Alrededor de 320 personas de diferentes comunidades como el Carrizal, Filo de Caballos, Ranchito, Campo de Aviación, Los Morros, Izotepec, General de Oro Castillo y Tlaltempanapa, en su mayoría del Estado de Guerrero, se encuentran afuera de Palacio Nacional desde hace 36 días.
El éxodo de su llegada a la Ciudad de México, se debe a la ola de violencia que se vive en sus comunidades. Grupos armados del crimen organizado los han obligado, de manera constante, a abandonar sus tierras: fueron despojados de sus hogares, de sus pertenencias y de sus animales.
Crescencio Pacheco, de la comunidad de Campo de Aviación, relata que antes de venir a la capital, durante tres meses y seis días, varias comunidades se reunieron en el auditorio municipal, que ocupa la cabecera de Leonardo Bravo, en espera de una respuesta por parte del gobernador, Héctor Astudillo Flores, y del Secretario de Gobierno, Florencio Salazar, para encontrar soluciones y plantear proyectos que les permitiera retornar a sus hogares.
Los acuerdos nunca se concretaron, y ante la nula respuesta de las autoridades, decidieron moverse a la Ciudad para trabajar y proponer medidas al actual gobierno, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“De nuestro municipio salieron 1,600 personas de nueve pueblos, las demás emigraron a los Estados Unidos. Otros llegaron a ciegas a otras ciudades de México, pidiendo el apoyo de varias organizaciones para que ellos puedan sobresalir y vivir […] Somos el primer grupo de personas organizadas de desplazamiento, porque a muchos los han callado. Pero hoy nosotros hemos hecho visible un desplazamiento grande”.
Pacheco, recuerda que para trasladarse a la Ciudad de México, salieron a botear a las calles. En la caseta de Palo Blanco lo hicieron en dos ocasiones: “recabamos algo de recursos económicos para poder venirnos para acá, en carros particulares y en unos autobuses. Llegamos aquí el dia 17 de febrero entre ocho y nueve de la noche. Nos empezamos a acomodar y nos quedamos así, a campo abierto, ahorita, pues, nos tapamos con las lonas, pero casi, durante ocho días, estuvimos a la intemperie sin donde cubrirnos, no más nuestras cobijas y soportar el frío, el hambre…”
El 18 de febrero representantes de las comunidades pertenecientes a la zona de la montaña y de tierra caliente, del Estado de Guerrero, tuvieron una reunión en gobernación con el actual Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez; hasta el día de hoy, no han tenido respuestas concretas a sus peticiones.
Las propuestas que se han presentado por escrito a las autoridades federales, giran en torno a tres ejes: vivienda, educación y tierra de cultivo. Además de condiciones dignas y de seguridad en dos rutas: la ayuda humanitaria a corto plazo y la ayuda de fondo, que consiste en la seguridad que se pretende trabajar con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Alfonso Durazo.
“Planteamos a Alejandro Encinas que la ayuda humanitaria estuviese al alcance, dentro de un marco legal, dentro de nuestros derechos. Sin embargo, nos dijeron que estando a fuera de Palacio Nacional, no nos van a brindar ningún apoyo. Para que ellos empiecen a trabajar y a elaborar el plan estratégico de ayuda humanitaria, nosotros tenemos que regresar a la cabecera municipal de Leonardo Bravo y a Copalillo”.
De manera oportuna, aquí en la ciudad, han tenido el apoyo de organizaciones y sociedad civil con respecto a la alimentación; de los lugares de donde vienen, la ayuda humanitaria parece nunca llegar.
“Años atrás, de 2007 para abajo, había un sustento económico por parte de la producción de opio y de la amapola. Somos campesinos amapoleros, pero nosotros hemos denunciado al gobierno, desde 2013, que cambiábamos la maldita amapola por proyectos productivos. El gobierno nunca quiso, nunca volteó a ver la magnitud del problema que se venía. Hoy nosotros estamos pagando esas consecuencias de un gobierno rapaz, de un gobierno callado”.
Joaquina Gasparino, de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, mencionó que uno de los factores que han obligado al desplazamiento son los altos índices de secuestros y homicidios, registrados en sus comunidades: “los que salen de la casa, ya no regresan. Ya empezaron a sacar a la gente casa por casa, alrededor de nosotros, […] A unos los agarraron 3 personas, los golpearon, los amarraron, los aventaron en una camioneta y se los llevaron. Hasta ahorita no sabemos si están vivos o muertos. No sabemos de ellos.”
En el campamento ya se presentó la primera muerte debido a una convulsión, que pudo haber sido ocasionada por las condiciones de vida en las que se encuentran. Así mismo, indicaron la presencia de una persona de aproximadamente 90 años y un niño con un soplo en el corazón. Personas a las que no se les ha brindado atención médica.
A pesar de las problemáticas por las que atraviesan, las comunidades se han organizado para hacer visible el desplazamiento forzado. Situación que, en los últimos años, recrudeció a causa de la violencia por la presencia del crimen organizado.
En los próximos días se espera nuevamente una reunión con el Gobierno Federal, para hablar sobre los avances que se han trabajado a lo largo de estos 36 días.
“Nosotros entendemos de que el gobierno tiene bastantes problemas. Pero es gobierno: López Obrador ya está sentado en la silla, ya es un gobernante y debe dar respuestas concretas a los problemas que hoy están dándose”.
