FGR recibe con policías a las madres y padres de los 43 de Ayotzinapa

Este próximo 26 de septiembre las madres y padres de los 43 cumpliran ocho años de busqueda de justicia para sus hijos.

Por Redacción / @Somoselmedio  Fotografías Karen Castillo / @karencitatacha

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2022.- Más de 400 granaderos recibieron a los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la Fiscalía General de la República (FGR) este jueves 22 de septiembre.

Las madres y padres solicitaba una reunión con el Fiscal, Alejandro Gertz Manero, para que les explicara el avance de las investigaciones, así como la demora de la ejecución de las órdenes de aprehensión, sobre todo, de 16 militares que tienen responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas.

“Es increíble que las autoridades prioricen la fuerza policiaca al diálogo con las familias de los estudiantes desaparecidos. A pesar del dolor y la incertidumbre que les taladra el alma tienen que soportar el desprecio del Fiscal con la única ilusión de llegar a la verdad y acceder a la justicia.” Denunciaron las madres y padres.

Aun con los granaderos las madres y padres realizaron su mitin sobre una de las calles del circuito interior donde responsabilizaron al Fiscal de lo que pudiera pasar ante la presencia de la fuerza policial.

Don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, advirtió: “aquí no estamos para pelear por cosas materiales, estamos exigiendo que hagan su trabajo. Les exigimos a nuestros 43 hijos”.

No obstante, el fiscal general, Gertz Manero, en lugar de establecer un diálogo se mantuvo reacio a recibir a las madres y padres, evitando explicar la dilación de la ejecución de las más de 80 órdenes de aprehensión que ellos mismos hicieron públicas.

“Hoy podemos afirmar que la detención de Murillo Karam fue estridencia mediática. No se trató de una ruta que nos conduzca al esclarecimiento de los hechos, ni para saber la verdad y hacer justicia. Fue una estrategia política para ganar tiempo. Esa es nuestra interpretación, por eso se niega a darnos una explicación puntual”, mencionó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres de los 43.

En comunicado de prensa, las madres y padres de los 43 denunciaron que “en la protesta también dejaron en evidencia que las muestras de represión en contra de las madres y padres de familia es al estilo más rancio de los gobiernos represores. Las víctimas pagan las consecuencias del uso de la fuerza del Estado, en lugar de que les den respuestas del paradero de sus hijos y el castigo a los responsables.”

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43, dijo que las madres y padres de familia ya han conocido de manera dolorosa el verdadero rostro de este nuevo gobierno. “Se burlaron de las familias y jugaron con la esperanza. Las mismas autoridades matan los sueños de las madres para volver abrazar a sus hijos.”

Recordaremos que durante los primeros meses de este año el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer la participación directa de elementos del ejército y de la Secretaría de Marina en la desaparición de los 43 estudiantes y ocultamiento de información. Recientemente, el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa reveló que se habían liberado más de 80 órdenes de aprehensión, 20 de ellas son contra militares.

Las madres y padres en repetidas ocasiones han demandado que se investigue y se castigue a funcionarios del estado de Guerrero como Iñaki Cabrera Blanco, la ex magistrada Lambertina Galeana Marín, el secretario de seguridad pública y el mismo ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

“No puede ser posible que 43 padres, 43 madres y 43 hijos estén sufriendo por un individuo como Murillo Karam, por desviar una investigación. ¿Qué motivos tuvo para hacerlo?”” cuestionó don Emiliano Navarrete.

Todo este escenario se sintetiza con la palabra de doña Joaquina García Velázquez, madre de Martín Getzemaní Sánchez García, estudiante desaparecido, al decir que a 8 años ha habido un gran encubrimiento por parte de las autoridades hacia los perpetradores.

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