimiento Migrante Mesoamericano @MMMesoamericano / Video: Pueblo Sin Fronteras / @PuebloSF 

“Estábamos acompañando a la Caravana Migrante 2020 que salió hoy (jueves 23 de enero) del Río Suchiate con rumbo a Tapachula (en el estado de Chiapas). A través de las solicitudes, teníamos mil 118 solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, era un trámite que queríamos hacer legal, tal como lo dijo en su momento el Presidente, López Obrador y el canciller (Secretario de Relaciones Exteriores), Marcelo Ebrard”, puede escucharse en el video que hizo público la organización Pueblo Sin Fronteras a través de las redes sociales.

Se trata del defensor de derechos humanos, Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, quien denunció por esta vía, los actos de represión “salvaje” (como la ha calificado) por parte de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y del Instituto Nacional de Migración (INM) en contra de más de mil personas que buscan entregar sus solicitudes de refugio y asilo político ante las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) en la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas.

El contingente, integrado en su mayoría por mujeres, niñas y niños, habría salido la mañana del jueves de la zona del Río Suchiate y se desplazaba por una de las carreteras que llevan a la capital del estado sureño, cuando fueron interceptados por los agentes militares y de migración, quienes venían presuntamente acompañados de la funcionaria de la (COMAR) en Tapachula, la Lic. Alma Delia Cruz Márquez y la Lic. Paola López Roda del (INM), así lo denuncia en su video, García Villagrán:

“Hace una hora se presentaron en donde estaba la caravana, en la carretera que va del Suchiate a Tapachula, las funcionarias de la COMAR en Tapachula, la Lic. Alma Delia Cruz Márquez y la Lic. Paola López Roda del INM, junto con otro grupo que llegaron a embaucar y a engañar (al grupo de migrantes) pero, sobre todo, a mirar a los ojos a los que ya sabían que iban a ser sus víctimas”.

Como “una represión terrible y salvaje en contra de mujeres y niños” calificó las acciones cometidas por agentes de la Guardia Nacional, el Ejército y elementos del INM. Producto de las cuales, advierte, resultó gravemente herido un niño al que “los paramédicos se lo llevaron inconsciente”, refirió.

Según explica el defensor de derechos humanos, el contingente de personas migrantes, junto con organizaciones acompañantes, habrían pactado llevar mil 118 solicitudes de refugio (el 70 por ciento de ellas, perteneciente a mujeres, niñas y niños) a las nuevas oficinas de la COMAR en Tapachula:

“Hablamos con el titular de la COMAR, el Lic. Andrés Ramírez Silva, que lo que dijo fue que, la única condicionante que me dio fue que estuvieran en territorio mexicano y así estaban y qué fue lo que paso, una respuesta de represión, una salvaje represión en contra de mujeres y niños.

Tengo los mensajes de WhatsApp donde me dijo que los llevara en las nuevas oficinas de la COMAR que están en Tapachula. Esperamos y confiamos en la palabra de ellos, de ir. Lo que estaban haciendo era solicitar asilo o refugio como lo dicta el artículo 52 de la ley de migración”.

Mostrando una caja repleta de documentos y manifestando que éstas eran las mismas mil 118 solicitudes que buscaban entregar a las autoridades migratorias mexicanas, hizo responsable de los actos de represión a las autoridades mexicanas y de manera particular, a las funcionarias que se presentaron presuntamente previo a la agresión:

“Estas personas, sobre ellos va a correr la sangre de estas personas. Ellos siguieron al pie de la letra lo que les dijeron, una migración ordenada, en paz, llevábamos los documentos para que los sellaran y funcionaran a través de las leyes de la ley de refugiados, de la ley de migración. Pero la respuesta del Estado Mexicano a estas mujeres, a estos niños desprotegidos, fue una salvaje y brutal represión de parte de la cuarta transformación. De todo esto hacemos responsable a estas dos personas, así como al presidente de la república, y al canciller, porque creímos en su palabra, confiamos en su palabra”, concluyó.

Al respecto, diversas organizaciones a favor de la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en México y Centroamérica se pronunciaron también en contra y condenaron la actuación de las fuerzas militares y migratorias.

Por lo que, exigieron al Gobierno de México, “respetar los derechos humanos de las personas migrantes con necesidades de protección internacional, además de garantizarles el acceso a la justicia y al debido proceso en el procedimiento administrativo migratorio, en congruencia con una política migratoria que privilegie la seguridad humana”.

A la demanda en redes sociales, también se sumó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quienes también condenaron “todo acto de violencia contra las personas en contexto de migración” y exhortaron “a las autoridades de Seguridad Pública Federal, Estatal y Municipal, especialmente a la Guardia Nacional a evitar hechos violatorios de derechos humanos”.

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