Para conocer la situación que enfrenta el país respecto al contexto de fosas clandestinas, en ZonaDocs entrevistamos a Jorge Ruiz Reyes, integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y uno de los coordinadores del informe Violencia y Terror: Hallazgos sobre fosas clandestinas en México.
En esta charla, Jorge nos explica que dichos entierros son un alarde de la impunidad y de la falta de información que prevalece dentro del sistema de procuración de justicia, pues, además de ser una práctica que busca infligir terror por quienes la cometen, ésta coexiste junto con una política de Estado que oculta información sobre violaciones graves a los derechos humanos.
Por Dalia Souza / @DalhiaSouza
Foto portada: Hector Guerrero /@mexhector
Jorge Ruiz Reyes es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Se ha especializado en derecho penal internacional y en técnicas de búsqueda de personas desaparecidas; actualmente es coordinador de la línea de investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero).
A Jorge Ruiz lo entrevistamos durante el Encuentro Internacional sobre Nuevas Tecnologías de Búsqueda Forense en la CDMX, él junto con Denisse González Núñez -coordinadora del PDH Iberoe integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas-, presentaron la ponencia: “Hallazgos de fosas clandestinas en México. ¿Cómo y para qué documentar el fenómeno?”, esto de cara a los hallazgos de la segunda edición del informe Violencia y Terror: Hallazgos sobre fosas clandestinas en México que realizaron en conjunto la Universidad Iberoamericana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y Artículo 19.
Luego de escucharlos, decidimos entrevistar a Jorge para que nos explicara, desde su análisis, cuál es la situación que enfrenta el país en materia de fosas clandestinas, crisis forense y actuación del Estado Mexicano y, especialmente, sobre la labor de clasificación, registro, transparencia y difusión de información sobre estos crímenes considerados como: “graves violaciones a los derechos humanos”.
De acuerdo con el joven investigador, tras dos ediciones del informe Violencia y Terror se puede concluir que en México: “el hallazgo de fosas clandestinas se ha convertido en un hecho recurrente y extendido en la mayoría de las entidades del país”.
Según explica, este informe -que recupera los hallazgos de fosas clandestinas registradas por la prensa, por las Fiscalías o Procuradurías estatales, así como por la Procuraduría General de la República (PGR) -hoy Fiscalía General de la República (FGR)- documentó que, al menos 24 estados de la república, han tenido hallazgos de fosas clandestinas entre 2006 y 2017:
Lo que observa la prensa es que 23 estados han tenido hallazgos de fosas clandestinas desde 2009 hasta 2016; y lo que nos reportan los estados es que han tenido hallazgos en 24 estados desde 2006 a 2017.
Por ejemplo, de 2006 a 2017 las fiscalías reportan mil 606 fosas con 2 mil 489 cuerpos exhumados en 24 entidades; mientras que, la prensa nos reporta un total 618 fosas clandestinas con mil 829 cuerpos y con 45 mil 381 restos, aunque esta cifra podría aumentar a 817 fosas con 2 mil 229 y 93 mil 296 restos o fragmentos.
Las cifras cambian por las metodologías y las formas en las que el equipo de investigadores e investigadores corroboraron y confirmaron la información proveniente de estas fuentes, señala Jorge; sin embargo, añade, “a pesar de que son números bastante altos, solo estamos documentando una fracción de un universo que mucho grande.
¿Cómo explicar el contexto de fosas frente a la crisis forense del país?
La crisis forense va de la mano… El país está rebasado en temas de identificación, no es nada más encontrar fosas clandestinas,luego viene un proceso bastante amplio. Primero es acercarte al sitio, recuperar los restos de las personas que están ahí, trasladarlos a los distintos SEMEFOS e institutos periciales de las entidades e identificarles con las distintas técnicas.
Lo que sucede en México es que no todos los estados tienen las capacidades para identificar tantos cuerpos y restos que se han localizado, ya que no hay las capacidades técnicas; por ejemplo, sistemas AM/PM(Ante-Mortem/Post-Mortem) de la Cruz Roja Internacional podrían ser útiles, pero no tienen el personal calificado para realizar estos análisis.
Estamos rebasados. También tenemos el problema de las fosas comunes, de las que sabemos que hay ciertas irregularidades. Sabemos que también se tienen que hacer programas de exhumación para las fosas comunes e identificación. Entonces, no sólo es el problema de las fosas clandestinas es el problema de las fosas comunes.
