La institución pública federal a cargo de salvaguardar el área natural protegida del Parque Nacional Cañón del Sumidero, denunció la presencia de “actos de corrupción” por parte del integrantes del Gobierno de Manuel Velasco Coello por omisión a la aplicación del estado de derecho y acuerdos favorables para dichos grupos y movimientos invasores.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) presentó 7 denuncias formales contra líderes y grupos de invasores que llegaron a incendiar la zona y luego se posicionaron de hectáreas, al iniciar una carpeta de investigación, estas se prolongaban o bien no avanzaban.
Adrián Méndez Barrera, Director de la Región Frontera Sur, Istmo y Pacifico Sur de la Conanp, presentó las denuncias en el sexenio de Manuel Velasco Coello (2012-2018) que al final no pasaban pese a evidenciar todos los delitos que se violaban, por lo que, definió a este fenómeno como un reflejo de la ingobernabilidad porque se observa que no se respeta el estado de derecho, y de la corrupción debido a que dichos grupos o movimientos están vinculados con algún nivel de gobierno.
La existencia de 7 colonias invasoras dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero, incide en la regulación de la temperatura de Tuxtla Gutiérrez y las lluvias podrían ser más torrenciales, añadieron directivos de la Conanp y el Consejo Asesor del Parque.
Por su parte, Méndez Barrera dijo que las invasiones aumentan la vulnerabilidad de las ciudades, ya que afecta directamente a la captación de agua, inundaciones torrenciales y la regulación del clima. Agregó “hoy vemos que estas invasiones provoca escasez de agua, alteran el equilibrio ecológico de las ciudades, por eso tenemos lluvias torrenciales que ya han provocado decesos, nos están asesinado indirectamente”.
Además, las invasiones han llegado a todos los rincones de la ciudad desde el Parque Nacional, la Reserva Municipal “El Zapotal”, “Mactumatzá” y la Meseta de Copoya, además de sitios cercanos al Aeropuerto Ángel Albino Corzo y los libramientos norte y sur, lo que ha hecho que está sea una problemática que afecta a la estabilidad del Parque y a las más de 1000 colonias y 700 mil personas que se encuentran bajo la regulación de dicha reserva.
Sobre esto, el director indicó que las invasiones van en contra de la ciudadanía pero si favorecen a los intereses particulares, con resultados desastrosos para el ordenamiento ecológico del territorio que lleva a tener consecuencias ambientales que provocan alteraciones en el ambiente.
“Han invadido donde han querido, sabemos que existen acuerdos con funcionarios de alto nivel, les prometen recuperar tierras, para que les operen en las elecciones y como grupos de choque” detalló.
Méndez Barrera manifestó que en el sexenio de Manuel Velasco Coello incrementaron “exponencialmente” el número de invasiones hacia las diferentes reservas federales y estatales, por lo que, pidieron se instalará una mesa de seguridad para que se actuara en la materia, pero nunca sucedió.
“Denunciamos la presencia de corrupción al interior de las instancias gubernamentales, porque favorecían desde los notarios públicos con escrituras apócrifas; personal al interior con tenencia de la tierra y a la Secretaría General de Gobierno por realizar acuerdos como la toma de casetas por parte de dichos grupos para mejorar sus ingresos” argumentó.
Invasiones políticas
En el Parque Nacional Cañón del Sumidero, se tienen invadidas al menos 47 hectáreas, por invasiones bajo los nombres: “Vida Mejor”, “Nueva Esperanza”, “Los Ángeles”, “Manuel Velasco y Ampliación Leticia Coello”, “Nueva Esperanza II” y “Las Granjas I y II”, todas ellas, acumulan un aproximado de 1050 familias que actualmente viven en dicha zona.
Federico Méndez Nataren, titular del área jurídica de la Conanp, indicó que la situación es lamentable, ya que las invasiones cometen delitos que van desde el uso de un bien perteneciente a la nación y en contra da la biodiversidad, en la modalidad de desmonte y destrucción de vegetación natural, cambio de uso de suelo e incendio.
Méndez Natarén, manifestó que desde 2003, cuando la Conanp recibe la administración del Parque Nacional Cañón del Sumidero, Lagunas de Montebello y Palenque, han tenido una problemática fuerte y constante con las invasiones, ya que el crecimiento de la mancha urbana ha hecho que dichas áreas se encuentren pegadas a casas, lo que significa una afectación directa.
