Guadalajara, Jalisco, 12 de enero 2017.- Representantes de organizaciones sociales, pobladores y comités de hijos ausentes de Temacapulín, denunciaron el despilfarro de recursos públicos que ha realizado el Gobierno Federal y el Gobierno de Jalisco a favor de contratistas que realizan estudios deficientes sobre el agua y el rescate de la transnacional Abengoa.
En conferencia de prensa, los representantes de la comunidad de Temacapulín, poblado ubicado en los Altos de Jalisco que desde hace más de 11 años está amenazado de quedar inundado por la construcción de la presa El Zapotillo, señalaron la falta de voluntad política de Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador del estado, para resolver el conflicto de la construcción de la presa, así como generar alternativas de ahorro y optimización de recursos públicos.
Como ejemplo, explicaron que de 2015 a la fecha el gobierno del estado ha transferido al Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA) y a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS-PNUMA) más de 90 millones de pesos en estudios deficientes para la toma de decisiones sostenibles, considerados por expertos de universidades como la UNAM, UDG e ITESO como carentes de los más altos estándares de calidad internacional. Esto significa que dichos estudios no generarán nueva información y que, además, pudieron haber sido realizados por especialistas mexicanos a un menor costo y en menor tiempo.
Los pobladores reprobaron los incrementos al costo del Proyecto Presa El Zapotillo–Acueducto Zapotillo León que a la fecha asciende a 20 856 millones de pesos, 43 millones de pesos en la construcción, servicios de vigilancia del predio Talicoyunque donde se pretende reubicar a la población afectada por la presa y 90 millones de pesos pagados a la UNOPS por la realización de un estudio hidrológico del río Verde.
A lo anterior, se suma el rescate que se realiza actualmente a la empresa española Abengoa, encargada de la construcción del acueducto y la presa y que se declarara en crisis en el 2014, llevado a cabo con fondos del erario público entregados por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) de Guanajuato por 100 mil millones de pesos (mdp), 604 mdp del fondo de pensiones de los trabajadores entregados por la administración estatal de Jalisco y dos millones 306 mil pesos por parte del Gobierno Federal.
“Resulta escandaloso que con fondos del erario público se intente rescatar a empresas internacionales”, denunciaron los representantes de Temacapulín.
Con esto, explicaron, confirman la intención del gobierno estatal para usar los estudios que realizan la UNOPS y el IMTA para convalidar y justificar una “política pública deficiente y plagada de ilegalidades”, así como que la cortina de la presa se construya a 105 metros de altura, lo que inundaría a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Finalmente, los convocantes rechazaron el estudio de la UNOPS y anunciaron que han decidido no establecer ningún tipo de relación con esta instancia de la ONU. Denunciaron el hostigamiento y presión psicológica al colocar tubos para el acueducto en el municipio de Cañadas de Obregón, a unos kilómetros de la comunidad de Temacapulín, a pesar de existir la suspensión definitiva de los trabajos de la presa El Zapotillo y el hecho de que la empresa Abengoa esté en banca rota.