En ese sentido, Jorge Ruiz explica que en México la labor de documentar fosas clandestinas y, por supuesto, fosas comunes, representa un reto para los investigadores y periodistas que buscan conocer el panorama que rodea a estos crímenes, ya que, no existe una forma homologada de clasificación de la información en las entidades y tampoco hay voluntad del Estado para difundirla:
Documentar las fosas clandestinas por ambas fuentes es difícil, la prensa tiene sus retos y las cifras oficiales tienen sus retos. Las cifras oficiales, sobre todo es lograr que nos den la información las procuradurías, fiscalías estatales y PGR o FGR. Lo que hacemos sobre todo es hacemos solicitudes de acceso a la información preguntando por cuántas fosas se han encontrado, con cuántos cuerpos, con cuántos restos o fragmentos, en qué municipios y si hay averiguaciones previas que se hayan iniciado por los hallazgos de estas fosas clandestinas. Pero sí hemos notado problemas en cómo nos proporcionan esta información e, inclusive, situaciones donde no nos quieren proporcionar esta información.
Jorge añade que luego de una revisión empírica de la realidad, han construido dos hipótesis o supuestos que podrían ayudar a comprender por qué en México es tan difícil acceder a información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos, aún y cuando, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que toda información relacionada con estos hechos y con crímenes de lesa humanidad debe estar al alcance de quien la solicite, y, por lo tanto, no puede ser reservada.
Tenemos dos hipótesis: La primera es que los estados no han encontrado la importancia de tener un registro sobre hallazgos de fosas clandestinas; es decir, no ha habido un esfuerzo para sistematizar de manera adecuada esta información, entonces lo que creemos que puede suceder es que tienen más o menos un registro, pero no está homologado a ciertos criterios nacionales, incluso, criterios locales.
La segunda es que ha habido una política del Estado sobre no proporcionar información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, precisa Jorge:“podríamos estar hablando de ambas”; según relata, aseverar lo anterior no es fortuito y tampoco un tema de falsas impresiones, ya que, durante la realización del informe fueron testigos de esta práctica:
Sobre todo se vio en la segunda actualización de este informe, ya con la participación de Artículo 19, ellos hicieron una solicitud de información pública a la FGR y lo que sucedió fue que la FGR dijo: no les podemos proporcionar información sobre fosas clandestinas porque podrían entorpecer las investigaciones que estamos llevando a cabo por estos hechos.
Lo que Artículo 19 hizo fue meter un recurso de revisión ante el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información) y lo que el INAI hizo fue resolver a favor de la FGR diciendo: sí, efectivamente esa información no se puede publicar porque puede afectar las investigaciones. Entonces Artículo 19 tuvo que llevar el proceso hasta un juzgado para que el juzgado dijera: como es información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos, la sociedad tiene derecho a conocer qué ha sucedido y se puede entregar esa información de forma estadística. Luego de que Artículo 19 ganó el proceso, lo que ha sucedido también es que la FGR ya está obligada a entregar información sobre fosas clandestinas.
No obstante, señala Jorge, los datos que han entregado las dependencias obligadas presentan variaciones en sus propios registros y estadísticas, lo que vuelve incierta la información que se proporciona y se da a conocer públicamente; son estos juegos de incertidumbre en las cifras, no hay certeza”; por lo tanto, hablar de ambas hipótesis no resulta descabellado: “hay una política de no querer proporcionar esta información, sumado a que tampoco hay conocimientos, ni un esfuerzo sistematizado verdadero por recopilar esta información”,precisó.
¿Para qué o por qué se inhuma en México?
Jorge Ruiz expresa que las fosas clandestinas tienen que ser interpretadas como “una técnica”, no sólo por el contexto nacional de esta práctica de muerte, sino también, por la experiencia de otros países como Argentina, Chile, Centroamérica y lo sucedió en Europa con la ex Yugoslavia.
Las fosas clandestinas lo que nos demuestran son capacidades y modus operandi de los perpetradores, a diferencia de lo que pasaba en la época de los 70´s en las dictaduras del Cono Sur, pues por lo menos tenías un poco de claridad de quiénes podrían ser los posibles perpetradores, había una responsabilidad directa del Estado porque se asumía que las personas que eran desaparecidas eran opositores políticos.
Aquí, en México, es más complejo el fenómeno de la violencia porque son muchos actores los que la están cometiendo … Nosotros creemos que las fosas clandestinas cumplen ciertos roles, transmiten ciertos mensajes a través de la desaparición y de cómo se enseña el cuerpo en una fosa clandestina. Uno puede ser una forma de control territorial, de delimitación territorial; es decir, si encuentran una fosa clandestina en un municipio en una localidad, en una región, pues puede ser que el perpetrador esté marcando su territorio.