Indicó que las invasiones operan en lugares presuntamente “desocupados”, pero bien se sabe desde el área jurídica que toda tierra tiene un dueño, ya sea nacional, particular o social. Sin embargo, las condiciones locales de pobreza extrema también han representado un factor al momento de no conseguir los recursos necesarios para encontrar una casa, por lo que deciden invadir.
Por tanto, desde la Conanp, se han interpuesto diversas denuncias, y otras siguen en proceso de integración con el fin de recuperar tierras en conservación, pero dijo que es innegable que el sector gubernamental local vea con resistencia el actuar jurídico ya que “es un tema donde no todos le quieren entrar”.
De las 7 invasiones en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, de las cuales se han hecho 6 denuncias, que han terminado en 5 órdenes de aprehensión a líderes de las agrupaciones, no obstante, dijo que el fin de la Conanp, no es encarcelarlos sino imponer medidas resarcitivas.
Por tanto, las personas que se ven juzgadas, tienen la posibilidad de llevar su proceso en libertad siempre y cuando realicen labores de recuperación del área de por lo menos 3 años, como es el caso particular de un programa que tiene el enfoque de realizar la construcción de una barda perimetral.
Sobre esto, las organizaciones productivas que integran el Consejo Coordinador Empresarial, hicieron un llamado urgente a las autoridades correspondientes del estado, para que actúen y apliquen la ley a las invasiones que se realizaron durante este domingo y las que se encuentran actualmente por integrantes de una organización social que en acto desafiante y ante la mirada de toda la ciudadania colocan su nombre en la entrada del despojo que están perpetrando.
“No es posible aspirar a una reactivación económica y a la consecuencia generación de empleos si no se garantiza la aplicación de las leyes que procuren siempre el estado de derecho y certeza jurídica en Chiapas” ultimaron.
Finalmente, las instancias exhortaron a la población a no dejarse engañar por líderes, ni se presa de ganchos publicitarios que indican tener lotes a bajos precios, ya que realmente son acciones que forman parte de la delincuencia, por lo que, piden primero se cerciores de la legalidad de la tierra.
Por la naturaleza
Por su parte, el Consejo Asesor del Parque Nacional Cañón del Sumidero hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que se aplique el estado de derecho sobre esta problemática que afecta desde el aumento de la temperatura, incendios torrenciales y lluvias incontrolables por el avance de la mancha urbana
Integrado por académicos y organizaciones civiles, el Consejo indicó que en lo que va del año se han registrado 6 incendios dentro del Parque, lo que ha provocado una afectación de 200 hectáreas, que en un 80 por ciento fueron provocados por la actividad humana.
El Consejo hizo un llamado respetuoso para los tres niveles de gobierno para hacer una aplicación integral del estado de derecho, con el fin de reducir consecuencias que afectan el derecho humano al medio ambiente sano y la vivienda digna.
Además, hicieron un llamado urgente, y aunque entendieron que se encuentra en un proceso de transición y de cambio de gobierno, agregaron “hay una amenaza mayor que la velocidad de la coordinación”.
En específico, Gabriela Franco, integrante del Consejo, corroboró que fue evidente el crecimiento de mancha urbana que empezó a invadir el Cañón del Sumidero en el sexenio de Manuel Velasco Coello.
“Evitamos este crecimiento, pero fue en vano, porque al principio nos reciban pero luego eran archivos muertos. No se les dio seguimiento ni alternativas de este problema (…) Las invasiones crecían en temporadas de elecciones para obtener votos, incendiaban el área para posicionarse y de ahí no salían” afirmó.
Franco indicó que acompañaron las denuncias que realizaba la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sin embargo, dijo “muchas veces no procedían, se estancaban, esperábamos que con este nuevo proceso se tenga más coordinación en la aplicación”.
En la versión municipal, Consuelo Anahí Ruiz Cruz, indicó que desde su posicionamiento, lo que realizaran es la ubicación de dueños de los predios, sin son de particulares, propiedad local, estatal o federal, con el fin de buscar el deslinde, para tomar las acciones que se tomaran tanto por la vía del diálogo como la jurídica.
Tanto las instituciones como las organizaciones indicaron que uno de los factores es que estos grupos mantienen un “padrinazgo político” que les ha ayudado a mantenerse o estancar procedimientos jurídicos, ya que en estos grupos ven núcleos de voto masivo, grupos de choque contra normalistas o bien manejo de estas familias con fines políticos.