Otra, puede ser una forma de pedagogía y esta la hemos visto en la experiencia colombiana, lo que pasaba en Colombia es que las fosas clandestinas era la culminación de una serie de aprendizajes que llevaban a cabo los paramilitares sobre cómo ejercer dolor y sufrimiento en los cuerpos de las personas; entonces eran un mero instrumento pedagógico para enseñar a infligir dolor. También tienen otros mensajes como generar un estado de terror dentro de las comunidades en donde se hallan las fosas clandestinas.
Además, sentencia Jorge, en el país estos entierros clandestinos “son un alarde de la impunidad”; es decir, “puedo hacer una fosa clandestina porque sé que las capacidades de investigación e, inclusive, de identificación son muy deficientes en el país, entonces yo puedo seguir utilizando esta técnica porque no ha habido desafortunadamente determinada responsabilidad para quienes lo están cometiendo”.
¿Cuál es el papel del Estado en las inhumaciones clandestinas y cuáles son los retos que tiene el Estado en esta materia?
Las fosas clandestinas “pueden dar muchas pistas sobre la capacidad organizacional de los grupos que la están realizando”; así como de sus perpetradores, señala Jorge. Por lo tanto, teorizar sobre la posible responsabilidad que han tenido actores estatales en estas prácticas, ya sea por omisión o por acción, invita a una reflexión e, incluso, a algo más profundo respecto a otros crímenes de lesa humanidad perpetrados:
Sí, podemos también mencionar que puede haber una relación de las fosas clandestinas con graves violaciones a los derechos humanos, quizá desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura que también esto implica que haya ciertos grados de responsabilidad estatal. Si hay hallazgos de fosas clandestinas, es la culminación de una serie de violaciones graves a los derechos humanos de las personas. Ha habido, se ha documentado participación de actores estatales, no sólo en hallazgos de fosas clandestinas, y sí los ha habido y ha habido recomendaciones de actores estatales en la inhumación de cuerpos en fosas clandestinas, pero también en casos de desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales.
Por ello, el reto más importante es continuar con la implementación de la Ley General Contra la Desaparición Forzada, recordemos que la ley entró en vigor en enero del año pasado pero la implementación sigue bastante retrasada; por ejemplo, tenemos el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones, que son uno de los instrumentos más importantes que tiene la ley y que es necesario que ya se destinen los recursos suficientes y estén operando de manera adecuada; primero, para terminar de exhumar los cuerpos de personas que están inhumadas en fosas clandestinas, pero también las que están en fosas comunes, sumado a los retos que vienen después sobre identificación.
Otro de los retos en México, es que las exhumaciones en otros países inician después de que ya pasó el periodo de violencia, aquí en México siguen desapareciendo personas, siguen apareciendo fosas clandestinas y se suma al retraso que hay en los SEMEFOS o personas que hay en cosas comunes. El gobierno federal presentó este programa donde se iban a crear cinco Institutos Regionales (forenses) en donde se van a destinar más de 400 millones de pesos para empezar con las labores de identificación y reforzar capacidades regionales, además de que se van a crear cementerios forenses en diferentes regiones y también se dijo que se van a reforzar las bases de datos genéticas. Sin embargo, es necesario saber si estos 400 millones de pesos son suficientes y necesarios, sobre todo es importante que conozcamos cómo llegaron a esta cifra, a partir de cuál diagnóstico y cuáles son los retos a mediano y largo plazo.
Jorge Ruiz Reyes
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado 24 de junio el primer informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda. Luego de tres meses de haber relanzado este sistema nacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas anunció la puesta en marcha de cinco institutos regionales forensesen Veracruz, el cual integrará a los estados de Oaxaca y Chiapas; en Ciudad de México que incluirá a Morelos y Guerrero; en Coahuila que concentrará a Chihuahua, Durango y San Luis Potosí; en Nuevo León que abarcará también al estado de Tamaulipas; y finalmente, en Sonora para Baja California, Baja California Sur y Sinaloa, para su creación aseguró que se destinarán 230 millones de pesos.
Con ello, el subsecretario prometió la construcción de 15 cementerios forenses:tres de ellos en Sinaloa; tres más en Veracruz; dos en Guerrero; dos en Jalisco y en los estados de Michoacán, Colima, Baja California, Nayarit y Tamaulipas albergarán también un panteón forense. Igualemente se anunciaron una serie de acciones para llevar a cabo la homologación de los protocolos de identificación genética, así como la creación de bancos de datos. La suma de costos asciende, según advirtió en su momento Alejandro Encinas, a 410 millones de pesos para esta primera etapa; 290 millones provendrán de recursos federales y de reorientar el presupuesto del Plan Mérida y los 120 restantes corresponden a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Hasta ahora, el gobierno federal a través de la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, ha reconocido que, hasta junio del 2019, 426 fosas clandestinas han sido localizadas en el país, de las cuales han sido recuperados 551 cuerpos.